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El Poder Judicial peruano experimenta un cambio trascendental con la promulgación de la Ley 32504, una normativa que marca un quiebre significativo en la situación laboral de miles de servidores judiciales. Tras años de reclamos y gestiones por parte de organizaciones de trabajadores, el Estado ha decidido incorporar a los trabajadores con contrato administrativo de servicios indeterminados del sector judicial al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, conocido popularmente como la Ley de Fomento del Empleo. Esta medida representa un reconocimiento formal a la dignidad laboral y a los derechos fundamentales de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema de justicia nacional.
Una Conquista Después de Años de Lucha
La incorporación al régimen 728 no surge de la noche a la mañana. Durante años, los trabajadores CAS indeterminados del Poder Judicial han protagonizado múltiples movilizaciones y presentado innumerables petitorios buscando equiparación de derechos con el personal permanente. Janet Tello Gilardi, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, ha calificado públicamente esta ley como «histórica», reconociendo el valor que tiene para los trabajadores judiciales. El logro se concretó gracias a la presión coordinada de federaciones de trabajadores, como la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, que mantuvieron vigente la demanda en la agenda política nacional.
¿Qué Significa el Paso al Régimen 728?
El Decreto Legislativo 728 es el marco normativo que regula las relaciones laborales de la actividad privada en Perú. Trasladarse a este régimen implica que los trabajadores judiciales ganaran acceso a beneficios laborales sustanciales que previamente les eran negados bajo la modalidad CAS. Entre los principales beneficios se encuentran la estabilidad laboral reforzada, protecciones contra el despido arbitrario, indemnizaciones por cese, derecho a sindicalización más amplia, y acceso a mecanismos de negociación colectiva. Asimismo, estos trabajadores podrán acumular tiempo de servicios para efectos de pensión y otros beneficios derivados, reconociéndose así toda su trayectoria laboral en el sector público.
Impacto Administrativo y Financiero
La implementación de la Ley 32504 requiere que el Poder Judicial realice ajustes significativos en su estructura administrativa y presupuestaria. Las autoridades judiciales deberán adecuar los sistemas de registro de personal, nóminas y cálculos de beneficios para conformarse con las disposiciones del régimen privado. Esto incluye la reestructuración de costos asociados con gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, seguros complementarios y otras prestaciones que el régimen 728 contempla. Aunque representa una erogación mayor para el Estado, esta inversión se justifica en términos de calidad del servicio judicial y estabilidad institucional.
Consideraciones Transitorias y Próximos Pasos
La ley establece disposiciones transitorias que garantizan un paso ordenado del régimen CAS al 728. Los trabajadores afectados mantienen su continuidad laboral durante el proceso de reconversión, evitando así interrupciones en sus ingresos o derechos adquiridos. Las autoridades judiciales tienen la responsabilidad de implementar estos cambios dentro de plazos específicos, asegurando que ningún trabajador quede desprotegido durante la transición. Además, se espera que el Consejo Nacional de la Magistratura y otras entidades vinculadas realicen coordinaciones para asegurar la homogeneidad de criterios en la aplicación de esta normativa.
Reflexión Final
La Ley 32504 representa más que un cambio administrativo: constituye el reconocimiento de que quienes trabajan en la administración de justicia merecen la misma protección laboral que cualquier otro trabajador. Con esta medida, Perú avanza en la construcción de un sistema de justicia más humano, equitativo y sustentable. El tiempo dirá si esta incorporación al régimen 728 se traduce en mejoras efectivas en la calidad de vida de los trabajadores judiciales y, consecuentemente, en un mejor servicio de justicia para toda la ciudadanía.
