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El Poder Ejecutivo aprobó una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 218-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de octubre de 2026. La norma establece montos mensuales diferenciados según el grupo ocupacional y el nivel correspondiente, con remuneraciones que van desde S/ 3,850 para el nivel Técnico 1 hasta S/ 15,600 para el nivel Directivo 7. Nueva escala remunerativa para trabajadores de SUNARP La aprobación se realiza en el marco de la Ley N.° 32521, que autorizó establecer una nueva escala remunerativa para los trabajadores de SUNARP comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728. Según los considerandos del decreto supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas elaboró el estudio técnico correspondiente y emitió opinión favorable sobre la aprobación de la escala. La finalidad es ordenar los ingresos remunerativos aplicables a este grupo de trabajadores de la entidad registral. ¿Cuánto percibirán los trabajadores según su grupo ocupacional? El artículo 1 del Decreto Supremo N.° 218-2026-EF aprueba los siguientes montos mensuales: Grupo ocupacional Nivel Monto mensual Directivo Directivo 7 S/ 15,600 Directivo Directivo 6 S/ 15,580 Directivo Directivo 5 S/ 15,053 Directivo Directivo 4 S/ 13,550 Directivo Directivo 3 S/ 12,550 Directivo Directivo 2 S/ 11,650 Directivo Directivo 1 S/ 10,950 Profesional Profesional 6 S/ 10,150 Profesional Profesional 5 S/ 9,150 Profesional Profesional 4 S/ 8,350 Profesional Profesional 3 S/ 7,850 Profesional Profesional 2 S/ 7,300 Profesional Profesional 1 S/ 6,400 Técnico Técnico 3 S/ 5,250 Técnico Técnico 2 S/ 4,750 Técnico Técnico 1 S/ 3,850 Los montos corresponden a los niveles previstos en la escala aprobada. La ubicación de cada trabajador dependerá del grupo ocupacional y nivel que le corresponda de acuerdo con las disposiciones aplicables. La escala consolida incrementos remunerativos anteriores El decreto establece que los montos aprobados incorporan incrementos remunerativos autorizados mediante los decretos supremos N.° 311-2022-EF, N.° 313-2023-EF, N.° 265-2024-EF, N.° 279-2024-EF y N.° 327-2025-EF. También contempla la incorporación de los conceptos registrados en el sistema de planillas del sector público relacionados con vales de alimentación y movilidad para personal de confianza, conforme a lo detallado en el propio decreto. Por ello, la nueva escala debe entenderse como una estructura remunerativa que consolida los conceptos señalados por la norma, y no necesariamente como un incremento adicional idéntico para todos los trabajadores. ¿Qué beneficios adicionales reconoce la norma? El artículo 2 dispone que SUNARP reconocerá a los trabajadores comprendidos en el régimen 728 la nueva escala remunerativa, una gratificación por Fiestas Patrias, una gratificación por Navidad y la bonificación por escolaridad. El decreto también contempla excepciones específicas a la prohibición de percibir otros conceptos, entre ellas la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la asignación familiar, determinados conceptos reconocidos mediante laudos arbitrales que ya se encuentren registrados en el sistema correspondiente y aquellos que pudieran otorgarse posteriormente mediante negociación colectiva, conforme a la Ley N.° 31188. Prohíben pagos adicionales fuera de los conceptos autorizados El artículo 3 prohíbe que los trabajadores sujetos a este régimen perciban otros ingresos, bonificaciones, asignaciones, incentivos o compensaciones económicas adicionales a los montos de la escala, salvo las excepciones expresamente previstas en la norma y los conceptos permitidos por la legislación vigente. La disposición busca que la aplicación de la nueva estructura remunerativa se realice respetando los límites y condiciones establecidos por el decreto supremo. Asimismo, la máxima autoridad administrativa de SUNARP debe verificar el cumplimiento de las reglas sobre los conceptos remunerativos reconocidos, bajo responsabilidad. Actualización de los registros de planillas del sector público El decreto encarga a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas actualizar de oficio los montos correspondientes en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). Esta actualización permitirá registrar la escala aprobada para los trabajadores comprendidos en la disposición, conforme a los niveles y montos establecidos en el artículo 1. La implementación se financiará con el presupuesto de SUNARP La norma dispone que la nueva escala remunerativa se financiará con cargo al presupuesto institucional de la SUNARP, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Además, deroga el Decreto Supremo N.° 321-2013-EF, que aprobaba la escala remunerativa anterior de la entidad registral. De esta manera, la nueva disposición sustituye la estructura precedente para los trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación. ¿A quiénes se aplica la nueva escala? La escala aprobada está dirigida específicamente a los trabajadores de SUNARP sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728. Por tanto, no debe interpretarse automáticamente como una modificación de las remuneraciones de todos los servidores públicos de la entidad, sin importar su régimen laboral. Para conocer el monto aplicable a una persona en particular, es necesario identificar su régimen de contratación, grupo ocupacional y nivel correspondiente. Conclusión El Decreto Supremo N.° 218-2026-EF aprobó una nueva escala remunerativa para los trabajadores de SUNARP comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728, con montos mensuales que van de S/ 3,850 a S/ 15,600 según el nivel ocupacional. La norma consolida incrementos remunerativos anteriores, regula los conceptos adicionales permitidos, ordena actualizar los registros del AIRHSP y establece que la implementación se financiará con el presupuesto institucional de SUNARP, sin recursos adicionales del Tesoro Público.   Noticias Relacionadas SUNARP aprueba nueva escala remunerativa para trabajadores del régimen octubre 20, 2026 La Ley N.° 31676 establece sanciones penales para los funcionarios públicos que nombren, designen, contraten o encarguen a una persona en un cargo público sin que reúna los requisitos exigidos por la Ley establece hasta cuatro años de cárcel por contratar octubre 19, 2026 La Ley N.° 31676 establece sanciones penales para los funcionarios públicos que nombren, designen, contraten o encarguen a una persona en un cargo público sin que reúna los requisitos exigidos por la Cuestionan estrategia legal de López Aliaga tras contratos por octubre 17,

La Ley N.° 31676 establece sanciones penales para los funcionarios públicos que nombren, designen, contraten o encarguen a una persona en un cargo público sin que reúna los requisitos exigidos por la normativa vigente. La disposición modificó el artículo 381 del Código Penal con el objetivo de reforzar los principios de mérito, idoneidad y legalidad en el acceso a la función pública.  La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de enero de 2023 y se encuentra vigente desde el día siguiente, según la ficha técnica legislativa del Congreso de la República.  Penas de dos a cuatro años de prisión El artículo 381 del Código Penal establece que el funcionario público que nombre, designe, contrate o encargue a una persona que no reúna los requisitos legales para un cargo público será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Además de la pena de prisión, la disposición contempla entre 60 y 120 días-multa, conforme a las reglas aplicables para determinar esta sanción. La norma busca que las decisiones de acceso a la función pública respeten las exigencias legales establecidas para cada puesto, evitando que se asignen cargos a personas que no reúnen las condiciones obligatorias. La sanción también alcanza a quien acepta el cargo ilegalmente La responsabilidad prevista en el artículo 381 no se limita al funcionario que realiza el nombramiento, la designación, la contratación o la encargatura. El segundo párrafo dispone que la persona que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales también será sancionada con las mismas penas: de dos a cuatro años de prisión y de 60 a 120 días-multa. De esta manera, la disposición contempla tanto la conducta de quien dispone el acceso irregular al cargo como la de quien lo acepta sin reunir las condiciones exigidas por ley. ¿Qué conductas contempla el artículo 381 del Código Penal? La norma identifica cuatro acciones vinculadas con la asignación de cargos públicos: Nombrar: disponer el ingreso de una persona a un cargo público mediante el acto correspondiente. Designar: asignar formalmente a una persona para ejercer una función o cargo. Contratar: incorporar a una persona para prestar servicios en un puesto público. Encargar: atribuir temporalmente a una persona el ejercicio de un cargo o función. Para la aplicación del delito, no basta con que exista una observación o una discrepancia administrativa. Debe evaluarse si la persona carecía de los requisitos legales exigidos y si la conducta reúne los elementos del tipo penal, de acuerdo con las circunstancias del caso. Los requisitos deben estar establecidos en la normativa aplicable Las condiciones para acceder a un cargo público pueden variar según la entidad, la naturaleza del puesto y el régimen jurídico correspondiente. Entre ellas pueden encontrarse requisitos de formación académica, experiencia profesional, habilitación, ausencia de impedimentos u otras condiciones expresamente previstas por las normas aplicables. Por ello, para determinar si una designación o contratación resulta contraria a la ley, es necesario identificar las exigencias concretas del cargo y verificar si la persona seleccionada las cumplía al momento de su incorporación. La Ley N.° 31676 no establece un único perfil académico para todos los cargos públicos. La evaluación debe realizarse en función de los requisitos específicos que correspondan a cada puesto. Relación con los principios de mérito e idoneidad La finalidad de la Ley N.° 31676 es proteger los principios de mérito, idoneidad y legalidad en el acceso a la función pública. Estos principios exigen que las decisiones de incorporación y asignación de cargos se adopten respetando las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico. La idoneidad supone que quienes acceden a una función pública cumplan las exigencias correspondientes al puesto. El principio de mérito, cuando resulta aplicable, exige valorar las condiciones y capacidades conforme a las reglas del proceso de selección. La legalidad obliga a las entidades y a sus autoridades a actuar dentro de las competencias y procedimientos establecidos. La modificación del Código Penal busca reforzar el cumplimiento de estas obligaciones mediante consecuencias penales para las conductas que encajen en el artículo 381. La Ley N.° 31419 regula requisitos para determinados funcionarios La Ley N.° 31419 establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, incluyendo requisitos mínimos para determinados cargos.  Esta normativa debe distinguirse de la Ley N.° 31676. Mientras la primera establece exigencias de idoneidad para determinados puestos, la segunda modifica el Código Penal para sancionar el nombramiento, la designación, la contratación, la encargatura o la aceptación ilegal de un cargo público. En consecuencia, para analizar un caso concreto debe verificarse qué norma regula el puesto, cuáles son sus requisitos y si se habría producido una conducta comprendida en el tipo penal. ¿Toda contratación observada constituye un delito? No necesariamente. Una observación administrativa, un error documental o una controversia sobre la interpretación de los requisitos no demuestran automáticamente la comisión de un delito. La aplicación del artículo 381 requiere analizar los hechos, las exigencias legales del cargo y los elementos jurídicos pertinentes. La determinación de responsabilidad penal corresponde a las autoridades competentes mediante el procedimiento correspondiente, con respeto de la presunción de inocencia y del derecho de defensa. Por ello, la existencia de una denuncia o investigación no equivale a una condena, y cada caso debe evaluarse individualmente. Una norma vigente desde enero de 2023 Aunque la Ley N.° 31676 vuelve a ser relevante cada vez que se debate sobre nombramientos o contrataciones públicas, su publicación no es reciente. Fue promulgada en enero de 2023 y modificó expresamente el artículo 381 del Código Penal.  Su aplicación exige que las entidades públicas verifiquen los requisitos establecidos para los cargos y que las autoridades competentes evalúen las posibles responsabilidades cuando existan indicios de incumplimiento. Conclusión La Ley N.° 31676 establece penas de dos a cuatro años de prisión y de 60 a 120 días-multa para el funcionario público que nombre, designe, contrate o encargue a una persona que no cumpla los requisitos

La estrategia jurídica contratada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) al estudio estadounidense Boies Schiller Flexner LLP (BSF), durante la gestión del entonces alcalde Rafael López Aliaga, enfrenta nuevos cuestionamientos por los resultados obtenidos en tribunales extranjeros. La comuna suscribió nueve contratos con el bufete entre enero de 2024 y marzo de 2025, por un monto total de S/ 97 millones 510 mil 450, destinados a litigios internacionales relacionados con las concesiones de peajes de Lima. La controversia volvió a cobrar relevancia tras conocerse una carta del 6 de junio de 2025, en la que la entonces procuradora municipal Evelin García Luna cuestionó la estrategia aplicada por el estudio ante la justicia de Nueva York y solicitó cambios en el equipo legal. Según su comunicación, las advertencias realizadas por la Procuraduría no fueron atendidas oportunamente. <Cite refs={[«turn506188search0″,»turn506188search3»]}/> Nueve contratos por casi S/ 100 millones Entre el 23 de enero de 2024 y el 13 de marzo de 2025, la Municipalidad de Lima contrató en nueve ocasiones al bufete Boies Schiller Flexner para intervenir en controversias judiciales internacionales vinculadas con las concesiones de Rutas de Lima y Lima Expresa. El monto acumulado ascendió a S/ 97,5 millones, según la información publicada por La República. Los servicios se relacionaban con acciones legales destinadas a obtener información y cuestionar aspectos de los contratos de concesión de peajes, en un contexto de disputas entre la comuna y las empresas involucradas. <Cite refs={[«turn506188search0″,»turn506188search3»]}/> La magnitud de la contratación generó cuestionamientos sobre la modalidad empleada, la justificación de la selección del estudio y los resultados alcanzados frente a los recursos públicos comprometidos. La exprocuradora advirtió sobre la estrategia ante la justicia estadounidense En la carta dirigida al estudio, Evelin García expresó su disconformidad con la estrategia aplicada en el procedimiento conocido como Discovery, tramitado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El mecanismo buscaba obtener información relacionada con la adquisición de acciones de Rutas de Lima por parte de Brookfield. La exprocuradora sostuvo que la Municipalidad había advertido al bufete sobre problemas en el planteamiento jurídico y cuestionó que se insistiera en presentar a la comuna como parte agraviada con legitimidad para promover el procedimiento. En su comunicación, García atribuyó al estudio la responsabilidad por el resultado desfavorable de esa solicitud y pidió reemplazar a abogados clave del equipo. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por la entonces procuradora y no constituyen, por sí mismas, una sentencia judicial sobre la responsabilidad contractual del bufete. <Cite refs={[«turn506188search0″,»turn506188search2»]}/> El juez de Nueva York rechazó la solicitud de Discovery Uno de los principales puntos de controversia fue la decisión del juez federal Lewis J. Liman, quien rechazó la solicitud promovida por la Municipalidad en el procedimiento de Discovery. Según la información periodística publicada, el magistrado consideró que la MML no tenía legitimidad para promover ese pedido. La decisión respaldó el cuestionamiento central planteado por la exprocuradora: la estrategia no habría identificado correctamente quién tenía la condición jurídica necesaria para solicitar la información en Estados Unidos. El episodio puso en discusión la pertinencia de la vía elegida, especialmente porque el objetivo era obtener documentación sobre operaciones relacionadas con Rutas de Lima y la adquisición de acciones de la concesionaria. <Cite refs={[«turn506188search0″,»turn506188search5»]}/> La contratación también fue cuestionada por el vínculo con el representante del estudio Otro aspecto abordado en las publicaciones periodísticas fue la relación personal entre Rafael López Aliaga y Martín de Luca, representante del estudio Boies Schiller Flexner. López Aliaga había reconocido su amistad con De Luca, circunstancia que generó cuestionamientos sobre los criterios empleados para seleccionar al bufete. La discusión se centró en la contratación reiterada del mismo proveedor, el monto comprometido y la necesidad de acreditar que las decisiones adoptadas respondieron a razones técnicas y al interés público. La existencia de una relación personal no demuestra por sí sola una conducta delictiva. Sin embargo, en el contexto de una contratación pública de esta magnitud, resulta relevante examinar la documentación contractual, las justificaciones administrativas y los controles aplicados. Fiscalía investiga presuntas irregularidades en los contratos En marzo de 2026, La República informó que el Ministerio Público investigaba presuntas irregularidades relacionadas con los contratos celebrados entre la Municipalidad de Lima y el estudio estadounidense. La investigación se originó en una denuncia que cuestionaba la contratación reiterada, la modalidad utilizada y la publicidad de la información correspondiente en el sistema de contrataciones públicas. <Cite refs={[«turn506188search4″,»turn506188search3»]}/> La denuncia planteó posibles delitos vinculados con la contratación pública, entre ellos negociación incompatible y colusión. No obstante, estas imputaciones deben presentarse como materias de investigación y no como hechos probados. La determinación de eventuales responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, sobre la base de los elementos de convicción que se incorporen al procedimiento y con respeto de las garantías legales. Otros resultados desfavorables en litigios internacionales Los cuestionamientos no se limitan al procedimiento de Discovery. En septiembre de 2026, una publicación de Perú21 informó sobre una nueva decisión desfavorable para la Municipalidad de Lima en Francia, vinculada con el litigio relacionado con la concesión de Línea Amarilla y Lima Expresa. Según ese reporte, el tribunal de apelación de París no encontró pruebas de corrupción en los seis documentos cuya valoración cuestionaba la comuna al solicitar la anulación del laudo arbitral. La información se sumó a los cuestionamientos sobre los resultados de la estrategia jurídica internacional contratada por la gestión de López Aliaga. <Cite refs={[«turn506188search7»]}/> Cada procedimiento, sin embargo, tiene sus propios antecedentes, pretensiones y fundamentos jurídicos. Por ello, las decisiones adversas deben examinarse individualmente, sin asumir que todos los litigios tuvieron idéntico objeto o que un resultado desfavorable demuestra automáticamente negligencia profesional. La Municipalidad de Lima defiende el trabajo del estudio Consultada por La República, la Municipalidad sostuvo que Boies Schiller Flexner realizó actuaciones procesales orientadas a los objetivos establecidos, aunque reconoció que se presentaron dificultades y que hubo un primer pronunciamiento judicial desfavorable. La comuna también indicó que el proceso de Discovery permitió obtener una primera entrega de documentos en abril de 2026. Según su versión, esos