Trabajadores de la Defensa Pública anuncian paro nacional de 48 horas para exigir igualdad salarial

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Contexto y motivaciones del paro
La Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública (FENATDEPU), que agrupa a 2,297 trabajadores a nivel nacional, anunció un paro de 48 horas para los días 26 y 27 de noviembre de 2025, con la posibilidad de radicalizar en una huelga indefinida si no se atienden sus demandas. El motivo central es la exigencia de igualdad salarial, tras más de 15 años de desigualdad respecto a otros servidores públicos que realizan funciones equivalentes. Señalan una brecha salarial superior al 40%, afectando su calidad de vida y estabilidad laboral.

Demandas principales
Los trabajadores exigen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la implementación urgente de varias medidas: el cierre de la brecha remunerativa, el pase del personal contratado bajo el régimen CAS al régimen laboral 728, la aprobación de una estructura de carrera profesional y la entrega de un bono compensatorio por la diferencia salarial. Además, solicitan mejoras en sus condiciones laborales, con implementos de seguridad y adecuación de oficinas.​

Impacto y posicionamiento sindical
El paro convocado se suma a una serie de protestas y negociaciones que este gremio ha mantenido sin respuesta satisfactoria. Desde la FENATDEPU advierten que las autoridades deben tomar en serio esta medida para evitar afectar el acceso a la justicia gratuita, fundamental para la población vulnerable. La defensa pública cumple un rol clave en garantizar los derechos legales de los ciudadanos con recursos limitados.​

Expectativas y seguimiento
Las autoridades del Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo han sido emplazadas para presentar soluciones inmediatas y presupuestos claros que permitan ejecutar estas medidas en el Presupuesto General de la República 2026. La vigilancia social y sindical se mantiene activa para que no se repitan los retrasos en la atención a sus justas demandas.

En conclusión, la paralización nacional de la defensa pública busca visibilizar un problema estructural en las políticas de remuneración y gestión pública, promoviendo un trato justo y digno para quienes velan por la justicia en el país

 

 

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