La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) adjudicó contratos para brindar servicios de seguridad y vigilancia a consorcios vinculados con empresas que mantienen deudas tributarias superiores a S/ 124 millones con la propia entidad. El caso fue expuesto en un reportaje del programa Cuarto Poder y generó cuestionamientos sobre los antecedentes tributarios, laborales y operativos de las compañías involucradas.
Según la información difundida, uno de los contratos fue adjudicado al Consorcio Arsenal por S/ 83 592 000 para prestar servicios de vigilancia. La investigación también revisó una contratación anterior con el Consorcio Creta, suscrita el 17 de abril de 2024 para resguardar sedes de la SUNAT en Lima.
¿QUÉ EMPRESAS INTEGRAN LOS CONSORCIOS?
De acuerdo con el reportaje, entre las empresas vinculadas a las contrataciones figuran Arsenal Security S.A.C., Creta Security y Morgan del Oriente. Estas compañías fueron relacionadas con los consorcios que obtuvieron contratos de seguridad para instalaciones de la entidad recaudadora.
La información periodística puso el foco en las obligaciones tributarias pendientes de las empresas, así como en otros antecedentes relacionados con el cumplimiento de sus compromisos laborales y la prestación de los servicios contratados.
La existencia de deudas tributarias no acredita, por sí misma, que una contratación pública sea irregular. Para determinar si hubo alguna infracción en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, sería necesario examinar las condiciones del proceso, los requisitos aplicables y las actuaciones de las entidades competentes.
MORGAN DEL ORIENTE CONCENTRA LA MAYOR DEUDA
Uno de los principales datos del reportaje corresponde a Morgan del Oriente, empresa a la que se atribuye una deuda en cobranza coactiva de S/ 123 241 000, pendiente desde 2012.
La investigación también señaló que la compañía registraría obligaciones pendientes relacionadas con EsSalud y la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Estos antecedentes fueron presentados como parte de los cuestionamientos sobre las empresas vinculadas con los contratos de vigilancia.
La dimensión de la deuda constituye uno de los aspectos centrales del caso, debido a que la SUNAT tiene entre sus funciones la administración y recaudación de tributos. No obstante, la evaluación de las responsabilidades que pudieran derivarse de estos antecedentes corresponde a las autoridades competentes.
ARSENAL SECURITY REGISTRARÍA DEUDAS SUPERIORES A S/ 1,4 MILLONES
Otra de las compañías mencionadas es Arsenal Security S.A.C., que, según el reportaje, mantiene deudas en cobranza coactiva superiores a S/ 1,4 millones desde 2020.
Asimismo, la investigación periodística informó sobre 49 reportes negativos por incumplimientos de pago en centrales de riesgo. Estos datos fueron incluidos entre los antecedentes que motivaron cuestionamientos respecto de la adjudicación de contratos estatales a empresas relacionadas con el consorcio.
La situación tributaria y financiera de un proveedor puede ser relevante para examinar su desempeño, pero debe distinguirse entre los antecedentes reportados y una eventual infracción acreditada dentro de un procedimiento administrativo o de contratación pública.
UN CONTRATO POR MÁS DE S/ 83 MILLONES
El Consorcio Arsenal obtuvo una adjudicación por S/ 83 592 000 para prestar servicios de seguridad y vigilancia, según la información difundida por Cuarto Poder y recogida por otros medios de comunicación.
El reportaje cuestionó que la contratación se produjera pese a los antecedentes tributarios de las empresas relacionadas con el consorcio. También recordó que la SUNAT había celebrado previamente un contrato con el Consorcio Creta para la vigilancia de sedes en Lima.
La controversia se centra en la evaluación de los proveedores y en los mecanismos que permiten a las entidades públicas comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, laborales y contractuales de las empresas que contratan con el Estado.
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO A TRABAJADORES
Los cuestionamientos no se limitaron a las deudas tributarias. El reportaje también recogió denuncias de trabajadores que reclamaban el pago de remuneraciones y beneficios sociales.
Además, se informó que la SUNAT había resuelto anteriormente un contrato relacionado con el Consorcio Arsenal por incumplimientos en el pago de sueldos y gratificaciones a vigilantes de las sedes de Puno y Tacna. En Ucayali también se reportaron problemas relacionados con la cobertura de puestos de vigilancia y la prestación del servicio.
Estos antecedentes abren interrogantes sobre la supervisión de los contratos y las medidas que deben adoptar las entidades públicas cuando sus proveedores presentan incumplimientos durante la ejecución de los servicios.
Sin embargo, cada situación debe evaluarse de acuerdo con los documentos contractuales, las obligaciones asumidas y las decisiones administrativas correspondientes, sin atribuir responsabilidades que no hayan sido determinadas formalmente.
CUESTIONAMIENTOS SOBRE LAS PLANILLAS DECLARADAS
Otro aspecto expuesto en la investigación se refiere al número de trabajadores declarados por algunas de las compañías.
Según los registros citados en el reportaje, Morgan del Oriente habría declarado un trabajador durante distintos periodos de 2025 y 2026, mientras que Arsenal Security S.A.C. habría registrado únicamente dos empleados en junio y julio de 2026.
Estos datos fueron cuestionados debido al alcance de los servicios de seguridad que las empresas debían prestar. No obstante, el número de trabajadores consignado en determinados periodos debe analizarse junto con la documentación laboral y contractual pertinente para establecer si existió algún incumplimiento.
COINCIDENCIAS EN LOS DOMICILIOS REGISTRADOS
La investigación periodística también señaló coincidencias entre las direcciones registradas por Creta Security, Arsenal Security y el fundador de Morgan del Oriente.
De acuerdo con el reportaje, los domicilios declarados por estas personas jurídicas y por el empresario vinculado con una de ellas conducirían a un mismo inmueble. La información fue presentada como un elemento adicional para examinar las relaciones entre las empresas involucradas.
Por sí solas, las coincidencias de domicilio no demuestran la existencia de una infracción. Su relevancia dependerá de la documentación societaria, las relaciones empresariales acreditadas y cualquier otra evidencia que pueda ser evaluada por las autoridades competentes.
¿QUÉ RESPONDIÓ LA SUNAT?
Según las publicaciones que recogieron el reportaje, la SUNAT no brindó declaraciones para la entrevista de Cuarto Poder. Sin embargo, la entidad habría señalado internamente que el marco normativo vigente de las contrataciones públicas no impide contratar con proveedores que mantengan deudas tributarias exigibles, independientemente del monto o de la antigüedad de las obligaciones.
Esta explicación constituye un elemento central para entender la controversia: la existencia de una deuda tributaria no supone necesariamente que el proveedor esté impedido de participar en una contratación pública.
La evaluación legal debe considerar las reglas específicas aplicables al procedimiento, los requisitos exigidos a los postores, las condiciones de las bases y las obligaciones que deben cumplirse durante la ejecución contractual.
¿TENER DEUDAS TRIBUTARIAS IMPIDE CONTRATAR CON EL ESTADO?
La respuesta depende de los impedimentos y requisitos previstos en la normativa aplicable a cada contratación. La existencia de una deuda tributaria, por sí sola, no permite concluir automáticamente que una empresa esté legalmente impedida de contratar con el Estado.
Por ello, los cuestionamientos sobre los contratos adjudicados deben examinarse a partir de los documentos del procedimiento, las condiciones establecidas por la entidad y el cumplimiento de las obligaciones del proveedor.
También resulta relevante determinar si durante la ejecución de los servicios se presentaron incumplimientos que justificaran medidas contractuales, penalidades, resolución del contrato u otras acciones previstas en la legislación.
¿QUÉ ASPECTOS QUEDAN POR ESCLARECER?
El caso plantea interrogantes sobre los criterios de evaluación de los proveedores, la verificación de sus antecedentes, el control de las obligaciones laborales y la supervisión de los servicios de seguridad contratados.
Entre los aspectos que podrían requerir mayor esclarecimiento se encuentran las condiciones de los procesos de selección, la documentación presentada por los consorcios, el cumplimiento de los contratos y las medidas adoptadas frente a los antecedentes reportados.
Hasta que se conozcan documentos adicionales o pronunciamientos de las autoridades competentes, los cuestionamientos deben presentarse como información atribuida al reportaje periodístico y no como prueba concluyente de una contratación ilegal.
CONCLUSIÓN
La adjudicación de contratos de seguridad a consorcios vinculados con empresas que acumulan deudas tributarias superiores a S/ 124 millones ha generado cuestionamientos sobre los antecedentes de los proveedores y la supervisión de los servicios contratados por la SUNAT.
El caso también incluye reportes sobre presuntos incumplimientos laborales, observaciones relacionadas con el personal declarado y coincidencias en domicilios registrados. Frente a ello, la entidad sostuvo que la normativa permite contratar a empresas con obligaciones tributarias pendientes.
La controversia deberá analizarse considerando las reglas de contratación pública, los documentos de los procesos de selección y la ejecución de los contratos. La existencia de deudas o de cuestionamientos periodísticos no demuestra, por sí sola, que se haya cometido una infracción en la adjudicación.
