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Osiptel recuerda a operadoras que deben ofrecer planes pospago desde S/15 para personas con discapacidad

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recordó a las empresas operadoras —entre ellas Claro, Entel, Bitel y Movistar— su obligación de ofrecer planes pospago accesibles desde S/15 mensuales dirigidos a personas con discapacidad, tal como lo dispone la normativa vigente. Esta disposición forma parte de las políticas de inclusión digital y accesibilidad, orientadas a eliminar barreras en el acceso a servicios esenciales de comunicación. Acceso garantizado y tarifas diferenciadas Según informó Osiptel, los planes especiales deben estar registrados y disponibles para contratación en todas las operadoras del país, ofreciendo servicios móviles e internet a precios preferenciales que oscilan entre S/15 y S/39 mensuales, según la cobertura y los paquetes de datos ofrecidos.Estas opciones incluyen entre 2 GB y 27 GB de navegación, además de beneficios complementarios como el uso ilimitado de redes sociales (WhatsApp y Facebook), según el plan elegido y la región donde se contrate el servicio. Para acceder a estos planes, las personas interesadas deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), documento que acredita formalmente su condición. De esta manera, el Estado busca garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes lo requieren. Inclusión digital como política de equidad La directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel, Tatiana Piccini, destacó que la medida tiene un fin claramente social: “Esta iniciativa busca facilitar la inclusión digital de las personas con discapacidad, asegurando que puedan acceder a servicios de telecomunicaciones adaptados a sus necesidades y a precios accesibles”, explicó. En ese sentido, el organismo ha desarrollado herramientas digitales como la plataforma “Checa tu plan” (www.checatuplan.pe), donde los usuarios pueden comparar tarifas, servicios y beneficios de todas las empresas operadoras antes de decidir qué plan contratar.El sistema muestra de manera clara y actualizada los precios registrados por las operadoras en el Sistema de Información y Registro de Tarifas (SIRT), lo que permite una transparencia real en la oferta de servicios. Atención especializada y servicios accesibles Osiptel también recordó que las Condiciones de Uso establecen derechos específicos para los usuarios con discapacidad sensorial o física. Por ejemplo, quienes tienen discapacidad visual pueden solicitar que sus recibos sean enviados en formatos accesibles, mientras que las personas con discapacidad física que no puedan realizar la verificación biométrica de huella dactilar están exoneradas de este requisito, siempre que presenten su DNI y una declaración jurada. Del mismo modo, se ha implementado un servicio de orientación telefónica accesible para personas con discapacidad auditiva, disponible los miércoles de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., previa cita virtual. Este canal permite resolver dudas sobre contratación, reclamos, suspensión de líneas o beneficios de los planes especiales. Capacitación y asistencia a nivel nacional Entre enero y setiembre de 2025, Osiptel atendió a más de 3.200 personas con discapacidad en temas relacionados con telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable. Estas atenciones se brindaron en 65 actividades presenciales realizadas en distintas regiones del país, siendo Junín, Loreto, Madre de Dios, Tumbes y Pasco las que registraron el mayor número de participantes. Durante estas jornadas, se ofreció información sobre los derechos de los usuarios, los procesos de migración o baja de servicios, y el uso de herramientas digitales como “Checa tu caso”, “Checa tu IMEI” y “Checa tus líneas”. Una medida que reduce brechas La implementación de planes especiales de bajo costo representa un paso clave hacia la equidad en la conectividad. En un contexto donde la comunicación digital se ha vuelto indispensable para la educación, el trabajo y la participación ciudadana, asegurar tarifas justas y servicios accesibles para las personas con discapacidad constituye no solo un acto de inclusión, sino una obligación legal y ética. Con esta medida, Osiptel reafirma su compromiso con un Perú más conectado e inclusivo, donde nadie quede excluido del acceso a la tecnología por razones económicas o físicas. El reto, sin embargo, recae ahora en las operadoras: cumplir y difundir activamente estos beneficios, garantizando que cada ciudadano pueda ejercer su derecho a comunicarse en igualdad de condiciones.     Noticias Relacionadas Osiptel recuerda a operadoras que deben ofrecer planes pospago octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas. La congresista Sigrid Plantean Denuncian constitucionalmente a José Jeri, Ernesto Álvarez y octubre 19, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas. La congresista Sigrid Plantean restringir pase libre de policías solo a actos octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Susel Paredes Piquer, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26271, norma que

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Plantean Denuncian constitucionalmente a José Jeri, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio por la muerte del manifestante Eduardo Ruizpase libre de policías solo a actos de servicio y emergencias

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas. La congresista Sigrid Bazán, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó una denuncia constitucional contra José Enrique Jeri Oré, actual presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República; Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros; y Vicente Tiburcio Orbezo, ministro del Interior. La medida se sustenta en su presunta responsabilidad política en la muerte del manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sanz —conocido artísticamente como Trvko— y en los actos de represión ejercidos contra civiles durante las movilizaciones del pasado 15 de octubre en Lima. Una muerte que remeció la protesta Eduardo Ruiz, de 32 años, músico urbano y vecino del distrito de San Martín de Porres, falleció tras recibir un disparo en el tórax durante una protesta nacional realizada en la Plaza Francia, en el centro histórico de Lima.De acuerdo con el Ministerio Público, Ruiz fue trasladado sin vida al Hospital Arzobispo Loayza. La jornada, que comenzó de manera pacífica, terminó con enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden cerca de la avenida Abancay, donde varios testigos reportaron el uso de armas de fuego por parte de policías vestidos de civil. Horas más tarde, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó la identificación del suboficial Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal, como autor de los disparos que provocaron la muerte del manifestante. El agente fue detenido y puesto bajo investigación por la División de Homicidios, junto con otro efectivo presuntamente implicado. La denuncia de Bazán El documento presentado por Bazán ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso imputa a los altos funcionarios una infracción de los artículos 2, 3, 39 y 44 de la Constitución Política del Perú. Estos artículos garantizan, respectivamente, el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la protesta, el deber de los funcionarios de servir a la Nación y la obligación del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Según la congresista, el Gobierno habría tolerado o promovido un uso desproporcionado de la fuerza pública, lo que compromete la responsabilidad política y constitucional de las máximas autoridades. “No se trata solo de un exceso policial, sino de un patrón de represión que debe ser investigado”, señaló Bazán en declaraciones a la prensa. Reacciones y proceso en curso La denuncia ha sido recibida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá evaluar su admisibilidad antes de ser remitida a la Comisión Permanente y eventualmente al Pleno del Congreso. De ser admitida, se abrirá una investigación política que podría derivar en la inhabilitación de los funcionarios denunciados. Por su parte, el Ejecutivo aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes cercanas al Consejo de Ministros indicaron que se ha dispuesto la revisión de los protocolos de actuación policial en manifestaciones públicas. Mientras tanto, la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos abrió una investigación preliminar por homicidio calificado contra los efectivos policiales implicados. La fiscalía ha solicitado los planes operativos, informes de intervención, la lista de agentes presentes y los videos de seguridad de la zona, además de la autopsia e historial clínico de la víctima. Un símbolo de indignación La muerte de Eduardo Ruiz ha generado consternación y protestas en distintas regiones del país. Diversos colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos han exigido justicia y transparencia en la investigación. “No puede haber impunidad cuando se pierde una vida por ejercer el derecho a protestar”, expresó una representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El caso de Ruiz se ha convertido en símbolo del debate sobre el uso de la fuerza estatal y la rendición de cuentas del poder político. En medio de un clima de desconfianza hacia las instituciones, la denuncia presentada por Bazán abre una nueva etapa de escrutinio al gobierno transitorio de José Jeri, cuyo manejo de las protestas será ahora evaluado no solo en el ámbito político, sino también en el constitucional y penal.     Noticias Relacionadas Plantean Denuncian constitucionalmente a José Jeri, Ernesto Álvarez y octubre 19, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Susel Paredes Piquer, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26271, norma que Plantean restringir pase libre de policías solo a actos octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Susel Paredes Piquer, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26271, norma que MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS. octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido,

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Plantean restringir pase libre de policías solo a actos de servicio y emergencias

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Susel Paredes Piquer, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 26271, norma que regula el derecho a pases libres y pasajes preferenciales en el transporte público urbano e interurbano. La propuesta plantea que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) solo puedan acceder al pase libre cuando se encuentren en actos de servicio, tareas de emergencia o en operativos oficiales, dejando fuera los desplazamientos personales o de descanso. De aprobarse, esta reforma redefiniría un beneficio que, según el planteamiento, ha perdido su sentido original al haberse prestado a abusos e interpretaciones erróneas. En palabras de Paredes, el objetivo no es eliminar un reconocimiento legítimo al servicio policial, sino reorientarlo hacia su propósito esencial: facilitar la labor operativa y la atención de emergencias, garantizando al mismo tiempo la equidad en el uso de los servicios públicos. Antecedentes y justificación El pase libre policial fue concebido como un mecanismo de apoyo funcional, destinado a permitir que los agentes puedan movilizarse sin obstáculos cuando la situación lo exija. Sin embargo, en los últimos años se han registrado casos en los que este beneficio habría sido empleado de manera indebida, incluso extendiéndose a familiares o en situaciones personales. Uno de los ejemplos más comentados fue el de una suboficial que exigió transporte gratuito para su familia, incidente ocurrido en 2025 que terminó en un altercado con un conductor de transporte urbano. Casos como este generaron controversia y motivaron una revisión profunda del beneficio, tanto desde el punto de vista jurídico como social. En la exposición de motivos del proyecto, la parlamentaria sostiene que “el uso indiscriminado del pase libre afecta la relación entre la ciudadanía y las fuerzas del orden, y distorsiona la finalidad pública del beneficio”. La propuesta, por tanto, busca restablecer la confianza y legitimidad del reconocimiento, alineándolo con los principios de justicia, proporcionalidad y transparencia que deben regir toda política pública. Modificaciones propuestas a la ley El proyecto plantea una modificación precisa de los artículos 1 y 2 de la Ley N.º 26271, delimitando el alcance del beneficio: El artículo 1 quedaría redactado para que el pase libre a los miembros de la Policía Nacional del Perú solo se aplique en actos de servicio, emergencias o operativos policiales oficiales. El artículo 2 incorporaría una definición explícita del “pase libre policial restringido”, excluyendo su uso durante vacaciones, descansos o desplazamientos personales. Asimismo, las disposiciones complementarias del proyecto disponen que el Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y las municipalidades provinciales y distritales adecúen, en un plazo de 60 días, sus instrumentos de control y supervisión para garantizar el cumplimiento de la nueva norma, incluyendo la creación de protocolos de resolución de conflictos. Implicancias y alcances de la medida La iniciativa no genera gastos adicionales para el Estado ni elimina el reconocimiento simbólico al rol de la policía, sino que lo adapta a los estándares contemporáneos de equidad y eficiencia. Desde una perspectiva institucional, busca evitar fricciones con transportistas, fortalecer la imagen pública de la PNP y establecer una relación de respeto mutuo entre autoridades y ciudadanos. En un país donde la seguridad ciudadana continúa siendo uno de los principales retos del Estado, garantizar la movilidad operativa de los agentes resulta fundamental. No obstante, la propuesta enfatiza que dicha facilidad no debe confundirse con un privilegio, sino entenderse como una herramienta de servicio. La clave, según sus promotores, radica en equilibrar la autoridad con la responsabilidad. Un paso hacia la transparencia en los beneficios públicos Esta reforma, de aprobarse, representaría un precedente importante en la regulación de beneficios estatales otorgados a las fuerzas del orden. Más allá de su impacto inmediato, el proyecto plantea una reflexión sobre cómo equilibrar el reconocimiento institucional con la rendición de cuentas. En un contexto donde la ciudadanía exige transparencia y trato igualitario, limitar el pase libre policial a las circunstancias estrictamente necesarias no solo responde a una exigencia legal, sino también a una demanda ética: que los beneficios públicos sean usados con responsabilidad y orientados al bien común. Así, la propuesta de la congresista Paredes no busca debilitar a la institución policial, sino fortalecer su legitimidad, recordando que el servicio público, en cualquiera de sus formas, encuentra su sentido más alto cuando se ejerce con sobriedad, justicia y vocación de servicio.     Noticias Relacionadas Plantean restringir pase libre de policías solo a actos octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido, MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS. octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido, José Jerí retrasa la formación de su gabinete y octubre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí enfrenta su primera gran prueba política:

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MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS.

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una inmobiliaria denunció que la Municipalidad de Lima y Serpar le exigían pagos adicionales por cada edificio multifamiliar construido, supuestamente para financiar el mantenimiento de parques zonales. Estas entidades amparaban el cobro en la Ordenanza 1188-MML y en decretos antiguos, pero no en la Ley 29090, que es la norma vigente para habilitaciones urbanas y edificaciones. El Indecopi determinó que dichos cargos carecían de respaldo legal, pues la normativa nacional no autoriza tributos extras para parques públicos. Además, estableció que la autonomía municipal no puede utilizarse para imponer obligaciones que contravengan leyes superiores. En consecuencia, ordenó que la Municipalidad y Serpar se abstengan de seguir aplicando esos cargos ilegítimos.     Noticias Relacionadas MUNICIPALIDAD COBRABA A INMOBILIARIAS POR MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS. octubre 16, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí enfrenta su primera gran prueba política: José Jerí retrasa la formación de su gabinete y octubre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí enfrenta su primera gran prueba política: Susel Paredes oficializa su candidatura a la Alcaldía de octubre 14, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: En medio del reacomodo político que siguió a la vacancia presidencial de Dina Boluarte, la congresista y abogada Susel Paredes anunció oficialmente

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José Jerí retrasa la formación de su gabinete y agudiza la incertidumbre política en el país

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A cuatro días de haber asumido la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí enfrenta su primera gran prueba política: la demora en la designación de su Consejo de Ministros. El joven mandatario, que prometió un “gabinete de amplia base y de reconciliación nacional”, reconoció públicamente que aún no ha logrado conformarlo y pidió una “pausa” para elegir un equipo “proactivo y técnico”. La indefinición, sin embargo, ha abierto un período de incertidumbre institucional que preocupa tanto al Congreso como a los especialistas en derecho constitucional. Un vacío de poder técnico y legal Desde el lunes, el diario oficial El Peruano publicó las resoluciones supremas que aceptan las renuncias de todos los ministros del gobierno de Boluarte, quedando el Ejecutivo, en la práctica, sin premier ni titulares de cartera. La Constitución peruana no establece un plazo estricto para la designación del nuevo gabinete, pero sí dispone que los actos presidenciales carecen de validez sin el refrendo de un ministro. En otras palabras, Jerí se encuentra temporalmente limitado para emitir decisiones con fuerza legal. El constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió que esta situación representa un riesgo serio para la gobernabilidad: “En este momento no tiene ministros, entonces no puede hacer nada, no puede tomar ninguna decisión. Es algo que tendría que solucionar hoy. No puede empezar la semana sin gabinete porque eso va a abonar a la protesta en contra de él”, explicó. Aunque el artículo 130 de la Carta Magna otorga hasta 30 días al nuevo Consejo de Ministros para solicitar el voto de confianza al Congreso, el problema inmediato es la ausencia misma del gabinete, lo que deja al Ejecutivo en un estado de parálisis política y administrativa. Intentos fallidos y resistencias políticas En su búsqueda de un primer ministro, Jerí ha enfrentado una serie de rechazos. Entre los nombres barajados estaban Raúl Pérez Reyes, exministro de Producción y voceado para la Presidencia del Consejo de Ministros, y Diego Bazán, congresista mencionado como posible ministro de Trabajo. Ambos fueron descartados luego de que el presidente anunciara que su gabinete no incluiría ni parlamentarios ni exministros de la gestión anterior. Otro de los convocados fue Jesús Salazar Nishi, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, quien finalmente declinó la propuesta. La dificultad para encontrar un premier de consenso refleja el complejo panorama de fragmentación política y la falta de cuadros con disposición a asumir el desafío en un contexto de alta volatilidad. Un anuncio que busca calmar el ambiente Durante una reunión con los alcaldes de Lima Metropolitana en Palacio de Gobierno, José Jerí aseguró que “en las próximas horas” tomará juramento al nuevo Consejo de Ministros. “Nuestro objetivo hoy es escuchar las propuestas que nos permitan tomar acciones concretas. Más tarde, cuando juramente el gabinete, tendremos esa coordinación adicional para aplicar lo que se acuerde en este diálogo”, declaró. El encuentro con los alcaldes buscó proyectar una imagen de gestión activa y de cercanía con los gobiernos locales. Jerí afirmó que su prioridad será enfrentar la inseguridad ciudadana y fortalecer la institucionalidad. “He declarado la guerra a la criminalidad y la delincuencia. Lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Para ello, necesitamos un planteamiento colectivo”, expresó ante la prensa. Expectativas y desafíos El retraso en la designación del gabinete ocurre en medio de un clima político frágil, marcado por protestas regionales y un Congreso dividido. La ausencia de ministros no solo retrasa la ejecución de políticas urgentes, sino que debilita la posición del propio presidente ante los sectores que exigen señales de liderazgo. En el plano político, Jerí insiste en que su gabinete será plural y sin cuotas partidarias, aunque el peso de Somos Perú, su organización política, es innegable. El reto será conciliar esa promesa de amplitud con la necesidad de cohesión interna. Mientras tanto, la expectativa crece. Cada hora sin ministros erosiona la imagen de control del flamante mandatario, que llegó al poder con el discurso de reconciliación y eficiencia. En un país acostumbrado a transiciones abruptas, la demora en conformar el equipo ministerial puede marcar el tono —y los límites— del gobierno de José Jerí desde su primer día. Palacio de Gobierno asegura que la juramentación se realizará “a más tardar hoy por la noche”. Sin embargo, las dudas persisten: ¿será suficiente ese anuncio para contener la incertidumbre? El reloj político ya corre en contra del nuevo presidente.     Noticias Relacionadas José Jerí retrasa la formación de su gabinete y octubre 15, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: En medio del reacomodo político que siguió a la vacancia presidencial de Dina Boluarte, la congresista y abogada Susel Paredes anunció oficialmente Susel Paredes oficializa su candidatura a la Alcaldía de octubre 13, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: En medio del reacomodo político que siguió a la vacancia presidencial de Dina Boluarte, la congresista y abogada Susel Paredes anunció oficialmente José Jerí y el desafío de un gobierno de octubre 13, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Perú vive una nueva transición política. A sus 38 años, José Jerí Zegarra asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Dina

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Susel Paredes oficializa su candidatura a la Alcaldía de Lima: “Quiero ser la primera alcaldesa Labubu del planeta”

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: En medio del reacomodo político que siguió a la vacancia presidencial de Dina Boluarte, la congresista y abogada Susel Paredes anunció oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Lima para las elecciones municipales de 2026. La noticia, que ya circulaba como rumor en los últimos meses, fue confirmada el viernes 10 de octubre durante una entrevista en el programa Curwen en La República, donde la parlamentaria declaró con espontaneidad: “Lo voy a decir, quiero ser alcaldesa de Lima. La primera alcaldesa Labubu de todo el planeta, que no habrá sido presidenta de la Apafa, pero tiene muchos sobrinos”. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria política de Paredes, quien deberá tramitar su renuncia al Congreso dentro de los plazos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para formalizar su postulación. De acuerdo con la normativa vigente, las autoridades que deseen participar en comicios municipales deben presentar su renuncia ante el concejo respectivo y remitirla a la Mesa de Partes Virtual del JNE. De las críticas al desafío electoral La confirmación de su candidatura no tardó en generar reacciones dentro del escenario político. Días antes del anuncio, la congresista fujimorista Rosángella Barbarán había ironizado sobre las aspiraciones de Paredes en una transmisión por TikTok, afirmando que su “sueño era ser presidenta” y cuestionando su vida personal. “Ni de la APAFA va a ser porque ni hijos tiene”, dijo Barbarán durante la emisión. Paredes respondió en la misma entrevista calificando esas expresiones como discriminatorias. “No tienen derecho a burlarse de una persona por su vida privada o su orientación. Esa es una forma de violencia política”, señaló. Además, negó que busque la presidencia del país, aunque admitió que, de aspirar a ello en el futuro, lo haría por elección popular y no mediante una sucesión o votación congresal. La legisladora enfatizó que su decisión de postular a la alcaldía no responde a cálculos partidarios, sino a su convicción de transformar la gestión de la capital. “Lima necesita orden, pero también empatía. Hemos tenido alcaldes con discurso de mano dura y cero sensibilidad social. Yo quiero una ciudad donde todos se sientan parte”, afirmó. Una figura visible y polémica Susel Paredes es abogada, activista por los derechos LGBTIQ+ y actual congresista de la República. A lo largo de su carrera, ha transitado por partidos de izquierda y centroizquierda, como el Partido Socialista, el Partido Morado y Primero la Gente, agrupación a la que renunció en enero de este año por diferencias internas. Conocida por su estilo frontal, ha protagonizado episodios que la han colocado en el centro de la controversia política. En marzo de 2025 votó en contra de la propuesta para declarar al Tren de Aragua como organización terrorista, argumentando que “carece de ideología política” y que el término “terrorismo” debe reservarse a movimientos con motivación ideológica. En abril, enfrentó una denuncia ante la Comisión de Ética por permitir el ingreso de mujeres transgénero a los baños femeninos del Congreso durante un foro de diversidad, defendiendo su decisión como un acto de respeto a los derechos humanos. Estas posiciones, aunque polémicas, también la han convertido en una de las voces más visibles dentro del Congreso en temas de igualdad y derechos civiles. Su apodo de “Labubu”, utilizado tanto por seguidores como detractores, se ha convertido en parte de su identidad política y mediática. El reto de Lima La candidatura de Susel Paredes llega en un contexto político fragmentado, marcado por la desconfianza ciudadana y la fatiga hacia la clase política. Su discurso apunta a una renovación ética y social en la gestión pública, con énfasis en temas como la movilidad urbana, la seguridad ciudadana y la inclusión. Sin embargo, su desafío será enorme. Competirá en una ciudad con más de 10 millones de habitantes, donde los problemas estructurales —transporte, informalidad, contaminación y criminalidad— han minado la gobernabilidad de sucesivas administraciones. Además, deberá enfrentar los prejuicios y ataques personales que ya se perfilan como parte de la campaña. Pese a ello, Susel Paredes asegura estar lista para la contienda: “No me asusta el poder, me asusta la indiferencia. Lima necesita una gestión con rostro humano, y yo quiero asumir esa tarea”. Su candidatura, que combina activismo social y discurso político, promete agitar el tablero municipal limeño. Con ella, la capital podría asistir a una contienda donde, más que los colores partidarios, se pondrá a prueba la apertura del electorado hacia una nueva forma de liderazgo político.     Noticias Relacionadas Susel Paredes oficializa su candidatura a la Alcaldía de octubre 13, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Perú vive una nueva transición política. A sus 38 años, José Jerí Zegarra asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Dina José Jerí y el desafío de un gobierno de octubre 13, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Perú vive una nueva transición política. A sus 38 años, José Jerí Zegarra asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Dina Proponen reserva automática de identidad para denunciantes de sicariato octubre 11, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República presentó un proyecto de ley que busca implementar la reserva automática de identidad para las personas que denuncien

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José Jerí y el desafío de un gobierno de “ancha base”: los primeros pasos del nuevo presidente

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Perú vive una nueva transición política. A sus 38 años, José Jerí Zegarra asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, y lo hace con la promesa de formar un gobierno de “ancha base”, capaz de tender puentes entre distintas fuerzas políticas y sociales en medio de un país fatigado por la crisis y la inseguridad. Su principal reto, sin embargo, ha sido evidente desde el inicio: la conformación de un gabinete que refleje pluralidad sin perder cohesión. Pasadas más de 48 horas desde su juramentación, el mandatario aún no ha designado a su primer Consejo de Ministros. La demora, aunque justificada por la necesidad de alcanzar consensos, empieza a generar incertidumbre en un contexto de protestas anunciadas y demandas de acción inmediata. Según fuentes del Ejecutivo, la juramentación podría concretarse “a más tardar” este lunes, aunque el hermetismo en Palacio de Gobierno alimenta las especulaciones. Desde su llegada al poder, Jerí ha buscado proyectar autoridad y control político. Su primera reunión oficial fue con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con quienes abordó estrategias conjuntas para enfrentar el crimen organizado. El encuentro, que se extendió por más de dos horas, fue interpretado como una señal de firmeza en un país donde la inseguridad ciudadana domina la agenda pública. El Ministerio del Interior se perfila, por eso, como el punto más sensible en la definición del nuevo gabinete. Entre los nombres que se barajan figuran el exministro Cluber Aliaga, militante de Somos Perú, además de Gastón Rodríguez, Marco Miyashiro y Víctor Zanabria. Cualquiera que asuma esa cartera enfrentará una presión inmediata: reducir la delincuencia sin recurrir a medidas populistas ni extralimitaciones institucionales. En paralelo, el presidente ha sostenido reuniones con representantes de su partido, Somos Perú, encabezados por Patricia Li, presidenta de la organización y figura clave en el armado político. Este sábado, el partido se reunirá para definir los cuadros técnicos que podrían integrar el Ejecutivo. Jerí insiste en que su gobierno no será “de un solo color”, aunque en los hechos la influencia de Somos Perú es innegable. El mandatario también convocó al Acuerdo Nacional, buscando abrir un espacio de diálogo entre el Estado y la sociedad civil para discutir tres ejes: seguridad, economía y garantías electorales. Sin embargo, la convocatoria generó tensiones, pues —según trascendió— fue anunciada sin previo consenso con el propio foro. Algunos miembros del AN expresaron su malestar por lo que consideraron una maniobra precipitada, motivada más por la necesidad de legitimidad que por una agenda sustantiva. Mientras tanto, Jerí mantiene una intensa agenda pública. Supervisó un operativo conjunto en los penales de Ancón I, Lurigancho, El Milagro y Challapalca, donde se decomisaron celulares, drogas y armas punzocortantes. Más tarde se reunió con gremios de transportistas, gobernadores regionales y autoridades locales, recibiendo compromisos de diálogo y cooperación. La escena final de su segundo día como presidente lo mostró en San Juan de Miraflores, en medio del humo y los escombros de un incendio en Pamplona. Allí, rodeado de ministros aún en funciones de la gestión anterior, prometió reconstrucción y apoyo. Cuando la prensa le preguntó por su gabinete, solo respondió que lo “están construyendo”. José Jerí ha llegado al poder en una coyuntura de alta volatilidad política. Su juventud y discurso conciliador generan expectativas, pero también dudas sobre su capacidad de sostener equilibrios reales. Un gabinete plural podría ofrecerle legitimidad, pero la demora en anunciarlo comienza a ponerlo a prueba. En un país acostumbrado a las transiciones abruptas, el nuevo presidente enfrenta la paradoja de tener el tiempo en contra para construir un gobierno que, precisamente, promete estabilidad.     Noticias Relacionadas José Jerí y el desafío de un gobierno de octubre 13, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República presentó un proyecto de ley que busca implementar la reserva automática de identidad para las personas que denuncien Proponen reserva automática de identidad para denunciantes de sicariato octubre 11, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República presentó un proyecto de ley que busca implementar la reserva automática de identidad para las personas que denuncien Congreso declara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad octubre 10, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una jornada decisiva en medio de la crisis política: En una de las sesiones más tensas de los últimos años, el Congreso de la República oficializó,

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Proponen reserva automática de identidad para denunciantes de sicariato y extorsión: una medida clave contra el miedo al crimen organizado

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República presentó un proyecto de ley que busca implementar la reserva automática de identidad para las personas que denuncien delitos de sicariato y extorsión, una iniciativa que pretende brindar mayor protección a los ciudadanos que colaboran con las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. En un país donde el temor a las represalias silencia a víctimas y testigos, la propuesta surge como una respuesta directa a uno de los principales obstáculos en la persecución penal: el miedo a denunciar. La iniciativa legislativa propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N.º 957) incorporando nuevos incisos a los artículos 95 y 328, referidos a los derechos del agraviado y a la forma de presentar denuncias. El objetivo es que, en casos relacionados con sicariato (artículo 108-C del Código Penal) y extorsión (artículo 200 del mismo cuerpo normativo), las autoridades puedan recibir las denuncias de manera digital o por medios de telecomunicación, preservando de forma automática la identidad del denunciante. Según el texto del proyecto, las autoridades deberán guardar absoluta reserva sobre la identidad de la víctima o denunciante, garantizando su protección y la de su familia. La medida no dependerá de un pedido expreso del ciudadano, sino que se aplicará de manera automática en todos los procesos vinculados a los delitos mencionados. Protección frente al crimen organizado El autor del proyecto sostiene que la reforma busca enfrentar un problema real y urgente: el miedo a denunciar. En regiones donde la extorsión y los asesinatos por encargo son frecuentes, muchas víctimas y testigos evitan acudir a las autoridades por temor a ser identificados y agredidos. El nuevo mecanismo apunta a revertir esta situación mediante el uso de herramientas digitales seguras, que permitan canalizar denuncias sin exposición personal. La propuesta también contempla que las denuncias puedan realizarse mediante instrumentos de telecomunicación o plataformas digitales, lo que facilitaría su presentación desde zonas de riesgo o de difícil acceso. Esto permitiría al Ministerio Público y a la Policía Nacional actuar con mayor rapidez, especialmente en casos en los que la víctima no pueda acudir presencialmente a una dependencia policial o fiscal. Implicancias legales y desafíos de aplicación Desde una perspectiva jurídica, la incorporación de la reserva automática de identidad refuerza la aplicación del principio de protección a la víctima y testigo, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos y seguridad ciudadana. Sin embargo, algunos especialistas advierten que su éxito dependerá de la capacidad tecnológica e institucional del Estado para garantizar la confidencialidad de los datos. La propuesta, aunque positiva, exigirá un protocolo estricto de manejo de información sensible, especialmente en un contexto donde la ciberseguridad y la protección de datos personales aún enfrentan brechas. Además, la interoperabilidad entre las entidades del sistema de justicia —Policía, Ministerio Público y Poder Judicial— será clave para evitar filtraciones o errores administrativos que expongan la identidad de los denunciantes. Asimismo, la iniciativa plantea un reto adicional: establecer mecanismos de verificación que eviten denuncias falsas o malintencionadas. Para ello, los operadores de justicia deberán equilibrar la reserva de identidad con el debido proceso y la transparencia judicial, de modo que la protección del denunciante no obstaculice el ejercicio de defensa de los acusados. Un paso hacia la confianza ciudadana Más allá de sus implicancias técnicas, el proyecto tiene un trasfondo profundamente social. En muchos distritos del país —desde Trujillo hasta San Juan de Lurigancho— la extorsión y los ajustes de cuentas han generado un clima de miedo que paraliza la cooperación ciudadana con las autoridades. Garantizar el anonimato del denunciante podría significar un cambio de paradigma en la lucha contra la criminalidad organizada, fortaleciendo la confianza en el sistema penal. De aprobarse, la ley entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, tiempo durante el cual el Poder Ejecutivo deberá adecuar los sistemas tecnológicos y protocolos de seguridad necesarios. La medida no solo representa una herramienta legal, sino también un compromiso moral del Estado para proteger a quienes deciden enfrentar la violencia denunciando. En un contexto donde el crimen organizado impone el silencio mediante el miedo, la reserva automática de identidad podría convertirse en un escudo esencial para quienes aún creen en la justicia.     Noticias Relacionadas Proponen reserva automática de identidad para denunciantes de sicariato octubre 11, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una jornada decisiva en medio de la crisis política: En una de las sesiones más tensas de los últimos años, el Congreso de la República oficializó, Congreso declara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad octubre 10, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una jornada decisiva en medio de la crisis política: En una de las sesiones más tensas de los últimos años, el Congreso de la República oficializó, Mininter condena acoso a suboficial tras incidente por pase octubre 10, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Ministerio del Interior (Mininter) expresó su firme rechazo ante el acoso físico y virtual sufrido por la suboficial Teresa Cuba Lara, integrante

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Congreso declara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente y José Jerí asume la Presidencia de la República

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una jornada decisiva en medio de la crisis política: En una de las sesiones más tensas de los últimos años, el Congreso de la República oficializó, mediante la Resolución N.º 001-2025-2026-CR, la vacancia presidencial de Dina Ercilia Boluarte Zegarra por la causal de incapacidad moral permanente, prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. La medida fue aprobada con 121 votos a favor, cifra que superó ampliamente el mínimo constitucional requerido. El proceso se inició el 9 de octubre con la presentación de cuatro mociones de vacancia que alegaban presuntas irregularidades en la gestión de la mandataria, así como un deterioro en la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. La sesión plenaria, transmitida en vivo y seguida por miles de ciudadanos, se prolongó hasta la medianoche y concluyó con la aprobación de la medida que marcó el fin del gobierno de Boluarte. Ante su ausencia en el hemiciclo para ejercer su defensa, el Congreso procedió conforme al artículo 89-A de su Reglamento. Minutos después, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, fue designado jefe de Estado interino, conforme al régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución. El mensaje final de Dina Boluarte: Horas después de su destitución, la expresidenta ofreció un mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno. En su discurso, Boluarte hizo un recuento de los logros de su administración en materia social, económica y de seguridad ciudadana, y aseguró haber gobernado “con vocación de diálogo y compromiso con la unidad nacional”. “No he hecho otra cosa que trabajar por el Perú, invocando siempre la unidad. Lamento profundamente que se haya violentado el debido proceso”, expresó visiblemente conmovida. Su equipo legal, encabezado por el abogado Juan Carlos Portugal, denunció que la mandataria fue notificada con apenas 50 minutos de anticipación, lo que consideró una vulneración a sus derechos constitucionales. “No convalidaremos un procedimiento arbitrario”, sostuvo el jurista. Procesos fiscales y medidas cautelares: La vacancia presidencial ocurre en paralelo a un panorama judicial complejo para Boluarte. El fiscal Ángel Astocondor, integrante de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, ha solicitado 36 meses de impedimento de salida del país contra la exmandataria por presunto lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro. De manera adicional, la Fiscalía de la Nación ha pedido 18 meses más por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, relacionado con la designación de funcionarios en EsSalud y la presunta gestión irregular de beneficios económicos a terceros. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó en entrevista con Latina que la solicitud será presentada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. “Estamos procediendo con las medidas correspondientes. La vacancia no detiene las investigaciones, las carpetas continúan”, declaró. De ser admitido el requerimiento, Boluarte quedaría imposibilitada de abandonar el país mientras duren las pesquisas por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Esta sería la primera medida coercitiva adoptada contra una expresidenta en funciones inmediatas tras su destitución. Implicancias políticas y constitucionales: La decisión del Congreso reconfigura por completo el escenario político nacional. Con la asunción de José Jerí como presidente interino, se espera la convocatoria a elecciones generales anticipadas, un pedido respaldado por diversos sectores políticos y sociales que buscan poner fin a la inestabilidad que ha marcado los últimos años en el país. Analistas coinciden en que este nuevo episodio refleja la crisis estructural del sistema político peruano, caracterizado por la sucesión de gobiernos truncos, la polarización y la pérdida de legitimidad de las instituciones. Sin embargo, también abre la posibilidad de un reordenamiento democrático, si el proceso de sucesión se desarrolla dentro de los cauces constitucionales y con respeto al Estado de derecho. El futuro inmediato: Mientras el nuevo gobierno transitorio define su hoja de ruta, Dina Boluarte enfrenta un panorama judicial incierto. Su defensa ha anunciado que interpondrá recursos ante el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando la vulneración del debido proceso parlamentario. El país, por su parte, vuelve a situarse ante un punto de inflexión: un Congreso fortalecido frente a un Ejecutivo debilitado, un clima social expectante y una ciudadanía que, una vez más, observa cómo la política nacional se reescribe entre acusaciones, crisis y la esperanza —aún frágil— de una institucionalidad que recupere la confianza perdida.     Noticias Relacionadas Congreso declara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad octubre 10, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Ministerio del Interior (Mininter) expresó su firme rechazo ante el acoso físico y virtual sufrido por la suboficial Teresa Cuba Lara, integrante Mininter condena acoso a suboficial tras incidente por pase octubre 10, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Ministerio del Interior (Mininter) expresó su firme rechazo ante el acoso físico y virtual sufrido por la suboficial Teresa Cuba Lara, integrante Premier Arana exige a operadoras reforzar control en venta octubre 7, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, exhortó este lunes a las empresas operadoras de telefonía móvil a endurecer los controles

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Mininter condena acoso a suboficial tras incidente por pase libre en bus de Magdalena del Mar

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Ministerio del Interior (Mininter) expresó su firme rechazo ante el acoso físico y virtual sufrido por la suboficial Teresa Cuba Lara, integrante de la Dirección de Turismo de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego del incidente registrado el pasado 4 de octubre en un bus de transporte público del distrito de Magdalena del Mar. Según las investigaciones preliminares, el conductor de la unidad, identificado como José Villafuerte Alata, le negó a la agente el derecho de libre tránsito previsto en la Ley N.º 26271, que faculta a policías y militares a usar el transporte urbano sin pago alguno. A través de un comunicado difundido el 8 de octubre, el Mininter manifestó su “tajante rechazo al acoso físico y virtual al que viene siendo sometida la suboficial Teresa Cuba Lara”, recordando además que el acoso constituye un delito sancionado con pena privativa de libertad. El pronunciamiento agregó que la institución “seguirá trabajando firmemente contra el crimen en todas sus modalidades y en favor de la seguridad de todos los peruanos”, reafirmando su respaldo a los efectivos policiales en el cumplimiento de su función. El incidente y la intervención policial De acuerdo con la versión del abogado de la suboficial, Stefano Miranda, la agente abordó un bus de la empresa Urano Tours junto a su hijo, mostrando su credencial policial para hacer uso del pase libre. El conductor, sin embargo, habría rechazado el documento y exigido el pago del pasaje, calificando a la suboficial con insultos como “mafiosa” y “sinvergüenza”. Ante la negativa del chofer a respetar la norma, la agente realizó una llamada telefónica solicitando apoyo policial. Minutos más tarde, el vehículo fue intervenido en la zona de Caquetá por un grupo de aproximadamente ocho efectivos policiales, quienes procedieron a detener a Villafuerte Alata por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad. El conductor fue trasladado a la comisaría de Monserrate y puesto a disposición de la Fiscalía Corporativa de Lima Centro, que abrió una investigación formal. Versiones contrapuestas y debate público El caso rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde circularon videos grabados por los pasajeros del bus. En las imágenes se escucha a algunos usuarios cuestionar el operativo, aludiendo al despliegue policial frente al incidente: “Ocho policías solo por dos soles, pero cuando matan o extorsionan brillan por su ausencia”. Otros testigos afirmaron que la agente habría intentado manipular el timón del bus cuando el conductor se negó a detener la unidad, lo que incrementó la tensión. Villafuerte, tras ser liberado luego de 24 horas de detención, ofreció su versión a medios locales. Afirmó que no tuvo intención de faltar el respeto a la autoridad, sino que solo pidió que la suboficial mostrara claramente su credencial. “Ella subió con su hijo, le cobré y me respondió que no iba a pagar. Me llamó ignorante y me dijo que iba a cerrar todo Caquetá. Luego llegaron varios policías y ahí empezó mi infierno”, declaró. Según su testimonio, algunos pasajeros intentaron defenderlo, pero “los policías no los dejaron intervenir”. Reacciones institucionales y contexto social El Mininter recordó que las empresas de transporte urbano están obligadas a permitir el uso del pase libre a los miembros de la PNP y de las Fuerzas Armadas, conforme a la Ley N.º 26271. Negar este derecho puede acarrear sanciones administrativas e incluso la suspensión de operaciones. El incidente se produce en un contexto de creciente tensión entre transportistas y autoridades por temas de seguridad ciudadana y regulaciones laborales. El mismo fin de semana del suceso, un conductor de la empresa Lipetsa fue asesinado durante su jornada en San Juan de Lurigancho, hecho que motivó un paro preventivo del gremio de transportistas el lunes 6 de octubre, exigiendo mayor protección ante la ola de crímenes. En este escenario, el caso de la suboficial Cuba Lara ha reavivado el debate sobre los límites del ejercicio de la autoridad policial y el respeto a las normas que regulan el transporte público. Mientras el Mininter insiste en que la ley debe cumplirse sin excepciones, asociaciones de conductores reclaman reglas claras para evitar confrontaciones en situaciones similares. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso y no se descarta la formulación de cargos por desobediencia a la autoridad. Entretanto, el Mininter anunció que brindará acompañamiento legal y psicológico a la suboficial, al tiempo que reafirmó su política de tolerancia cero frente a toda forma de acoso o violencia contra los miembros de la PNP.     Noticias Relacionadas Mininter condena acoso a suboficial tras incidente por pase octubre 10, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, exhortó este lunes a las empresas operadoras de telefonía móvil a endurecer los controles Premier Arana exige a operadoras reforzar control en venta octubre 7, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, exhortó este lunes a las empresas operadoras de telefonía móvil a endurecer los controles Poder Judicial inicia control de acusación contra Ollanta Humala octubre 7, 2025 Artículo: El próximo 27 de octubre a las 3:00 p.m., el Poder Judicial dará inicio al control de acusación fiscal contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y la ex primera dama Nadine Heredia

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