Artículo:
El congresista Hamlet Echeverría Rodríguez, integrante del grupo parlamentario Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, presentó un proyecto de ley que busca que los fiscales retomen plenamente la conducción de la investigación preliminar en los procesos penales, con el fin de evitar que efectivos policiales «fabriquen pruebas y violen derechos humanos». La propuesta apunta a revertir los cambios introducidos por la Ley N.° 32130, que fortaleció el rol de la Policía Nacional del Perú (PNP) en esta etapa inicial, otorgándole un papel protagónico en las diligencias preliminares.
Echeverría sostiene, en la exposición de motivos, que la Ley 32130 «rompe el equilibrio institucional del sistema procesal penal» y genera un escenario propicio para «prácticas arbitrarias» o «manipulaciones» en la recolección de evidencias. Según el legislador, diversos organismos de derechos humanos y colectivos ciudadanos han advertido sobre el riesgo de detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y uso desproporcionado de la fuerza, especialmente en contextos de protesta social. Estas situaciones, afirma, se ven agravadas por la ausencia de un control efectivo y directo del Ministerio Público sobre las actuaciones policiales.
El proyecto, denominado «Ley que restituye la vigencia del régimen anterior a la Ley N.° 32130 para restablecer el principio de conducción fiscal», propone derogar íntegramente dicha norma y todas las disposiciones legales y reglamentarias que se le opongan. En la práctica, ello implicaría volver al modelo en el que la Fiscalía conducía, de manera más directa, la investigación preliminar, utilizando a la policía como órgano de apoyo y ejecución de diligencias, pero sin cederle la iniciativa ni el protagonismo en la fase inicial del proceso penal.
Echeverría alerta que, sin la supervisión estrecha del Ministerio Público, se debilitan los controles de legalidad y proporcionalidad, lo que podría conllevar vulneraciones graves a derechos fundamentales como la libertad personal, la integridad física y el debido proceso. El congresista pone énfasis en los escenarios de conflictividad social, donde las detenciones y actuaciones policiales suelen ser masivas y rápidas, incrementando el riesgo de abusos si no existe una conducción fiscal clara desde el primer momento.
La iniciativa se presenta en un contexto de intenso debate sobre el rol de la PNP en la investigación del delito. En 2024, el Congreso aprobó reformas que devolvieron a la policía un mayor protagonismo en la investigación preliminar, pese a cuestionamientos de especialistas y de la propia Junta de Fiscales Supremos, que advirtieron sobre la insuficiencia de recursos, capacitación y controles internos en la institución policial. Desde el Ejecutivo se defendió entonces la medida como una forma de agilizar las investigaciones frente al aumento de la delincuencia organizada y los delitos violentos.
No obstante, sectores académicos y de la sociedad civil han insistido en que el Nuevo Código Procesal Penal siempre ha reconocido que el fiscal es el titular de la acción penal y el responsable de conducir jurídicamente la investigación, en coordinación con la PNP. Para estos críticos, otorgar mayor autonomía operativa a la policía sin fortalecer de manera equivalente los controles y la supervisión fiscal puede generar incentivos perversos, incluyendo la fabricación de evidencias, la presión indebida sobre testigos y el uso arbitrario de la fuerza.
El proyecto de ley de Echeverría deberá ahora seguir el trámite regular en el Congreso: pase a comisiones, dictamen y eventual debate en el Pleno. De aprobarse, significaría un giro importante en la reciente política de fortalecimiento del rol policial en la investigación criminal, reequilibrando nuevamente la balanza hacia una conducción más estricta por parte del Ministerio Público.
Mientras tanto, la discusión vuelve a plantear una pregunta de fondo: ¿cómo compatibilizar la lucha eficaz contra la delincuencia con el respeto estricto de los derechos humanos y las garantías procesales? La propuesta del congresista busca precisamente responder a esa tensión, apostando por un modelo en el que la Fiscalía recupere protagonismo en la etapa preliminar para asegurar que cada diligencia se realice con control jurídico inmediato y con mayores salvaguardas frente a posibles abusos.
