La sustentación de una tesis en lengua quechua por parte de la bachiller en Derecho Sheyla Gisela Huacause Robles, en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), constituye un hito en la reflexión sobre el acceso a la justicia para las personas quechuahablantes en el Perú. Su investigación, titulada El intérprete del idioma quechua en las audiencias de la Sala Penal Liquidadora de Pichari, 2023, analiza de manera específica el rol del intérprete en los procesos penales y las consecuencias que tiene su intervención —o sus deficiencias— sobre el ejercicio efectivo de los derechos de los usuarios del sistema judicial.
El eje central del trabajo consiste en discutir la necesidad de garantizar que las personas quechuahablantes comprendan y participen de manera efectiva en las audiencias penales donde se ventilan decisiones que pueden afectar su libertad, su patrimonio y otros derechos fundamentales. Para ello, la autora se centra en la figura del intérprete de quechua como puente imprescindible entre los ciudadanos y los operadores de justicia cuando una de las partes no domina adecuadamente el castellano, o lo maneja solo de forma limitada frente al lenguaje técnico propio del ámbito penal. En este contexto, la comunicación ya no se concibe como un mero requisito formal, sino como una condición material para que el imputado pueda entender los cargos, las decisiones y los argumentos que se discuten en su caso.
La investigación combina la revisión de expedientes con encuestas a operadores de justicia de la Sala Penal Liquidadora de Pichari, lo que le permite evaluar la intervención de los intérpretes en tres dimensiones: dominio del idioma, conocimiento de la normativa aplicable y fidelidad de la interpretación. Los resultados evidencian que la garantía ofrecida por los intérpretes es insuficiente: solo una minoría de jueces y fiscales califica positivamente su actuación, mientras que más de la mitad expresa una valoración negativa, especialmente en lo referente al manejo del quechua y de la terminología jurídica. La autora identifica, además, problemas como la intervención tardía o discontinua del intérprete, el uso de traducciones imprecisas y omisiones de contexto, así como un déficit significativo en la solicitud de pausas o aclaraciones cuando no se entiende la comunicación de los abogados o del tribunal.
Estos hallazgos se vinculan directamente con garantías fundamentales como el derecho de defensa, el debido proceso y el acceso a la justicia, pues una persona que no comprende lo que ocurre en la audiencia difícilmente puede ejercer sus derechos de manera plena. La tesis muestra que las dificultades en la interpretación no son solo un asunto lingüístico, sino un problema estructural que afecta la efectividad de la tutela jurisdiccional: la comprensión limitada puede influir en la aceptación de salidas alternativas, en la forma de declarar, en la imposibilidad de cuestionar decisiones y en la percepción de legitimidad del sistema judicial por parte de las comunidades quechuahablantes. Desde esta perspectiva, el intérprete deja de ser un elemento accesorio y se convierte en una pieza clave para que el proceso penal sea realmente comprensible y participativo.
La sustentación de la tesis íntegramente en quechua también supone un aporte simbólico y práctico al reconocimiento de las lenguas originarias en los espacios académicos y profesionales. Al utilizar el quechua tanto como objeto de estudio como lengua de producción científica, la autora visibiliza la importancia de incorporar la realidad lingüística y cultural de las comunidades en la investigación jurídica y contribuye a consolidar una justicia intercultural que no se limite a traducir palabras, sino que entienda y respete los modos propios de comunicación y comprensión. Esta apuesta por el quechua dialoga, además, con otros estudios sobre el uso de lenguas originarias en la administración de justicia penal en Ayacucho y en distintas regiones del país, que coinciden en señalar la necesidad de intérpretes competentes y de políticas institucionales que atiendan la diversidad lingüística.
En suma, la tesis de Huacause Robles aporta elementos concretos al debate sobre las barreras lingüísticas en los procesos penales y sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de interpretación en el sistema de justicia. Al poner en evidencia las brechas de capacitación, certificación y supervisión de los intérpretes de lenguas originarias, la investigación plantea la necesidad de ampliar su disponibilidad, mejorar su formación en terminología jurídica y garantizar su presencia efectiva desde las etapas iniciales del proceso. Ello resulta especialmente relevante en regiones con alta población quechuahablante, donde el acceso a una justicia comprensible depende, en gran medida, de que las personas puedan escuchar y responder en su propio idioma, con el apoyo de intérpretes que aseguren una comunicación fiel y respetuosa de sus derechos.
