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El reinicio del cobro de peajes en los tramos de Villa y Punta Negra de la Panamericana Sur ha generado un nuevo enfrentamiento legal y social entre la empresa concesionaria Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). A pesar de una sentencia que ordenaba suspender el cobro por vulnerar el derecho al libre tránsito, la compañía reactivó el pago desde la medianoche del 2 de noviembre, alegando que la apelación interpuesta tiene efecto suspensivo.
Desde esa fecha, los conductores deben abonar S/ 7.50 por eje para continuar su trayecto, lo que ha despertado el rechazo de transportistas y vecinos de la zona. Muchos usuarios afirmaron no haber sido informados con anticipación y denunciaron que el restablecimiento del peaje incrementa los costos diarios de transporte y provoca mayor congestión vehicular.
En declaraciones a medios locales, varios conductores expresaron su frustración. Una usuaria que reside en el distrito de Punta Negra indicó que, debido a sus desplazamientos diarios, llega a gastar hasta S/ 30 diarios solo en peajes, mientras que otros manifestaron demoras de hasta media hora en sus traslados por la espera en las casetas de cobro.
La empresa Rutas de Lima sostuvo que su decisión se encuentra amparada por el proceso judicial en curso, asegurando que la apelación presentada ante la sentencia que suspendía el cobro detiene los efectos de la misma hasta que el tribunal superior emita una resolución definitiva. Sin embargo, expertos en derecho constitucional sostienen que dicha interpretación es cuestionable.
De acuerdo con el artículo 26 del Código Procesal Constitucional, la ejecución de una sentencia debe continuar salvo que una instancia superior disponga expresamente lo contrario, lo que implicaría que el accionar de la concesionaria carece de sustento legal. En ese sentido, Rutas de Lima estaría operando en una zona jurídica gris, según advierten constitucionalistas consultados.
La Municipalidad de Lima reaccionó de inmediato y anunció la presentación de acciones legales para restablecer el cumplimiento de la resolución judicial. En un comunicado oficial, la comuna calificó de “atropello” la reanudación del cobro y sostuvo que la medida “viola los derechos ciudadanos al libre tránsito y desconoce el principio de legalidad”. Asimismo, coordinó con la Presidencia de la República el despliegue de efectivos policiales en las zonas de peaje con el fin de garantizar el orden y evitar enfrentamientos.
El conflicto escaló aún más el 5 de noviembre, cuando el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, a cargo de la jueza Patricia Romero Medina, ordenó nuevamente la suspensión inmediata del cobro de peajes en Villa y Punta Negra, bajo apercibimiento de multas consecutivas en caso de incumplimiento. La magistrada reafirmó que la ejecución del fallo es de cumplimiento obligatorio e inimpugnable, incluso mientras la apelación siga en trámite.
El caso se ha convertido en un símbolo de la disputa entre intereses económicos y derechos ciudadanos, mientras miles de conductores esperan una resolución definitiva que determine si el cobro de peajes en la Panamericana Sur continuará o será finalmente anulado.
