Penal

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La justicia peruana ha condenado al expresidente Martín Vizcarra a catorce años de cárcel por recibir sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua. Entre 2011 y 2014, Vizcarra obtuvo 2,3 millones de soles de constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de adjudicarles proyectos de infraestructura pública: las obras Lomas de Ilo y la remodelación del Hospital Regional. El tribunal determinó que utilizó su autoridad para condicionar la buena pro al pago de coimas. Vizcarra fue también inhabilitado por nueve años para ejercer cargo público y condenado al pago de una multa de 94.900 soles. CONTENIDO DE LA NOTICIA:El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de Perú ha pronunciado su veredicto contra el expresidente Martín Vizcarra, condenándolo a catorce años de prisión efectiva por haber recibido sobornos mientras ejercía como gobernador de Moquegua. La decisión tomada hace apenas dos días representa un hito en la persecución judicial de la corrupción de alto nivel en el país, confirmando que incluso aquellos que llegaron a la máxima magistratura no escapan a la rendición de cuentas ante la ley. La Trama de Corrupción en la Región SureñaDurante su gestión como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014, Vizcarra solicitó y recibió 2,3 millones de soles (aproximadamente 680.000 dólares) de las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de otorgarles la buena pro en dos importantes proyectos de infraestructura pública. El primero concernía a las obras de conducción Lomas de Ilo, por el cual se le impusieron seis años de prisión, mientras que el segundo era la remodelación del Hospital Regional de Moquegua, que generó una condena adicional de ocho años.​​ El tribunal determinó que Vizcarra utilizó su posición de autoridad para condicionar deliberadamente la adjudicación de estos proyectos al pago de sobornos. Los sobres manila contenían billetes de la más alta denominación disponible, entregados conforme a un modus operandi que fue corroborado por los peritajes de la Policía Nacional. Aunque Vizcarra mantuvo delegadas algunas funciones administrativas, las pruebas establecieron que él ejercía pleno conocimiento e interés en los proyectos, desestimando así sus argumentaciones de distancia del proceso.​ El Peso de la Evidencia TestimonialLa Fiscalía, bajo la dirección del fiscal Germán Juárez Atoche, presentó testimonios de exdirectivos de las empresas involucradas que resultaron ser determinantes para la condena. El exgerente de Obrainsa, Elard Paul Tejeda, proporcionó relatos coherentes que fueron validados por el tribunal en cuanto a credibilidad y consistencia. La jueza Fernanda Ayasta, quien presidió la sala, subrayó que no se hallaron rastros de odio o enemistad que pudiera restarle confiabilidad a estos testimonios.​ Particularmente relevante fue la declaración de directivos de ICCGSA, quienes narraron cómo en noviembre de 2013 Vizcarra supeditó la firma del contrato del hospital al pago del soborno. Estos relatos fueron respaldados por la investigación de dinero que supuestamente pasó por la empresa Mzarq y fue posteriormente depositado en una caja fuerte.​ La Inhabilitación y las Implicaciones PolíticasMás allá de la condena privativa de libertad, el tribunal dispuso que Vizcarra sea inhabilitado durante nueve años para ejercer cualquier cargo público. Adicionalmente, fue condenado al pago de una multa equivalente a 730 días, cifra que asciende a 94.900 soles, que deberá satisfacer mediante cuotas diarias de aproximadamente 130 soles.​ La sentencia se ejecuta de inmediata, por lo que Vizcarra fue trasladado directamente a un establecimiento penitenciario tras la lectura del fallo. El expresidente ha expresado su intención de apelar la decisión, calificándola en redes sociales como «venganza» antes que justicia. Afirmó que su procesamiento responde a persecución política por haberse «enfrentado» a los grupos de derecha que dominan el Congreso.​ Contexto de la Gestión Presidencial y el VacacionismoEste proceso judicial se enmarca en una trayectoria política turbulenta para Vizcarra. Tras haber asumido la presidencia en marzo de 2018, reemplazando a Pedro Pablo Kuczynski, gozó de amplia popularidad en 2019 cuando disolvió controversialmente el Congreso. Sin embargo, su reputación colapsó tras ser protagonista del mayor tráfico de vacunas del continente durante la pandemia de COVID-19. En noviembre de 2020, tras apenas treinta y dos meses de mandato, fue removido del cargo mediante un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente, precisamente como consecuencia de revelaciones sobre estos casos de corrupción.​ Una Decisión Judicial Contrapesada pero CondenatoriaLa Fiscalía había solicitado originalmente una condena de quince años, pero el tribunal consideró prudente rebajar esta a catorce años. A pesar de esta reducción, la sentencia permanece como un acto de firmeza del Poder Judicial peruano frente a la corrupción en altas esferas, validando la credibilidad de los testimonios y la prueba presentada por los fiscales.​​ La defensa de Vizcarra, por su parte, había argumentado que la prueba fiscal carecía de sustento y que existía un trato desigual en la imputación penal. Estas argumentaciones no encontraron acogida en el tribunal, que ordenó la ejecución inmediata de la pena.​ El Panorama Político ActualEs relevante destacar que Martín Vizcarra, a pesar de su inhabilitación y encarcelamiento, expresó previamente su aspiración de postular a la presidencia en 2026. Actualmente, su hermano Mario Vizcarra aspira a alcanzar la presidencia, declarando públicamente su disposición a «reemplazarlo» tras la condena. En el panorama político peruano contemporáneo, Vizcarra se une a otros expresidentes encarcelados, incluyendo a Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, evidenciando una crisis profunda de gobernanza y rendición de cuentas en el país.     Noticias Relacionadas Martín Vizcarra Condenado a Catorce Años de Prisión por noviembre 28, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú ha dictaminado, en una decisión tomada por mayoría, la condena del expresidente Pedro Castillo a La Corte Suprema condena a Pedro Castillo a once noviembre 28, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú ha dictaminado, en una decisión tomada por mayoría, la condena del expresidente Pedro Castillo a CONADIS Aprueba Nuevo Marco Regulatorio para el Registro Nacional noviembre 28, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A través de la Resolución

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú ha dictaminado, en una decisión tomada por mayoría, la condena del expresidente Pedro Castillo a once años, cinco meses y quince días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión. Esta sentencia marca el cierre de una etapa procesal en uno de los eventos más convulsos de la historia política reciente del país andino, donde el entonces mandatario intentó disolver el Congreso hace aproximadamente tres años.​ El intento de quiebre institucional de diciembre de 2022El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo se dirigió a la nación a través de un mensaje televisado en el cual anunció su intención de disolver el Congreso, asumir poderes extraordinarios mediante decretos, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente. En un contexto donde enfrentaba una inminente destitución legislativa, Castillo buscó romper el orden constitucional para permanecer en el poder, generando una crisis institucional que paralizó al país.​ Tras su declaración, Castillo intentó dirigirse a la embajada de México, siendo detenido en flagrancia delictiva. Desde entonces, ha permanecido en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, donde los tres años cumplidos hasta la fecha de sentencia serán descontados de su condena.​ Las imputaciones y el desarrollo del juicioLa Fiscalía había solicitado originalmente una condena de treinta y cuatro años de prisión para Castillo, considerándolo autor de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Sin embargo, el tribunal determinó que el delito de rebelión no se consumó, sino que existió conspiración para cometerlo, lo que resultó en una pena significativamente menor.​ El proceso judicial iniciado formalmente el 4 de marzo de 2025 fue marcado por momentos de tensión. Castillo rechazó reiteradamente la legitimidad del juzgado, calificando el procedimiento de «farsa», se negó a contar con la defensa pública y en un acto de protesta declaró estar en «insurgencia». A lo largo de los alegatos finales, mantuvo su posición argumentando que su discurso fue meramente un «clamor popular» y un acto político sin consecuencias legales.​ Los colaboradores también condenadosNo fue Castillo el único sentenciado. La ex primera ministra Betssy Chávez y el ex ministro del Interior Willy Huerta recibieron la misma pena: once años, cinco meses y quince días de cárcel efectiva. El tribunal determinó que ambos participaron en la planificación y conocían plenamente el contenido del mensaje presidencial antes de su difusión, habiendo contribuido a su elaboración.​ El expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien tenía 79 años al momento de la condena, recibió una pena menor: seis años y ocho meses de prisión. Todos los condenados quedaron inhabilitados para ejercer cargo público durante dos años y deberán pagar solidariamente doce millones de soles en concepto de reparación civil por daño extrapatrimonial al Estado.​ Un precedente en la historia política peruanaEsta condena representa un hito judicial significativo. Pedro Castillo se convierte en el primer presidente peruano enjuiciado y condenado por intentar un autogolpe de Estado, un evento comparado con el intento fallido del entonces presidente Alberto Fujimori en 1992. La decisión del tribunal ha resuelto que Castillo, mediante su anuncio de disolución del Congreso, «se arrogó el ejercicio del poder» de manera inconstitucional, atentando deliberadamente contra los poderes del Estado y el orden constitucional.​ Castillo ha mantenido su defensa argumentando que subvertir el orden constitucional sin respaldo de las fuerzas de seguridad carecería de validez práctica. No obstante, el tribunal no acogió estos argumentos, evidenciando que la intención y la coordinación para romper el orden institucional constituyen, por sí mismos, un delito grave.​ Perspectiva de futuroCon esta condena, la justicia peruana cierra un capítulo tumultuoso en la vida política nacional. El proceso aún contempla la lectura completa de la sentencia programada para el 4 de diciembre, donde se detallarán los fundamentos jurídicos de la decisión. Mientras tanto, Castillo permanecerá en reclusión, con el recuento de tiempo cumplido descontándose de su condena total.     Noticias Relacionadas La Corte Suprema condena a Pedro Castillo a once noviembre 28, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A través de la Resolución de Presidencia N° D000253-2025-CONADIS-PRE, publicada el 27 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional para la Integración CONADIS Aprueba Nuevo Marco Regulatorio para el Registro Nacional noviembre 28, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: A través de la Resolución de Presidencia N° D000253-2025-CONADIS-PRE, publicada el 27 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional para la Integración Colegio de Abogados Respalda Paro Nacional de 48 Horas noviembre 26, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Gremios y organizaciones profesionales cierren filas ante demandas históricas de precariedad laboralLos trabajadores del Ministerio Público

Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Los casos abarcan desde homicidio calificado y cohecho pasivo hasta falsedad y encubrimiento. La exmandataria afronta el mayor proceso judicial contra un jefe de Estado en la historia reciente del Perú. El Congreso de la República marcó un antes y un después en la política peruana al aprobar la vacancia de Dina Boluarte, quien, tras casi tres años en el poder, perdió la inmunidad presidencial. Con esta decisión, la exmandataria deberá enfrentar once carpetas fiscales activas, de las cuales ocho corresponden a presuntos delitos cometidos durante su gestión.Su abogado, Juan Carlos Portugal, confirmó que todas las investigaciones se encuentran en distintas etapas: desde diligencias preliminares hasta procesos reabiertos por decisión de la Fiscalía. El caso más grave: muertes durante las protestas El expediente más sensible es el que involucra a las más de 60 muertes ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, durante las protestas contra el gobierno de Boluarte.El Ministerio Público la investiga por homicidio calificado, lesiones graves y leves, delitos que podrían acarrearle penas de hasta 25 años de prisión.A pesar de la gravedad del caso, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, al considerar que “no existen pruebas irrefutables” de que la presidenta haya ordenado la represión. La decisión fue sustentada por Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El caso Rolex: joyas, favores y poder Uno de los procesos más mediáticos es el denominado “caso Rolex”, en el que la Fiscalía investiga a Boluarte por cohecho pasivo impropio.El Ministerio Público sostiene que la entonces mandataria habría recibido relojes y joyas de lujo por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de presupuestos adicionales para su región.Aunque el Congreso volvió a blindarla archivando la denuncia, la Fiscalía solicitó reconsiderar la decisión, dejando abierta la posibilidad de ampliar la investigación si aparecen nuevas evidencias. El caso Cirugía: ausencias y presunta falsificación La exmandataria también enfrenta dos carpetas vinculadas a su intervención quirúrgica del 28 de junio de 2023, realizada sin solicitar licencia al Parlamento.Durante los días posteriores a la operación, se emitieron resoluciones supremas con firmas presuntamente falsificadas, lo que derivó en investigaciones por abandono de cargo y falsedad genérica.El 18 de junio de 2025, la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó su vacancia por incapacidad moral permanente, alegando que Boluarte se ausentó del país entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023 sin informar ni delegar funciones.Ese informe fue la base política que culminó en su destitución definitiva. El caso Cofre: el vehículo presidencial y el traslado de un prófugo Otra carpeta fiscal investiga el presunto uso indebido del vehículo presidencial, conocido como “el cofre”, para facilitar el traslado del prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 16 de mayo de 2025.Su defensa sostiene que “el caso ya está bajo trámite parlamentario” y que Boluarte no tiene pendiente ninguna citación ante la Fiscalía por ese hecho. Encubrimiento y alianza con Patricia Benavides En abril de 2025, la Fiscalía archivó preliminarmente una investigación sobre un presunto acuerdo entre Boluarte y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides para mantener en el cargo al excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.Aunque el caso fue cerrado por falta de pruebas, la Fiscalía advirtió que el archivo no equivale a una absolución definitiva, dejando abierta la posibilidad de reapertura si surgen nuevas pruebas. Efficcop y presunto encubrimiento familiar Otro expediente apunta a la disolución del equipo policial que colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Efficcop).Según la hipótesis fiscal, Boluarte habría buscado neutralizar investigaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte, configurando los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad.El Poder Judicial rechazó el pedido de anulación de la denuncia interpuesto por su defensa, por lo que el proceso continúa abierto. Investigaciones previas a su mandato A estas causas se suman tres investigaciones por hechos anteriores a su gobierno:1. Presunto financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre en 2021.2. Contratación irregular de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.3. Posible favorecimiento a empresas proveedoras del programa alimentario Qali Warma. El fin de la inmunidad y el inicio de una nueva etapa judicial Con el levantamiento de su inmunidad, Dina Boluarte enfrenta el mayor desafío de su carrera política y judicial.Los expedientes que antes eran archivados o bloqueados por decisiones parlamentarias ahora vuelven a la competencia directa de la justicia.La caída de la expresidenta deja un mensaje claro para el país: ningún cargo público, por alto que sea, garantiza impunidad.En palabras de un analista político, “el Congreso que la protegió terminó entregándola al sistema judicial que siempre quiso evitar”. El proceso recién empieza, pero el desenlace marcará el precedente más contundente en la historia política reciente del Perú.     Noticias Relacionadas Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. 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