La estrategia jurídica contratada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) al estudio estadounidense Boies Schiller Flexner LLP (BSF), durante la gestión del entonces alcalde Rafael López Aliaga, enfrenta nuevos cuestionamientos por los resultados obtenidos en tribunales extranjeros. La comuna suscribió nueve contratos con el bufete entre enero de 2024 y marzo de 2025, por un monto total de S/ 97 millones 510 mil 450, destinados a litigios internacionales relacionados con las concesiones de peajes de Lima.
La controversia volvió a cobrar relevancia tras conocerse una carta del 6 de junio de 2025, en la que la entonces procuradora municipal Evelin García Luna cuestionó la estrategia aplicada por el estudio ante la justicia de Nueva York y solicitó cambios en el equipo legal. Según su comunicación, las advertencias realizadas por la Procuraduría no fueron atendidas oportunamente. <Cite refs={[«turn506188search0″,»turn506188search3»]}/>
Nueve contratos por casi S/ 100 millones
Entre el 23 de enero de 2024 y el 13 de marzo de 2025, la Municipalidad de Lima contrató en nueve ocasiones al bufete Boies Schiller Flexner para intervenir en controversias judiciales internacionales vinculadas con las concesiones de Rutas de Lima y Lima Expresa.
El monto acumulado ascendió a S/ 97,5 millones, según la información publicada por La República. Los servicios se relacionaban con acciones legales destinadas a obtener información y cuestionar aspectos de los contratos de concesión de peajes, en un contexto de disputas entre la comuna y las empresas involucradas. <Cite refs={[«turn506188search0″,»turn506188search3»]}/>
La magnitud de la contratación generó cuestionamientos sobre la modalidad empleada, la justificación de la selección del estudio y los resultados alcanzados frente a los recursos públicos comprometidos.
La exprocuradora advirtió sobre la estrategia ante la justicia estadounidense
En la carta dirigida al estudio, Evelin García expresó su disconformidad con la estrategia aplicada en el procedimiento conocido como Discovery, tramitado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El mecanismo buscaba obtener información relacionada con la adquisición de acciones de Rutas de Lima por parte de Brookfield.
La exprocuradora sostuvo que la Municipalidad había advertido al bufete sobre problemas en el planteamiento jurídico y cuestionó que se insistiera en presentar a la comuna como parte agraviada con legitimidad para promover el procedimiento.
En su comunicación, García atribuyó al estudio la responsabilidad por el resultado desfavorable de esa solicitud y pidió reemplazar a abogados clave del equipo. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por la entonces procuradora y no constituyen, por sí mismas, una sentencia judicial sobre la responsabilidad contractual del bufete. <Cite refs={[«turn506188search0″,»turn506188search2»]}/>
El juez de Nueva York rechazó la solicitud de Discovery
Uno de los principales puntos de controversia fue la decisión del juez federal Lewis J. Liman, quien rechazó la solicitud promovida por la Municipalidad en el procedimiento de Discovery. Según la información periodística publicada, el magistrado consideró que la MML no tenía legitimidad para promover ese pedido.
La decisión respaldó el cuestionamiento central planteado por la exprocuradora: la estrategia no habría identificado correctamente quién tenía la condición jurídica necesaria para solicitar la información en Estados Unidos.
El episodio puso en discusión la pertinencia de la vía elegida, especialmente porque el objetivo era obtener documentación sobre operaciones relacionadas con Rutas de Lima y la adquisición de acciones de la concesionaria. <Cite refs={[«turn506188search0″,»turn506188search5»]}/>
La contratación también fue cuestionada por el vínculo con el representante del estudio
Otro aspecto abordado en las publicaciones periodísticas fue la relación personal entre Rafael López Aliaga y Martín de Luca, representante del estudio Boies Schiller Flexner. López Aliaga había reconocido su amistad con De Luca, circunstancia que generó cuestionamientos sobre los criterios empleados para seleccionar al bufete.
La discusión se centró en la contratación reiterada del mismo proveedor, el monto comprometido y la necesidad de acreditar que las decisiones adoptadas respondieron a razones técnicas y al interés público.
La existencia de una relación personal no demuestra por sí sola una conducta delictiva. Sin embargo, en el contexto de una contratación pública de esta magnitud, resulta relevante examinar la documentación contractual, las justificaciones administrativas y los controles aplicados.
Fiscalía investiga presuntas irregularidades en los contratos
En marzo de 2026, La República informó que el Ministerio Público investigaba presuntas irregularidades relacionadas con los contratos celebrados entre la Municipalidad de Lima y el estudio estadounidense. La investigación se originó en una denuncia que cuestionaba la contratación reiterada, la modalidad utilizada y la publicidad de la información correspondiente en el sistema de contrataciones públicas. <Cite refs={[«turn506188search4″,»turn506188search3»]}/>
La denuncia planteó posibles delitos vinculados con la contratación pública, entre ellos negociación incompatible y colusión. No obstante, estas imputaciones deben presentarse como materias de investigación y no como hechos probados.
La determinación de eventuales responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, sobre la base de los elementos de convicción que se incorporen al procedimiento y con respeto de las garantías legales.
Otros resultados desfavorables en litigios internacionales
Los cuestionamientos no se limitan al procedimiento de Discovery. En septiembre de 2026, una publicación de Perú21 informó sobre una nueva decisión desfavorable para la Municipalidad de Lima en Francia, vinculada con el litigio relacionado con la concesión de Línea Amarilla y Lima Expresa.
Según ese reporte, el tribunal de apelación de París no encontró pruebas de corrupción en los seis documentos cuya valoración cuestionaba la comuna al solicitar la anulación del laudo arbitral. La información se sumó a los cuestionamientos sobre los resultados de la estrategia jurídica internacional contratada por la gestión de López Aliaga. <Cite refs={[«turn506188search7»]}/>
Cada procedimiento, sin embargo, tiene sus propios antecedentes, pretensiones y fundamentos jurídicos. Por ello, las decisiones adversas deben examinarse individualmente, sin asumir que todos los litigios tuvieron idéntico objeto o que un resultado desfavorable demuestra automáticamente negligencia profesional.
La Municipalidad de Lima defiende el trabajo del estudio
Consultada por La República, la Municipalidad sostuvo que Boies Schiller Flexner realizó actuaciones procesales orientadas a los objetivos establecidos, aunque reconoció que se presentaron dificultades y que hubo un primer pronunciamiento judicial desfavorable.
La comuna también indicó que el proceso de Discovery permitió obtener una primera entrega de documentos en abril de 2026. Según su versión, esos documentos ayudaron a identificar determinadas transferencias financieras realizadas en fechas coincidentes con hitos del contrato de concesión.
Esta explicación representa la posición institucional de la Municipalidad y debe considerarse junto con los cuestionamientos formulados por la exprocuradora y los resultados judiciales reportados. <Cite refs={[«turn506188search0″,»turn506188search2»]}/>
El proceso quedó a cargo de la Procuraduría Ad Hoc
La Municipalidad informó que el último contrato con el estudio Boies Schiller Flexner concluyó en diciembre de 2025 y que el procedimiento de Discovery quedó posteriormente en manos de la Procuraduría Ad Hoc.
La continuidad del caso requiere evaluar qué documentos se obtuvieron, qué utilidad jurídica tienen y qué mecanismos legales pueden utilizarse para conseguir información adicional. También resulta relevante conocer qué resultados concretos se alcanzaron en relación con los objetivos que justificaron la contratación.
El balance definitivo del servicio debe considerar tanto los pronunciamientos judiciales como los productos obtenidos, los pagos realizados y las obligaciones asumidas por cada parte.
El debate sobre el uso de recursos públicos
La controversia plantea interrogantes sobre la contratación de servicios legales internacionales con fondos municipales, especialmente cuando se trata de procedimientos complejos y de alto costo.
Entre los aspectos que pueden ser objeto de fiscalización se encuentran la justificación de la modalidad de contratación, los términos de referencia, los entregables, los pagos, la evaluación del desempeño del proveedor y las decisiones adoptadas después de recibir advertencias técnicas.
La transparencia en la contratación pública exige que la documentación pertinente permita verificar cómo se tomó cada decisión y qué beneficios concretos obtuvo la entidad. La evaluación de estos elementos corresponde a los órganos de control y a las autoridades competentes, según sus atribuciones.
Conclusión
La contratación del estudio estadounidense Boies Schiller Flexner por S/ 97,5 millones durante la gestión de Rafael López Aliaga se encuentra bajo cuestionamiento debido a los resultados desfavorables reportados en litigios internacionales y a las observaciones formuladas por la exprocuradora municipal Evelin García sobre la estrategia aplicada en Nueva York.
Mientras la Municipalidad sostiene que el trabajo legal permitió obtener documentación relevante, los cuestionamientos apuntan a la pertinencia de la estrategia, la eficacia del servicio y la necesidad de esclarecer las condiciones de contratación.
El caso mantiene abierto el debate sobre la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. La determinación de eventuales responsabilidades contractuales, administrativas o penales dependerá de las evaluaciones y decisiones de las autoridades competentes.
