21 de octubre de 2026

El Poder Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que propone poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y crear un nuevo organismo estatal encargado de conducir el proceso de formalización de este sector. La iniciativa contempla la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que asumiría funciones vinculadas con la autorización de actividades, la evaluación ambiental, la fiscalización y el seguimiento de la cadena de comercialización de minerales. De acuerdo con el proyecto, el REINFO concluiría el 31 de diciembre de 2026, mientras que el nuevo régimen de consolidación temporal se extendería desde el 1 de enero de 2027 hasta el 30 de junio de 2028. Al tratarse de una propuesta legislativa, su aplicación dependerá de la aprobación correspondiente. Gobierno plantea cerrar el REINFO en diciembre de 2026 Uno de los principales cambios propuestos consiste en dar por concluido el proceso de formalización minera integral mediante el REINFO al finalizar el año 2026. El objetivo es establecer un nuevo marco jurídico que permita superar las sucesivas ampliaciones de los plazos de formalización y establecer condiciones permanentes para el desarrollo de la pequeña minería y la minería artesanal. La iniciativa plantea reemplazar el esquema actual por dos modalidades: un régimen ordinario de carácter permanente y un régimen de consolidación temporal destinado a determinados operadores provenientes del REINFO. Régimen de consolidación se extendería hasta junio de 2028 El proyecto establece que las personas naturales o jurídicas que mantengan su inscripción en el REINFO al 31 de diciembre de 2026 podrán incorporarse al régimen de consolidación, siempre que cumplan las condiciones previstas en la futura ley. Este mecanismo tendría vigencia desde el 1 de enero de 2027 hasta el 30 de junio de 2028. Durante ese periodo, los operadores comprendidos en el régimen deberán completar los requisitos pendientes para avanzar hacia su incorporación al régimen ordinario. Los mineros con inscripción vigente quedarían temporalmente habilitados para continuar desarrollando actividades en las coordenadas declaradas en el registro. En cuanto a quienes tengan una inscripción suspendida, conservarían dicha condición hasta que la autoridad competente determine si corresponde levantar la suspensión, previa verificación de los requisitos aplicables. La propuesta no supone una formalización automática ni elimina las causales de exclusión. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas y respetar las restricciones aplicables a áreas naturales protegidas, patrimonio cultural y reservas indígenas. FORMAPE asumirá nuevas funciones de formalización minera Otro componente central del proyecto es la creación del FORMAPE, organismo público técnico especializado que estaría adscrito al MINEM y tendría competencia nacional sobre los regímenes ordinario y de consolidación. Entre sus funciones propuestas se encuentran otorgar acreditaciones de pequeño productor minero y productor minero artesanal, evaluar instrumentos de gestión ambiental, tramitar autorizaciones para el inicio o reinicio de actividades y administrar los registros correspondientes. Asimismo, tendría facultades de supervisión y sanción dentro del ámbito de sus competencias. El MINEM conservaría la rectoría de la política nacional para la pequeña minería y la minería artesanal, mientras que el FORMAPE asumiría la ejecución de las funciones que le sean asignadas. La transferencia de determinadas competencias se realizaría progresivamente, conforme a las disposiciones y los plazos que se establezcan. Proponen ventanilla única y trazabilidad de minerales La iniciativa también contempla la implementación de una Ventanilla Única de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, destinada a centralizar los procedimientos administrativos comprendidos en la futura legislación. De igual manera, se propone establecer una Casilla Electrónica Única para las notificaciones administrativas y un sistema nacional de información y trazabilidad que permita registrar el origen, traslado, recepción, beneficio, procesamiento y comercialización de los minerales. Estas herramientas buscarían mejorar el intercambio de información entre las entidades públicas, fortalecer la supervisión de las operaciones y dificultar el ingreso de minerales de origen ilícito a las cadenas formales de comercialización. Banco de la Nación podría brindar servicios financieros El proyecto de Ley MAPE también contempla autorizar al Banco de la Nación a abrir cuentas corrientes y de ahorro para las personas naturales y jurídicas comprendidas en los regímenes ordinario y de consolidación. Con autorización expresa de los interesados, la entidad financiera podría consultar información relacionada con su identidad, situación registral, autorizaciones y actividad económica para evaluar solicitudes de productos y servicios financieros. La propuesta busca facilitar la inclusión financiera de los pequeños mineros y mineros artesanales, promoviendo operaciones económicas más trazables y reduciendo la dependencia del efectivo. Exigirán permisos ambientales y reducción del mercurio En materia ambiental, la iniciativa establece que el inicio o reinicio de las actividades de pequeña minería y minería artesanal requerirá autorización sectorial, certificación ambiental y los demás permisos exigidos por la legislación aplicable. El proyecto plantea que los procedimientos ambientales consideren las características, la escala y los riesgos de cada operación, sin dejar de lado los estándares de protección ambiental. Asimismo, contempla la reducción progresiva del uso de mercurio y sus compuestos hasta su eliminación definitiva en las actividades de extracción, beneficio o procesamiento de oro. Las condiciones y los plazos para cumplir esta obligación serían determinados en la reglamentación correspondiente. La propuesta también prioriza la fiscalización de actividades y zonas con mayores riesgos para la salud, el ambiente y el patrimonio cultural. Incentivos para formalizar contratos de explotación El proyecto incorpora medidas orientadas a incentivar la celebración de contratos de explotación o cesión entre titulares de concesiones mineras y pequeños productores. Entre ellas, propone determinados beneficios relacionados con el pago del derecho de vigencia y las penalidades aplicables a las concesiones comprendidas en contratos que cumplan las condiciones previstas. La finalidad es promover acuerdos formales entre los titulares de derechos mineros y los operadores que desarrollan actividades en concesiones de terceros, favoreciendo su incorporación a los mecanismos legales de producción. Ejecutivo deberá reglamentar la futura ley La iniciativa contempla que, una vez publicada la eventual ley, el Poder Ejecutivo disponga de un plazo de 120 días calendario