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Una propuesta para humanizar el sistema penitenciario
La congresista Patricia Chirinos Venegas, del grupo parlamentario Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de las madres internas y sus hijos menores de tres años en los establecimientos penitenciarios del país. La iniciativa pretende llenar un vacío legal y garantizar que los niños que nacen o crecen en prisión lo hagan en condiciones dignas, con acceso a salud, alimentación y espacios adecuados para su desarrollo.
Actualmente, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) citados en la exposición de motivos, 136 niños y niñas vivían en cárceles peruanas durante 2024, la mayoría menores de un año. Los penales con más casos se ubican en Mujeres de Chorrillos, Trujillo y Ayacucho, donde las condiciones suelen ser precarias y no existen ambientes adecuados para la crianza.
Autorización judicial y supervisión permanente
La propuesta de Chirinos plantea que los hijos menores de tres años de mujeres privadas de libertad puedan convivir con sus madres dentro del penal, siempre que un juez especializado en familia o mixto lo autorice. Para ello, deberá comprobarse que la convivencia asegura el desarrollo integral y saludable del menor, conforme al principio del interés superior del niño, recogido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos.
La norma dispone que cada tres meses el juzgado evalúe las condiciones en las que vive el menor, verificando si se mantienen los requisitos de seguridad, salud y bienestar. Si se detectan riesgos o condiciones desfavorables, el juez podrá ordenar su salida del penal o disponer medidas de protección a través de instituciones públicas tutelares.
Cuando el niño cumpla tres años, el juez deberá autorizar su salida del establecimiento penitenciario tras una evaluación médica y psicológica, coordinando el proceso con familiares directos o, en su defecto, con entidades del Estado que garanticen su protección integral.
Adaptación de los penales y cumplimiento progresivo
El proyecto también ordena que el INPE implemente un cronograma especial para adecuar las cárceles a la nueva normativa, especialmente en los casos donde actualmente viven niños mayores de tres años junto a sus madres. La Dirección de Tratamiento Penitenciario deberá coordinar con los juzgados de familia para ejecutar estas medidas de forma progresiva y garantizar que las nuevas disposiciones se cumplan a nivel nacional.
Asimismo, la propuesta modifica el Código de Ejecución Penal (Decreto Supremo N.º 003-2021-JUS) para reforzar el principio de humanidad y dignidad en el trato hacia las internas gestantes o madres, subrayando que ellas y sus hijos “gozan de especial protección del Sistema Penitenciario”.
En defensa de los más vulnerables
La iniciativa de Chirinos busca no solo humanizar el sistema penitenciario, sino también reducir el impacto psicológico y emocional del encarcelamiento en los menores. Diversos organismos internacionales han advertido que los niños que crecen en contextos de encierro están expuestos a carencias afectivas, alimentarias y sanitarias, por lo que requieren atención prioritaria.
De aprobarse, esta ley representaría un avance significativo en materia de derechos humanos y de infancia, al establecer mecanismos judiciales y administrativos claros para proteger a los hijos de mujeres internas, garantizando que el cumplimiento de una pena no signifique la vulneración de la infancia.
Con ello, el Congreso tendría la oportunidad de marcar un precedente en favor de la dignidad humana, la equidad de género y el respeto al interés superior del niño, pilares esenciales de un Estado verdaderamente justo y humanitario.
