Penal

Artículo:La Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez Cóndor, calificó como “coherente, principista y acorde a derecho” la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley de Extinción de Dominio. Según la Defensoría, el fallo constituye un paso importante para proteger derechos fundamentales como la propiedad, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica, advirtiendo que la norma original permitía afectar patrimonios sin las debidas garantías procesales. La institución recordó que promovió la demanda de inconstitucionalidad tras detectar que el decreto legislativo vulneraba principios constitucionales y podía derivar en un uso abusivo de la figura de extinción de dominio. Asimismo, reafirmó que seguirá vigilante y dispuesta a accionar ante el Poder Judicial y el TC frente a cualquier norma que ponga en riesgo los derechos ciudadanos, a la vez que instó a diseñar una nueva legislación que equilibre la lucha contra el crimen organizado con la plena garantía del debido proceso.

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, dictó este jueves 10 de julio 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, en el marco del proceso que enfrenta por presunta asociación ilícita y lavado de activos, debido a millonarios aportes irregulares de las constructoras Odebrecht y OAS a sus campañas políticas de 2010 y 2014. La medida, solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, busca evitar una eventual fuga y asegurar la sujeción al proceso judicial, cuya etapa de juicio oral se iniciará el próximo 23 de septiembre. En la audiencia, realizada de forma presencial en la Corte Superior Nacional, Villarán participó virtualmente y se allanó a la medida, asegurando no tener intención de huir y afirmando que reside “prácticamente todo el tiempo” en su domicilio. No obstante, la exburgomaestre calificó de «bastante grave» que se la considere en riesgo procesal, señalando que el reciente fallecimiento del exgerente municipal José Miguel Castro, colaborador eficaz en el caso, no puede ser usado como argumento en su contra. También denunció que colectivos radicales, como La Resistencia, han hostigado su domicilio tras el fallecimiento de Castro, acusándola sin pruebas. El juez desestimó el pedido fiscal para prohibirle comunicarse con testigos o coacusados, al considerarlo desproporcionado en esta etapa del proceso. Así, se mantiene únicamente el impedimento de salida y las restricciones previas dictadas en su contra. Villarán enfrenta un pedido fiscal de 29 años de prisión, en una investigación que incluye a otros 17 implicados, entre ellos varios exfuncionarios municipales. Según la tesis del Ministerio Público, las campañas del «No a la revocatoria» (2013) y de reelección (2014) fueron financiadas ilegalmente con fondos brasileños a cambio de favorecer contratos de gran envergadura como Línea Amarilla y otros proyectos viales. El caso, considerado uno de los más complejos del capítulo Lava Jato en el Perú, sigue desarrollándose con medidas clave que marcan la antesala de un juicio que podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales.

El 10 de mayo de 2025, el Gobierno peruano promulgó la Ley N.º 32330, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo que jóvenes de 16 y 17 años sean procesados como adultos por delitos graves. Esta medida responde al aumento de crímenes violentos en los que participan menores, como sicariato, violación sexual y terrorismo. La ley establece un régimen penitenciario especial para adolescentes de 16 a 21 años, con enfoque individualizado y programas de rehabilitación, separándolos de adultos en centros penitenciarios. En casos de delitos especialmente graves, las penas pueden ser de hasta ocho años de internamiento. La norma busca reforzar la seguridad ciudadana y enviar un mensaje claro contra la impunidad.

El Congreso peruano ha presentado una moción de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén, tras el asesinato de 13 mineros en Pataz. La iniciativa, respaldada por bancadas como Juntos por el Perú, Podemos Perú y Acción Popular, critica la gestión de Adrianzén ante la creciente inseguridad y su falta de liderazgo en la coordinación ministerial. Se le acusa de priorizar la defensa política de la presidenta Dina Boluarte sobre la solución efectiva de los problemas nacionales. La moción será debatida en el Pleno del Congreso, donde se requerirán 66 votos para su aprobación. Por su parte, la presidenta Bolua

El congresista Ilich López señaló que el caso de las presuntas cirugías estéticas de la presidenta Dina Boluarte podría derivar en una denuncia constitucional, dado que se investiga si hubo uso indebido de recursos públicos o abandono del cargo. Explicó que la Comisión de Fiscalización recopila información para determinar si existen fundamentos legales que justifiquen una acusación. López enfatizó que este proceso debe seguir su curso conforme a la ley, sin prejuzgar, y que será el Congreso quien evaluará los hallazgos. Añadió que, de confirmarse irregularidades, se aplicarían las sanciones correspondientes, reafirmando la importancia de la transparencia y el respeto a las normas constitucionales.