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Ahora Nación propone pago anticipado de créditos para mypes sin penalidades

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El grupo parlamentario Ahora Nación presentó un proyecto de ley que busca permitir que las micro y pequeñas empresas puedan realizar el pago anticipado, total o parcial, de sus créditos empresariales sin que las entidades financieras puedan imponer penalidades, comisiones u otros cargos por dicha decisión. La propuesta busca otorgar mayores facilidades a las mypes que, debido a una mejora en su situación económica o al incremento de su liquidez, tengan la posibilidad de reducir o cancelar anticipadamente las obligaciones financieras asumidas para desarrollar sus actividades empresariales. ¿Qué busca cambiar la propuesta? La iniciativa plantea establecer reglas específicas para que las micro y pequeñas empresas puedan ejercer el derecho al pago anticipado de sus créditos en cualquier momento. De esta manera, una empresa no tendría que esperar hasta el vencimiento del préstamo para cancelar su deuda, sino que podría utilizar recursos disponibles para reducir el capital pendiente y, con ello, disminuir el costo financiero asociado a los periodos posteriores. Pagos anticipados podrían ser totales o parciales Uno de los principales aspectos de la propuesta es que el pago anticipado podría realizarse de manera total o parcial. Esto permitiría que una mype que no cuenta con los recursos suficientes para cancelar completamente su crédito pueda efectuar una amortización parcial y reducir el saldo de su deuda. La medida busca brindar mayor flexibilidad financiera a los pequeños negocios, permitiéndoles decidir cuándo y cuánto de su obligación desean cancelar anticipadamente. Sin penalidades ni comisiones por el prepago El proyecto plantea prohibir que las entidades financieras cobren penalidades, comisiones, compensaciones o cargos similares como consecuencia de que una mype decida cancelar anticipadamente su crédito. El objetivo es evitar que el empresario tenga que asumir un costo adicional simplemente por adelantar el cumplimiento de una obligación financiera. También se reducirían los intereses futuros Otro de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con los intereses. Al efectuarse un pago anticipado, los intereses, comisiones y gastos correspondientes al periodo posterior a la fecha efectiva del pago deberían dejar de generarse, en la medida que estén vinculados al capital que ya fue cancelado. Así, la empresa podría reducir el costo total del financiamiento al no tener que asumir intereses correspondientes a un periodo en el que la deuda ya fue total o parcialmente amortizada. Las mypes podrían reducir el monto o el plazo del crédito En caso de realizar un pago anticipado parcial, la propuesta contempla mecanismos para que la empresa pueda beneficiarse de la reducción de su obligación. La mype podría optar por disminuir el monto de las cuotas que debe pagar, manteniendo el plazo inicialmente establecido, o reducir el número de cuotas y terminar de cancelar el crédito en un periodo menor. Esta alternativa permitiría que cada empresa pueda elegir la modalidad que mejor se adapte a su capacidad de pago y planificación financiera. La propuesta busca fortalecer la liquidez de las pequeñas empresas El planteamiento de Ahora Nación parte de la necesidad de brindar mayores herramientas financieras a las micro y pequeñas empresas. Una mype que recibe ingresos extraordinarios, aumenta sus ventas o mejora temporalmente su liquidez podría utilizar parte de esos recursos para disminuir sus obligaciones financieras sin que dicha decisión implique el pago de penalidades. Esto podría permitir que los empresarios reduzcan su nivel de endeudamiento y destinen posteriormente mayores recursos a sus actividades productivas. Liquidación de la deuda antes del pago La propuesta también plantea que las empresas puedan solicitar información detallada sobre el monto necesario para realizar el pago anticipado. La liquidación debería permitir conocer el capital pendiente, los intereses generados, las obligaciones vencidas y otros conceptos que correspondan hasta la fecha efectiva de cancelación. Con ello se busca otorgar mayor transparencia al proceso y permitir que la empresa conozca exactamente cuánto debe pagar para reducir o cancelar su deuda. ¿Qué entidades estarían comprendidas? La iniciativa plantea reglas aplicables a las entidades que participan en el financiamiento de las micro y pequeñas empresas. Entre ellas se encuentran las empresas del sistema financiero, el Banco de la Nación, el Banco Agropecuario y las cooperativas de ahorro y crédito comprendidas dentro del marco de supervisión correspondiente. El alcance definitivo dependerá, sin embargo, del texto que eventualmente sea aprobado durante el procedimiento legislativo. No se eliminarían todos los gastos asociados al crédito La propuesta diferencia entre las penalidades o comisiones derivadas del pago anticipado y determinados gastos que pueden generarse como consecuencia de la cancelación de garantías. Por ello, determinados gastos notariales o registrales que hayan sido efectivamente realizados y que estén debidamente sustentados podrían mantenerse, dependiendo de las condiciones establecidas en la eventual norma. La finalidad es impedir cobros adicionales injustificados, pero sin desconocer determinados costos efectivamente generados por la cancelación de una operación crediticia. La SBS tendría un papel de supervisión El proyecto también contempla la participación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en la implementación y supervisión de las disposiciones propuestas. La SBS tendría que establecer, dentro de sus competencias, las disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas en caso de que la iniciativa sea aprobada. Una medida dirigida a facilitar el acceso al financiamiento La propuesta también busca mejorar las condiciones en las que las mypes acceden al sistema financiero. Para los pequeños empresarios, la posibilidad de cancelar anticipadamente un crédito sin penalidades podría convertirse en una herramienta para administrar mejor sus recursos y reducir el costo financiero de sus operaciones. El proyecto plantea que el financiamiento no debería convertirse en una limitación para aquellos negocios que posteriormente adquieren la capacidad económica de cancelar sus obligaciones antes del plazo originalmente previsto. La propuesta todavía debe seguir el trámite parlamentario Es importante precisar que se trata de un proyecto de ley y no de una norma vigente. La iniciativa deberá ser evaluada por las comisiones correspondientes del Congreso y continuar con las diferentes etapas del procedimiento legislativo antes de que pueda convertirse eventualmente en ley. Por ello, las mypes no pueden exigir actualmente este beneficio únicamente en función de la propuesta presentada por

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Jueza aplica Ley 32107 sobre delitos de lesa humanidad pese a controversia constitucional

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La Ley N.° 32107 vuelve a ocupar el centro del debate jurídico nacional a raíz de decisiones judiciales relacionadas con la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el Perú. La controversia se origina en la aplicación de una norma que establece que los hechos ocurridos antes del 1 de julio de 2002 deben ser analizados bajo las reglas previstas por el Código Penal de 1991, incluidos los plazos de prescripción correspondientes. El Tribunal Constitucional declaró constitucional la Ley 32107 En diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional resolvió las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 32107. El TC informó que las demandas fueron declaradas infundadas debido a que no se alcanzaron los cinco votos conformes necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Cuatro magistrados votaron por su constitucionalidad con criterio interpretativo, mientras que tres magistrados votaron por la inconstitucionalidad. En consecuencia, el Tribunal Constitucional señaló que, conforme a la normativa vigente, la Ley 32107 es constitucional tal como se encuentra redactada. ¿Qué establece la Ley 32107? La Ley 32107 precisa los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del ordenamiento jurídico peruano. Uno de sus principales efectos está relacionado con la fecha desde la cual pueden aplicarse las disposiciones del Estatuto de Roma en el Perú. De acuerdo con la explicación oficial del Tribunal Constitucional, los delitos cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma para el Perú, se encuentran comprendidos dentro de sus reglas. Para hechos anteriores, la norma dispone que se apliquen las disposiciones del Código Penal de 1991, incluidos sus plazos de prescripción. La aplicación de la norma no significa que todos los casos anteriores al 2002 estén automáticamente prescritos Un aspecto importante es que la aplicación de la Ley 32107 no implica que todos los procesos por hechos ocurridos antes del 1 de julio de 2002 deban archivarse automáticamente. La determinación de la prescripción requiere analizar cada delito, las fechas correspondientes, las reglas del Código Penal aplicables y las circunstancias particulares de cada proceso. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso Cayara, donde una sala judicial aplicó la Ley 32107, pero concluyó que determinados delitos todavía no habían prescrito. Juez Jorge Chávez Tamariz decidió inaplicar la norma en un caso concreto En marzo de 2026, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, emitió una decisión en la que inaplicó la Ley 32107 mediante control constitucional y convencional. La resolución sostuvo que la regla de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad constituye una norma imperativa del derecho internacional, conocida como ius cogens, y cuestionó la compatibilidad de la Ley 32107 con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano. La decisión judicial cuestionó la aplicación de la Ley 32107 El juez sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en los casos Barrios Altos vs. Perú y La Cantuta vs. Perú, ha establecido criterios relacionados con la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos. A partir de esos antecedentes, la resolución consideró que la aplicación de la Ley 32107 podía entrar en conflicto con obligaciones internacionales y con el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los hechos investigados. El control difuso fue uno de los argumentos centrales Uno de los argumentos utilizados por el magistrado fue que los jueces pueden ejercer control difuso cuando, pese a existir una declaración abstracta de constitucionalidad, la aplicación de una norma a un caso concreto pudiera generar una incompatibilidad constitucional. La resolución citó jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional para sostener que la declaración de constitucionalidad de una norma no necesariamente impediría que, bajo determinadas circunstancias concretas, un juez evalúe su aplicación mediante control judicial de constitucionalidad. La controversia entre constitucionalidad y convencionalidad El caso evidencia una discusión jurídica de especial relevancia: por un lado, el Tribunal Constitucional ha señalado que la Ley 32107 es constitucional; por otro, una resolución judicial sostuvo que determinadas obligaciones internacionales vinculadas con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad justificaban su inaplicación en un caso concreto. Esta diferencia plantea interrogantes sobre los límites del control difuso, el control de convencionalidad y la relación entre las decisiones del Tribunal Constitucional y la obligación de los jueces de aplicar los tratados internacionales sobre derechos humanos. El TC sostuvo que no hubo los votos suficientes para declarar inconstitucional la ley La posición oficial del Tribunal Constitucional es que las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 32107 no alcanzaron los cinco votos requeridos para expulsar la norma del ordenamiento jurídico. Por ello, el TC comunicó que la ley mantiene su vigencia y constitucionalidad. La sentencia corresponde a los expedientes acumulados 00009-2024-PI/TC y 00023-2024-PI/TC. La posición del juez se apoyó en el derecho internacional En su resolución, el juez Chávez Tamariz sostuvo que las reglas internacionales sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad tendrían naturaleza de ius cogens, es decir, normas imperativas del derecho internacional que no pueden ser dejadas de lado mediante acuerdos o disposiciones internas. La decisión también invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana para fundamentar la necesidad de evaluar la compatibilidad de la norma nacional con las obligaciones internacionales del Estado peruano. El debate alcanza a numerosos procesos por violaciones de derechos humanos La Ley 32107 tiene especial importancia en procesos judiciales vinculados con hechos ocurridos durante el periodo de violencia interna registrado en el Perú, particularmente aquellos investigados como posibles graves violaciones de derechos humanos. Su aplicación puede modificar la calificación jurídica de determinados hechos y, dependiendo del delito y del momento en que ocurrieron los hechos, generar la necesidad de evaluar si la acción penal continúa vigente o si ha operado la prescripción. No todos los jueces han adoptado la misma posición Las decisiones judiciales producidas después de la sentencia del Tribunal Constitucional muestran que la aplicación de la Ley

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Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro

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La conductora de televisión Magaly Medina denunció públicamente una nueva amenaza contra su integridad y la de su familia. Durante la emisión de su programa, la periodista mostró un mensaje en el que se le exigiría el pago de un millón de dólares a cambio de evitar un presunto secuestro. Según relató Medina, el mensaje contiene información sobre sus desplazamientos, los lugares que frecuenta y referencias a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. La conductora manifestó su preocupación debido al nivel de detalle incluido en la amenaza. El mensaje exige un millón de dólares De acuerdo con el contenido mostrado por la periodista, los autores de la amenaza le estarían solicitando US$1 millón de manera conjunta con su esposo. Además, el mensaje sostiene que quienes lo enviaron tendrían identificados sus movimientos. La amenaza también hace referencia al secuestro del empresario minero James Lara, presentado en el mensaje como una supuesta muestra del accionar de quienes estarían detrás de la intimidación. El mensaje se atribuye a integrantes de ‘Los Pulpos’ Uno de los elementos que generó mayor preocupación fue que el mensaje mostrado por Medina se atribuye a presuntos integrantes de la organización criminal conocida como ‘Los Pulpos’. Sin embargo, es importante precisar que esta atribución corresponde al contenido de la amenaza difundida por la conductora y no significa que la autoría haya sido confirmada oficialmente por las autoridades. La denuncia deberá ser materia de investigación para determinar quiénes enviaron realmente los mensajes y si existe una organización criminal detrás de ellos. También mencionan a su esposo y los lugares que frecuenta El mensaje no solamente estaría dirigido contra Magaly Medina, sino que también menciona a su esposo, Alfredo Zambrano. Según la conductora, los responsables aseguran conocer información relacionada con sus desplazamientos y lugares habituales. Esta circunstancia incrementó la preocupación de Medina, debido a que la amenaza no se limitaría a una exigencia económica, sino que incluiría referencias a información personal y a los movimientos de la pareja. Magaly Medina responsabiliza a Jefferson Farfán por exponer información sobre sus movimientos Durante su programa, Medina sostuvo que las nuevas amenazas estarían relacionadas con la difusión de información sobre sus desplazamientos y el lugar donde realiza su servicio comunitario. La conductora responsabilizó públicamente a Jefferson Farfán de haber contribuido a exponer información que, según su versión, habría incrementado los riesgos para su seguridad. Medina cuestionó que se hayan difundido públicamente detalles sobre el vehículo en el que se moviliza y otros aspectos relacionados con su rutina. La periodista recuerda amenazas anteriores Magaly Medina también recordó que no sería la primera vez que recibe amenazas. La conductora afirmó que durante años ha sido objeto de intimidaciones y que anteriormente comunicó estos hechos ante distintas instancias. Según su relato, en ocasiones anteriores incluso habría recibido amenazas relacionadas con posibles ataques contra su integridad física. Por ello, considera que la nueva exigencia económica representa una situación especialmente delicada. La seguridad de su familia también está en alerta La denuncia adquiere una mayor dimensión debido a que el mensaje incluye referencias al esposo de Medina y a información sobre el entorno de la conductora. La periodista manifestó públicamente su preocupación por la seguridad de su familia y cuestionó que información sobre sus actividades y desplazamientos haya quedado expuesta. La situación plantea además la necesidad de que las autoridades determinen si existe un riesgo real y quiénes serían responsables de las amenazas. Investigación deberá determinar la procedencia de los mensajes La existencia del mensaje difundido públicamente no permite, por sí sola, establecer quiénes son sus autores. Será necesario que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para determinar el origen de las comunicaciones, identificar a los responsables y establecer si existe una organización criminal involucrada. Asimismo, deberá determinarse si la exigencia de dinero constituye un intento de extorsión y si existe un riesgo concreto de que se produzca un secuestro u otro ataque contra la conductora o su entorno familiar. El caso vuelve a poner en debate la problemática de las extorsiones La denuncia de Magaly Medina ocurre en un contexto marcado por el incremento de amenazas y extorsiones contra personas públicas, empresarios y ciudadanos en distintas zonas del país. La modalidad denunciada combina una exigencia económica con amenazas contra la integridad física de la víctima. En este caso, además, el mensaje habría incorporado información sobre los desplazamientos de la conductora, un elemento que aumenta la gravedad de la denuncia. La amenaza aún debe ser investigada Aunque Medina ha identificado públicamente a ‘Los Pulpos’ como la organización a la que se atribuye el mensaje, corresponde a las autoridades establecer la verdadera procedencia de la amenaza. La investigación deberá determinar si quienes enviaron las comunicaciones pertenecen efectivamente a dicha organización, si utilizaron su nombre para intimidar a la víctima o si existe otra estructura criminal detrás de la exigencia económica. Magaly Medina pide atención ante el riesgo La conductora ha expresado públicamente su preocupación y ha dejado constancia de que considera que su seguridad y la de su familia se encuentran en riesgo. El caso deberá ser evaluado por las autoridades competentes, especialmente debido a que la amenaza contiene una exigencia económica de elevada cuantía y referencias a información relacionada con los movimientos de la periodista y su esposo. Un caso que genera preocupación La denuncia de Magaly Medina vuelve a colocar en el centro de la atención pública la problemática de las extorsiones y amenazas vinculadas al crimen organizado. La exigencia de US$1 millón, acompañada de una amenaza de secuestro y referencias a los movimientos de la víctima, representa un hecho que deberá ser esclarecido mediante una investigación oficial. Mientras tanto, la atribución del mensaje a ‘Los Pulpos’ debe mantenerse como una versión contenida en la amenaza y denunciada por la conductora, hasta que las autoridades determinen quiénes son realmente los responsables. Noticias Relacionadas Magaly Medina denuncia amenaza de secuestro septiembre 11, 2026 La conductora de televisión Magaly Medina denunció públicamente una nueva amenaza contra su integridad y la de su familia. Durante la emisión de su programa,

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Ahora Nación plantea prohibir uniones de hecho con menores de 18 años y sancionar su promoción

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La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta Valencia, presentó un proyecto de ley denominado “Ley que prohíbe las uniones de hecho infantiles y erradica su impunidad”, con el objetivo de impedir que las convivencias que involucren a menores de 18 años puedan recibir reconocimiento jurídico en el Perú. La iniciativa busca modificar el artículo 326 del Código Civil y establecer que toda unión de hecho o convivencia en la que uno o ambos integrantes sean menores de edad sea considerada nula de pleno derecho y carezca de efectos jurídicos. La propuesta busca cerrar un vacío legal De acuerdo con la parlamentaria, la iniciativa pretende cerrar espacios que podrían permitir la normalización o reconocimiento de convivencias que involucren a niñas, niños y adolescentes. El proyecto plantea que estas uniones no puedan ser reconocidas, inscritas ni declaradas judicialmente, reforzando así la protección jurídica de los menores frente a situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué plantea modificar en el Código Civil? La propuesta legislativa plantea modificar el artículo 326 del Código Civil para establecer expresamente que las uniones de hecho en las que uno o ambos integrantes sean menores de 18 años sean nulas. Asimismo, se busca impedir que estas convivencias puedan obtener reconocimiento mediante procedimientos administrativos, registrales o judiciales. Penas de hasta ocho años por obligar a un menor a convivir El proyecto también plantea incorporar el artículo 151-B al Código Penal para sancionar a quienes obliguen, induzcan o determinen a una persona menor de edad a iniciar o mantener una unión de hecho. La pena propuesta sería de cuatro a ocho años de prisión cuando la conducta se produzca mediante violencia, amenaza, coacción, engaño, abuso de poder, dependencia económica o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. La pena podría llegar hasta los 10 años La iniciativa establece una agravante cuando el responsable sea un ascendiente, tutor, curador o una persona que ejerza una posición de particular autoridad o confianza sobre el menor. En estos casos, la pena propuesta aumentaría de seis a diez años de prisión, debido a la especial relación de poder o confianza existente entre el responsable y la víctima. También se sancionaría la promoción y organización El proyecto incorpora además el artículo 151-C al Código Penal, destinado a sancionar a quienes promuevan, organicen, acuerden o contribuyan a la realización de una unión de hecho con un menor de edad. Para estas conductas, la propuesta contempla una pena de cinco a ocho años de prisión. No solo se sancionaría a quien obligue al menor Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que la responsabilidad penal no recaería únicamente sobre quien ejerza violencia o coacción directamente contra el menor. La propuesta también busca alcanzar a las personas que intervengan en la organización, promoción o facilitación de estas convivencias, con el objetivo de evitar que terceros contribuyan a que una unión con un menor llegue a concretarse o mantenerse. La nulidad no eliminaría otros derechos del menor El proyecto precisa que declarar nula una unión de hecho no significaría eliminar las obligaciones que correspondan respecto de los menores involucrados. Entre ellas se encuentran las obligaciones relacionadas con la filiación, los alimentos, la reparación por daños y la protección frente a situaciones de violencia. Estos derechos mantendrían su carácter irrenunciable. Buscan reforzar la protección de niñas y adolescentes La diputada Marleny Arminta sostuvo que el Estado debe adoptar medidas concretas para evitar que las convivencias con menores sean normalizadas bajo una figura jurídica. La iniciativa parte de la necesidad de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones que puedan afectar su desarrollo, proyecto de vida, integridad y autonomía. La propuesta también apunta a prevenir situaciones de violencia La iniciativa legislativa considera que determinadas convivencias pueden producirse en contextos de violencia, dependencia económica, presión familiar o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad. Por ello, además de eliminar cualquier posibilidad de reconocimiento jurídico de estas uniones, plantea establecer consecuencias penales para quienes intervengan en su imposición, promoción o facilitación. Proyecto será evaluado en el Congreso La propuesta legislativa ha sido derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde deberá continuar su procedimiento parlamentario antes de que pueda ser debatida y eventualmente aprobada. Por tratarse de un proyecto de ley, las medidas planteadas todavía no constituyen obligaciones vigentes ni implican que las penas propuestas ya formen parte del Código Penal. Una iniciativa que busca modificar dos cuerpos normativos La propuesta tiene un componente civil y otro penal. Por un lado, pretende modificar el régimen de las uniones de hecho establecido en el Código Civil; por otro, busca incorporar nuevos delitos y agravantes en el Código Penal. De esta manera, el proyecto plantea combinar la nulidad jurídica de las convivencias con menores con sanciones penales dirigidas contra quienes intervengan en su imposición o promoción. Debate sobre la protección de menores La iniciativa se incorpora al debate legislativo sobre las medidas que debe adoptar el Estado para prevenir las uniones tempranas y proteger a las personas menores de edad frente a situaciones de violencia o vulnerabilidad. Su eventual aprobación dependerá del análisis de las comisiones correspondientes y de las decisiones que posteriormente adopte el Congreso durante el procedimiento legislativo. ¿Qué propone concretamente Ahora Nación? En términos generales, el proyecto plantea cuatro medidas principales: prohibir y declarar nulas las uniones de hecho que involucren a menores de 18 años; impedir su reconocimiento o inscripción; sancionar a quienes obliguen o induzcan a un menor a mantener una convivencia; y establecer penas para quienes promuevan, organicen o faciliten estas uniones. Conclusión La iniciativa presentada por Ahora Nación busca establecer una prohibición expresa de las uniones de hecho que involucren a menores de 18 años y reforzar la respuesta penal frente a quienes participen en estas situaciones. El proyecto plantea penas que podrían llegar hasta los 10 años de prisión en determinados supuestos y propone modificar tanto el Código Civil como el Código Penal. Sin embargo, sus disposiciones todavía deberán ser evaluadas y debatidas dentro del Congreso antes de determinarse si se convierten en ley.

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Gobierno dispone reorganización del Ministerio de Salud mediante el DS N.º 014-2026-SA

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El Poder Ejecutivo declaró en reorganización al Ministerio de Salud (Minsa) por un plazo de 90 días calendario mediante el Decreto Supremo N.º 014-2026-SA, publicado el 9 de septiembre de 2026 en el diario oficial El Peruano. La medida tiene como finalidad evaluar de manera integral la situación administrativa, organizacional y de gestión de la entidad, así como proponer las acciones y medidas de reforma que resulten necesarias para mejorar su funcionamiento. ¿Por qué se dispuso la reorganización del Minsa? De acuerdo con los considerandos de la norma, durante el proceso de transferencia de gestión y las primeras acciones desarrolladas por la nueva administración se identificaron diversas limitaciones, brechas y deficiencias de carácter organizacional y funcional. Estas situaciones estarían afectando la articulación entre las diferentes unidades de organización del Ministerio de Salud, sus programas y los organismos públicos adscritos, así como la distribución y el ejercicio de sus funciones y competencias. Evaluarán la estructura y funcionamiento de la institución El proceso de reorganización permitirá realizar una revisión integral de la organización y funcionamiento del Minsa, con el propósito de identificar problemas que puedan estar afectando la eficiencia institucional. Entre los aspectos que serán examinados se encuentran posibles duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones, además de los mecanismos de coordinación existentes entre las distintas áreas y entidades vinculadas al sector Salud. La reorganización tendrá una duración de 90 días El Decreto Supremo N.º 014-2026-SA establece expresamente que el Ministerio de Salud permanecerá en reorganización durante un periodo de 90 días calendario. Durante este plazo se deberán realizar las evaluaciones correspondientes y determinar las medidas de reforma que permitan adecuar la organización del ministerio a las necesidades actuales del sector. Diagnóstico deberá estar listo en 60 días Una de las primeras acciones será la elaboración de un diagnóstico sobre la situación administrativa, organizacional y de gestión del Ministerio de Salud. La Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización deberá presentar al Despacho Ministerial un informe con los resultados de este análisis dentro de los 60 días calendario contados desde la emisión del decreto. Propondrán una nueva estructura orgánica El proceso no se limitará a realizar un diagnóstico. Dentro de los 90 días establecidos, la Oficina de Organización y Modernización deberá presentar un segundo informe que contenga las medidas de reforma que correspondan y una propuesta de nueva estructura orgánica para el Ministerio de Salud. Las conclusiones y recomendaciones deberán ser previamente consensuadas con los órganos de Alta Dirección del Minsa. Revisarán posibles duplicidades y superposición de funciones Uno de los objetivos centrales de la reorganización será determinar si existen funciones que se encuentran duplicadas o superpuestas entre las distintas unidades del ministerio, sus programas y organismos públicos adscritos. También se analizarán posibles vacíos o fragmentaciones de responsabilidades que puedan dificultar la coordinación y afectar la capacidad institucional para responder oportunamente a las necesidades del sector. Buscan fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud El Ejecutivo sostiene que la reorganización permitirá fortalecer el ejercicio de la rectoría del Ministerio de Salud y mejorar su capacidad de coordinación dentro del sector. La revisión de la estructura institucional busca orientar de manera más eficiente los recursos y capacidades disponibles hacia el cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de salud. Programas y organismos adscritos deberán colaborar El decreto también establece que las unidades de organización del Ministerio de Salud, así como sus programas y organismos públicos adscritos, deberán brindar asistencia técnica y responder oportunamente a los requerimientos que formule la Oficina de Organización y Modernización o los órganos de Alta Dirección. Esta disposición busca garantizar que la evaluación cuente con la información necesaria para determinar las reformas que correspondan. La medida no contempla recursos adicionales del Tesoro Público La implementación de las disposiciones previstas en el decreto supremo será financiada con cargo al presupuesto institucional del propio Ministerio de Salud. La norma precisa que la reorganización no deberá demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Nueva estructura dependerá de los resultados del diagnóstico La declaración de reorganización no significa, por sí misma, que se hayan dispuesto despidos, eliminación inmediata de oficinas o desaparición de organismos. El decreto establece principalmente un proceso de evaluación y reforma. Las modificaciones concretas a la estructura del ministerio deberán sustentarse en los resultados del diagnóstico y en las propuestas que se presenten al finalizar el periodo de 90 días. Reorganización apunta a mejorar la atención en salud El Ejecutivo vincula la reorganización con la necesidad de mejorar la capacidad institucional del sector para responder a las necesidades de la población. La norma señala que la revisión de la estructura y funcionamiento del Minsa busca contribuir al fortalecimiento de la gestión y al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, País Saludable”. ¿Qué ocurrirá durante los próximos 90 días? Durante los primeros 60 días deberá elaborarse el diagnóstico de la situación administrativa, organizacional y de gestión del Minsa. Posteriormente, dentro del plazo total de 90 días, deberán presentarse las medidas de reforma y la propuesta de una nueva estructura orgánica. De esta manera, el Gobierno busca que el proceso de reorganización concluya con propuestas concretas destinadas a corregir las deficiencias identificadas y mejorar el funcionamiento institucional. ¿Qué establece el DS N.º 014-2026-SA? En términos concretos, el Decreto Supremo N.º 014-2026-SA establece tres aspectos principales: declara al Ministerio de Salud en reorganización por 90 días, ordena la elaboración de un diagnóstico en un plazo de 60 días y dispone que, al término del proceso, se presente una propuesta de reformas y una nueva estructura orgánica. El alcance definitivo de los cambios dependerá de los resultados de esta evaluación y de las medidas que sean finalmente aprobadas. Conclusión La reorganización del Ministerio de Salud representa una revisión integral de su estructura administrativa, organizacional y funcional. El Gobierno busca identificar las principales limitaciones que afectan la coordinación y capacidad de respuesta del sector y, a partir de ese diagnóstico, plantear reformas institucionales. Los informes que deberán presentarse durante los

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Nuevo TLC entre Perú y Tailandia impulsará el comercio y las inversione

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El nuevo Tratado de Libre Comercio entre Perú y Tailandia representa un importante paso para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. El acuerdo busca ampliar las oportunidades de intercambio, facilitar el acceso a mercados y generar mejores condiciones para las empresas de ambas naciones. La entrada en vigor y aplicación de este acuerdo permitirá profundizar los vínculos comerciales que Perú mantiene con el mercado asiático y abrir nuevas posibilidades para los sectores productivos nacionales. Perú busca ampliar su presencia en el mercado asiático Uno de los principales objetivos del acuerdo es consolidar la presencia de los productos peruanos en Tailandia y, a través de este mercado, fortalecer la conexión comercial con el sudeste asiático. El TLC permitirá establecer condiciones comerciales más favorables para determinados productos y servicios, facilitando que empresas peruanas puedan competir en mejores condiciones dentro de un mercado internacional con importantes posibilidades de crecimiento. Más oportunidades para las exportaciones peruanas El acuerdo comercial puede beneficiar a diversos sectores vinculados con las exportaciones peruanas. Entre los productos con posibilidades de ampliar su presencia en el mercado tailandés se encuentran los relacionados con el sector agroexportador, pesquero, minero y otros productos con potencial de demanda en los mercados asiáticos. La reducción o eliminación de determinadas barreras comerciales permitirá mejorar las condiciones de acceso y contribuir a que más empresas puedan evaluar oportunidades de internacionalización. Tailandia fortalece su relación comercial con Perú Para Tailandia, el acuerdo también representa una oportunidad para fortalecer sus vínculos económicos con el Perú y ampliar su participación en el mercado sudamericano. Las empresas tailandesas podrán encontrar nuevas posibilidades para desarrollar actividades comerciales e inversiones, mientras que los consumidores peruanos podrían acceder a una mayor variedad de productos y servicios provenientes de ese país. El impacto del TLC en las inversiones Uno de los aspectos relevantes del nuevo acuerdo está relacionado con la posibilidad de impulsar las inversiones entre Perú y Tailandia. Un marco comercial más estable puede generar mejores condiciones para que empresas de ambos países evalúen proyectos de inversión, alianzas comerciales y nuevas oportunidades de negocios. El fortalecimiento de las relaciones económicas también puede contribuir a generar mayor confianza entre los inversionistas y facilitar la identificación de nuevos sectores estratégicos. Nuevas oportunidades para las empresas peruanas El TLC no solo beneficiará a las grandes empresas. También puede generar oportunidades para pequeñas y medianas empresas que busquen ingresar a nuevos mercados internacionales. El acceso a información comercial, nuevos compradores y cadenas de distribución puede permitir que más empresas peruanas desarrollen estrategias de exportación hacia Tailandia y otros mercados de la región. Perú fortalece su estrategia de integración comercial El acuerdo forma parte de la estrategia peruana de ampliar y diversificar sus relaciones comerciales con diferentes regiones del mundo. La vinculación con economías asiáticas resulta especialmente importante debido al crecimiento de los mercados de esa región y a las posibilidades que ofrecen para los productos y servicios peruanos. Con este nuevo TLC, Perú busca continuar fortaleciendo su integración con el mercado internacional. Beneficios para consumidores y productores La apertura comercial también puede generar efectos positivos para los consumidores mediante una mayor variedad de productos y mejores condiciones de competencia. Para los productores, el principal desafío será aprovechar las nuevas oportunidades y cumplir con los requisitos sanitarios, técnicos y comerciales establecidos para ingresar al mercado tailandés. El reto será aprovechar las nuevas oportunidades Aunque el TLC abre nuevas posibilidades, su impacto dependerá de la capacidad de las empresas peruanas para aprovechar efectivamente las condiciones negociadas. Será necesario fortalecer la promoción comercial, identificar nuevos compradores y mejorar la competitividad de los productos nacionales para lograr una mayor presencia en Tailandia. Asimismo, las autoridades deberán continuar brindando información y acompañamiento a las empresas interesadas en ingresar a este mercado. Perú y Tailandia proyectan una relación comercial más sólida El nuevo acuerdo comercial marca un nuevo capítulo en las relaciones económicas entre Perú y Tailandia. La ampliación del comercio, el impulso a las inversiones y la generación de nuevas oportunidades empresariales podrían convertir al país asiático en un mercado cada vez más relevante para los productos y servicios peruanos. Conclusión El nuevo TLC entre Perú y Tailandia representa una oportunidad para fortalecer el comercio bilateral, promover nuevas inversiones y ampliar las posibilidades de internacionalización de las empresas peruanas. El acuerdo permitirá profundizar los vínculos económicos entre ambos países y abrir nuevas oportunidades en el mercado asiático. El desafío estará ahora en que las empresas peruanas aprovechen las condiciones comerciales alcanzadas y conviertan este acuerdo en mayores exportaciones, inversiones y oportunidades de crecimiento. Noticias Relacionadas Nuevo TLC entre Perú y Tailandia impulsará el comercio septiembre 8, 2026 El nuevo Tratado de Libre Comercio entre Perú y Tailandia representa un importante paso para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. El acuerdo busca ampliar las Concepción Carhuancho cuestiona fallos del TC a favor de septiembre 7, 2026   El suspendido juez Richard Concepción Carhuancho cuestionó duramente los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional relacionados con los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. En una Ahora Nación plantea eliminar comisiones por transferencias y pagos septiembre 6, 2026   La agrupación política Ahora Nación plantea impulsar medidas para que las entidades bancarias dejen de cobrar determinadas comisiones a sus clientes por operaciones financieras de uso frecuente,

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Concepción Carhuancho cuestiona fallos del TC a favor de Keiko Fujimori y Ollanta Humala

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  El suspendido juez Richard Concepción Carhuancho cuestionó duramente los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional relacionados con los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. En una entrevista publicada el 6 de septiembre de 2026, el magistrado sostuvo que las decisiones fueron “selectivas” y que el TC habría ingresado en ámbitos que corresponden a la jurisdicción ordinaria. Sus declaraciones se producen luego de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que modificaron el escenario jurídico de las investigaciones relacionadas con los aportes de campaña atribuidos a ambos políticos. Carhuancho defendió las decisiones que adoptó cuando tuvo a su cargo dichos procesos y cuestionó el cambio de criterio jurisprudencial posterior. Carhuancho acusa al TC de decisiones selectivas El magistrado afirmó que, particularmente en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, el Tribunal Constitucional habría adoptado decisiones selectivas que terminaron favoreciendo a determinados investigados. Según su interpretación, el problema radica en que el TC habría evaluado aspectos relacionados con la tipicidad de las conductas investigadas, pese a que anteriormente ese mismo órgano había establecido que determinar si un hecho constituye o no delito corresponde, en principio, a la justicia ordinaria. Cuestiona una supuesta invasión de la justicia ordinaria Carhuancho sostuvo que un juez constitucional no debería ingresar a determinar cuestiones propias del proceso penal ordinario cuando estas corresponden a los jueces especializados. Como ejemplo, mencionó que en anteriores decisiones el propio Tribunal Constitucional habría señalado que no correspondía pronunciarse sobre la tipicidad o atipicidad de determinadas conductas porque ello era competencia de la jurisdicción ordinaria. El caso de Keiko Fujimori El juez recordó que fue quien evaluó inicialmente el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori en el denominado caso Cócteles. En ese momento, sostuvo que actuó conforme a las atribuciones que le correspondían y que su decisión fue revisada posteriormente por otras instancias judiciales. Carhuancho también recordó que la excarcelación de Fujimori se produjo luego de una votación dividida en el Tribunal Constitucional. Según explicó, el fallo no establecía entonces que los aportes de campaña investigados fueran necesariamente atípicos. También se refiere al caso de Ollanta Humala Respecto del proceso contra Ollanta Humala, el magistrado explicó que en su momento evaluó una excepción de improcedencia de acción relacionada con los aportes de campaña. Según su relato, su decisión fue posteriormente confirmada por la instancia superior y por la Corte Suprema, que en aquel momento consideraban que los hechos atribuidos podían ser materia de persecución penal. El cambio de criterio sobre los aportes de campaña Uno de los principales cuestionamientos formulados por Carhuancho está relacionado con el cambio de interpretación respecto de los aportes de campaña de presunta procedencia ilícita. El magistrado señaló que anteriormente existía una línea jurisprudencial que consideraba que determinados aportes podían tener relevancia penal, mientras que posteriormente el Tribunal Constitucional estableció criterios distintos en los casos de Fujimori y Humala. Carhuancho cuestiona el criterio del TC El juez sostuvo que la actual composición del Tribunal Constitucional habría utilizado argumentos que, desde su perspectiva, tienen un componente más político que jurídico. Carhuancho cuestionó particularmente que el tribunal haya ingresado a determinar si determinados hechos constituían delito, cuando anteriormente había mantenido una posición más restrictiva respecto de la intervención de la justicia constitucional en asuntos propios de la jurisdicción penal ordinaria. El caso de Susana de la Puente Durante la entrevista, Carhuancho también hizo referencia al caso de Susana de la Puente Wiese y a la discusión sobre la naturaleza penal de los aportes de campaña. El magistrado explicó que en determinados casos se consideró relevante que el dinero hubiera sido canalizado mediante el sistema bancario, debido a que ello permitiría rastrear su origen. Sin embargo, expresó sus reparos frente a utilizar ese elemento como criterio determinante para establecer la inexistencia de responsabilidad penal. El juez dice que también archivó investigaciones Carhuancho recordó que, pese a no compartir algunos criterios jurisprudenciales, en determinados casos procedió a archivar investigaciones para mantener un trato igualitario frente a situaciones jurídicas similares. Mencionó específicamente los casos de Pedro Pablo Kuczynski y Lourdes Flores, en los que señaló que aplicó los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, aunque dejó constancia de su posición discrepante. Cuestionamientos por su actuación como juez Las declaraciones también se producen en un contexto de cuestionamientos disciplinarios contra Carhuancho. El magistrado se encuentra suspendido y enfrenta procedimientos relacionados con decisiones adoptadas durante el ejercicio de sus funciones. El juez sostiene que algunas de estas investigaciones ya fueron previamente archivadas por la Autoridad Nacional de Control y considera que no debería ser investigado nuevamente por los mismos hechos. Carhuancho cuestiona intervención de la JNJ El magistrado también criticó que el Tribunal Constitucional haya remitido información a la Junta Nacional de Justicia respecto de su actuación. Según Carhuancho, existían antecedentes de investigaciones disciplinarias que ya habían sido archivadas por la autoridad correspondiente. Por ello, considera que la apertura de nuevos procedimientos podría vulnerar el principio de que una persona no sea perseguida disciplinariamente dos veces por los mismos hechos. Defiende las decisiones que tomó contra Fujimori y Humala Frente a los cuestionamientos actuales, Carhuancho defendió las decisiones que adoptó cuando tuvo a su cargo los procesos contra Keiko Fujimori y Ollanta Humala. El magistrado sostuvo que en aquel momento actuó conforme a la legislación y a la jurisprudencia vigente, y que sus decisiones fueron revisadas por instancias superiores. “Yo he cumplido con mis funciones” Carhuancho reiteró que las medidas de prisión preventiva que dictó en determinados procesos respondieron a la evaluación concreta de los requisitos legales existentes en cada expediente. El juez rechazó la idea de que aplicara automáticamente la prisión preventiva y sostuvo que existieron casos en los que decidió no imponer esta medida. Una controversia que enfrenta al TC con la justicia ordinaria Las declaraciones de Carhuancho reabren el debate sobre los límites entre la justicia constitucional y la justicia penal ordinaria. El punto central de la controversia es determinar hasta dónde puede llegar el Tribunal Constitucional al revisar decisiones judiciales y si puede pronunciarse sobre aspectos

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Ahora Nación plantea eliminar comisiones por transferencias y pagos con tarjetas de crédito

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  La agrupación política Ahora Nación plantea impulsar medidas para que las entidades bancarias dejen de cobrar determinadas comisiones a sus clientes por operaciones financieras de uso frecuente, entre ellas las transferencias bancarias y los pagos efectuados mediante tarjetas de crédito. La propuesta busca reducir los costos que enfrentan los usuarios del sistema financiero y facilitar el acceso a servicios bancarios, especialmente para quienes realizan de manera constante operaciones digitales y pagos electrónicos. ¿Qué comisiones se busca eliminar? El planteamiento pone el foco en dos tipos de operaciones que forman parte de las actividades financieras cotidianas: las transferencias bancarias y los pagos de tarjetas de crédito. La iniciativa busca que estas operaciones no generen cobros adicionales para los usuarios, bajo el argumento de que el desarrollo de la banca digital y los sistemas electrónicos permite procesar estas transacciones con menores costos operativos. Impacto para los usuarios de bancos De concretarse una medida de este tipo, los principales beneficiados serían los clientes que realizan transferencias con frecuencia o que utilizan tarjetas de crédito como mecanismo habitual de pago. La eliminación de determinadas comisiones podría representar un ahorro acumulado para las familias y trabajadores que efectúan múltiples operaciones durante el mes. Transferencias bancarias bajo la lupa Las transferencias se han convertido en una de las operaciones más utilizadas dentro del sistema financiero peruano. Las aplicaciones móviles y plataformas digitales permiten enviar dinero entre cuentas de manera prácticamente inmediata. Sin embargo, dependiendo del tipo de operación, entidad financiera y modalidad utilizada, pueden existir cargos asociados a determinadas transferencias. La propuesta de Ahora Nación busca reducir o eliminar estos costos para los consumidores. Pagos de tarjetas de crédito Otro de los puntos planteados está relacionado con los pagos de las tarjetas de crédito. La iniciativa pretende que los usuarios no tengan que asumir comisiones adicionales por cumplir con sus obligaciones mediante los canales habilitados por las propias entidades financieras. El objetivo sería facilitar el cumplimiento de los pagos y reducir los costos asociados al uso de productos financieros. La propuesta apunta a reducir costos financieros Desde esta perspectiva, la medida busca que el consumidor tenga mayor facilidad para utilizar los servicios financieros sin que las comisiones representen una barrera adicional. El planteamiento también se vincula con una mayor transparencia en el sistema financiero, de modo que los usuarios puedan conocer con claridad cuánto pagan por cada servicio y operación. Banca digital y reducción de costos El crecimiento de las operaciones digitales ha cambiado la forma en que los peruanos realizan sus transacciones. Actualmente, buena parte de las operaciones bancarias puede efectuarse desde un teléfono celular sin necesidad de acudir a una agencia. Este escenario ha generado un debate sobre los costos que deberían asumir los usuarios por determinadas operaciones electrónicas y sobre si las entidades financieras deberían trasladar esos costos directamente a sus clientes. ¿La eliminación de comisiones afectaría a los bancos? Una eventual prohibición o eliminación de determinadas comisiones también tendría efectos sobre las entidades financieras, debido a que estos cobros forman parte de los ingresos generados por algunos servicios. Por ello, cualquier modificación tendría que considerar la estructura de costos de las instituciones financieras y establecer reglas claras para evitar que los costos sean trasladados indirectamente a otros productos o servicios. Competencia entre entidades financieras La propuesta también podría abrir un debate sobre la competencia dentro del sistema bancario. La eliminación de determinadas comisiones podría incentivar a las entidades a competir mediante mejores condiciones para captar y mantener clientes. Los consumidores tendrían mayores incentivos para comparar productos financieros, costos, tasas de interés y beneficios antes de elegir una entidad. Protección al consumidor financiero El planteamiento de Ahora Nación se relaciona además con la protección de los consumidores financieros, quienes deben contar con información clara sobre los costos asociados a los productos y servicios que contratan. Cualquier reforma en materia de comisiones deberá establecer con precisión qué cobros quedarían prohibidos, cuáles podrían mantenerse y bajo qué condiciones podrían ser aplicados. La importancia de una regulación clara Una eventual modificación de las reglas sobre comisiones bancarias requeriría una evaluación técnica para determinar sus efectos sobre consumidores y entidades financieras. El objetivo debería ser evitar cobros considerados innecesarios sin generar efectos contraproducentes que terminen encareciendo otros productos financieros o reduciendo la oferta de determinados servicios. Una propuesta que deberá pasar por evaluación El planteamiento de Ahora Nación constituye una propuesta política y legislativa que deberá ser evaluada conforme al procedimiento correspondiente antes de convertirse en una obligación para las entidades financieras. Por ello, los bancos no están obligados actualmente a eliminar de manera general todas las comisiones mencionadas únicamente por el anuncio de la iniciativa. Debate sobre los costos del sistema financiero La propuesta vuelve a colocar en el centro del debate los costos que pagan los usuarios por acceder a los servicios bancarios. Para sus impulsores, reducir las comisiones podría contribuir a que más ciudadanos utilicen el sistema financiero formal y encuentren menos obstáculos para realizar operaciones electrónicas. ¿Qué podría cambiar para los clientes? Si la iniciativa llegara a aprobarse en los términos planteados, los usuarios podrían realizar determinadas transferencias y pagos de tarjetas de crédito sin asumir las comisiones que actualmente correspondan a esas operaciones. El beneficio final dependerá, sin embargo, del alcance de la propuesta, de las operaciones comprendidas y de la regulación que eventualmente se apruebe. Conclusión Ahora Nación plantea que las entidades bancarias dejen de cobrar determinadas comisiones por transferencias y por pagos de tarjetas de crédito, con el objetivo de reducir los costos que enfrentan los usuarios del sistema financiero. La propuesta abre un nuevo debate sobre las comisiones bancarias, la protección del consumidor y los costos de las operaciones digitales. Por ahora, se trata de un planteamiento que deberá seguir el procedimiento correspondiente antes de convertirse en una norma de obligatorio cumplimiento. Noticias Relacionadas Ahora Nación plantea eliminar comisiones por transferencias y pagos septiembre 6, 2026   El Gobierno del Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, en una decisión que

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Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán por deterioro democrático y escalada de conflictos en Medio Oriente

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  El Gobierno del Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, en una decisión que marca un importante giro en la política exterior peruana frente a la situación que atraviesa Medio Oriente. La medida fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 1 de septiembre de 2026 y se fundamenta en la defensa de la democracia, el respeto al derecho internacional y la preocupación por la escalada de violencia en la región. Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán La Cancillería informó que el Gobierno peruano decidió poner fin a sus relaciones diplomáticas con Irán luego de evaluar diversos factores relacionados con la situación política interna de ese país y su actuación en el escenario internacional. Según el comunicado oficial, el Perú sostiene que la decisión responde a su compromiso con la paz, el derecho internacional y la defensa de la democracia. La medida se produce en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y de preocupación internacional por las consecuencias del conflicto para la seguridad y el comercio mundial. Deterioro de la democracia en Irán Uno de los principales argumentos planteados por el Gobierno peruano está relacionado con el deterioro de la democracia en Irán, situación que, según la Cancillería, ha sido denunciada por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas. El pronunciamiento peruano menciona específicamente la represión de manifestaciones pacíficas, las restricciones a la libertad de prensa, la discriminación contra mujeres y niñas y la persecución de opositores políticos. Para Lima, estos hechos resultan incompatibles con los principios de defensa de la democracia que forman parte de su política exterior. Preocupación por la escalada de conflictos en Medio Oriente Otro de los factores señalados por el Ejecutivo peruano es la situación de seguridad en Medio Oriente. La Cancillería expresó su rechazo a lo que calificó como una incitación a la violencia y a la escalada de los conflictos en la región. El Gobierno considera que la situación representa una amenaza para la estabilidad regional y tiene repercusiones que trascienden las fronteras de los países involucrados, afectando la paz y la seguridad internacionales. Estrecho de Ormuz y comercio internacional La posición peruana también está vinculada con las restricciones que afectan el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio internacional y particularmente relevante para el transporte de hidrocarburos. La Cancillería sostuvo que las restricciones impuestas desde marzo de 2026 afectan principios relacionados con la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional. El Gobierno advirtió además que las alteraciones en esta ruta pueden tener consecuencias sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas globales de suministro. Perú cuestiona restricciones a las inspecciones nucleares La Cancillería peruana también expresó su preocupación por la obstrucción a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). De acuerdo con el pronunciamiento, Irán habría negado en diferentes ocasiones el acceso de inspectores internacionales a instalaciones nucleares, dificultando las labores de verificación destinadas a prevenir la producción de armas nucleares. Este punto constituye otro de los argumentos utilizados por el Ejecutivo peruano para justificar la ruptura de los vínculos diplomáticos. La ruptura no significa el fin de las relaciones consulares La Cancillería precisó que la decisión de romper las relaciones diplomáticas con Irán no implica la ruptura de las relaciones consulares entre ambos países. Esto significa que continuarán existiendo mecanismos destinados a atender y proteger a los ciudadanos peruanos en Irán y a los ciudadanos iraníes que se encuentren en territorio peruano. El Gobierno señaló que esta disposición se mantiene conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Decisión comunicada oficialmente a Irán El Ejecutivo peruano informó que la decisión fue comunicada oficialmente mediante una nota diplomática dirigida a Irán. La comunicación se realizó a través de la Embajada de Irán en Ecuador, que cumple funciones como misión concurrente ante el Perú. De esta manera, Lima formalizó la decisión siguiendo los procedimientos establecidos por el derecho diplomático internacional. Aplicación de la Convención de Viena El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que todos los aspectos relacionados con la ruptura de relaciones diplomáticas serán gestionados conforme a las normas pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. En particular, la Cancillería hizo referencia al artículo 45 de dicha convención, que contempla las disposiciones aplicables cuando se produce una ruptura de relaciones diplomáticas entre Estados. Una decisión en medio de una creciente tensión internacional La ruptura de los vínculos diplomáticos entre Perú e Irán ocurre en un momento de elevada tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente y las consecuencias que este viene generando para la navegación, el comercio y los mercados energéticos. La decisión coloca al Perú en una posición diplomática más definida frente a las acciones que atribuye al Gobierno iraní y refuerza el discurso del Ejecutivo en defensa de la democracia, la paz y el cumplimiento de las normas internacionales. ¿Qué significa la ruptura diplomática? La ruptura de relaciones diplomáticas supone el término de los vínculos oficiales entre los gobiernos de ambos países a nivel diplomático. Sin embargo, no necesariamente implica la interrupción absoluta de todos los contactos entre sus ciudadanos o Estados. En este caso particular, el propio Gobierno peruano ha establecido que los canales consulares continuarán funcionando para atender asuntos relacionados con los nacionales de ambos países. Impacto para los ciudadanos peruanos La continuidad de las relaciones consulares adquiere especial importancia para los ciudadanos peruanos que se encuentren en Irán o que requieran asistencia relacionada con documentación, protección consular u otras funciones contempladas por la normativa internacional. La Cancillería deberá continuar gestionando estos asuntos mediante los mecanismos disponibles, incluso después de la ruptura de las relaciones diplomáticas. Una nueva posición de la política exterior peruana La decisión representa una señal política relevante del Gobierno peruano respecto de su posición frente a la crisis de Medio Oriente. Lima ha presentado la medida como una consecuencia de su compromiso con la

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Gobierno busca eliminar topes a las tasas de interés de los bancos y pide facultades para legislar

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  La bancada parlamentaria de Ahora Nación exigió la salida de Arriola de su cargo y cuestionó duramente la conducción actual de la Policía Nacional, luego de los recientes hechos de violencia y criminalidad registrados en el país. Los legisladores sostuvieron que la situación de inseguridad evidencia la necesidad de realizar cambios en la conducción de las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana. El pedido de renuncia se produce en medio de una creciente preocupación por la capacidad del Estado para responder frente al avance de organizaciones criminales y delitos que afectan a ciudadanos, comerciantes, empresarios y trabajadores. La bancada cuestiona los resultados de la estrategia policial Los parlamentarios de Ahora Nación señalaron que los resultados obtenidos bajo la actual conducción policial no estarían respondiendo a la magnitud del problema de inseguridad que enfrenta el país. Desde la bancada consideran que las autoridades deben asumir responsabilidades políticas y administrativas cuando las estrategias implementadas no logran contener el avance de la delincuencia. En ese sentido, cuestionaron la conducción de la institución policial y plantearon la necesidad de adoptar medidas inmediatas para mejorar la respuesta frente a la criminalidad. El crimen en Trujillo fue señalado como una muestra de la crisis Uno de los hechos que motivó el pronunciamiento fue el crimen registrado en Trujillo, considerado por los parlamentarios como una muestra de la gravedad de la situación que atraviesa el país. Para Ahora Nación, este tipo de acontecimientos evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para prevenir y responder oportunamente ante hechos de violencia. La bancada sostuvo que la seguridad ciudadana requiere una conducción policial capaz de anticiparse a las organizaciones criminales y desarrollar estrategias efectivas de inteligencia y prevención. “Fracaso de la conducción policial actual” La bancada calificó la situación como un fracaso de la conducción policial actual y consideró que la permanencia de los responsables de dirigir la institución debe ser evaluada. Los parlamentarios señalaron que no basta con anunciar operativos o implementar medidas temporales si estas no producen resultados concretos en la reducción de los delitos. Desde su posición, la respuesta del Estado debe ser integral y estar acompañada de una estrategia permanente contra las organizaciones criminales. La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones La exigencia de Ahora Nación se produce en un contexto en el que la inseguridad ciudadana se mantiene entre las principales preocupaciones de la población. Delitos como extorsión, sicariato, robo, secuestro y homicidio han generado una creciente demanda de acciones concretas por parte de las autoridades. Los ciudadanos esperan que la Policía Nacional cuente con los recursos, personal y estrategias necesarias para enfrentar estas modalidades delictivas. Cuestionan la capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la capacidad de la Policía para enfrentar organizaciones criminales que operan de manera estructurada. Estas agrupaciones pueden desarrollar actividades como extorsión, cobro de cupos, sicariato, tráfico de drogas y otros delitos. Frente a ello, los legisladores consideran necesario fortalecer las unidades especializadas y mejorar la capacidad de inteligencia para identificar y desarticular estas estructuras. La bancada pide asumir responsabilidades Los representantes de Ahora Nación sostienen que la crisis de seguridad requiere que las autoridades asuman responsabilidades por los resultados obtenidos. El pedido de renuncia de Arriola forma parte de esta exigencia política y busca generar cambios en la conducción policial. Según la bancada, la permanencia de los actuales responsables debería estar condicionada a resultados concretos en la lucha contra la delincuencia. Inteligencia policial es considerada fundamental Otro de los aspectos que forma parte del debate es el fortalecimiento de la inteligencia policial. Las organizaciones criminales han desarrollado nuevas modalidades para ocultar sus actividades y evitar la intervención de las autoridades. Por ello, una estrategia eficaz requiere obtener información anticipada, identificar a los principales integrantes de las organizaciones y conocer sus mecanismos de operación. También se plantea fortalecer la investigación criminal La investigación criminal constituye otro de los elementos necesarios para enfrentar la delincuencia. No solo se requiere detener a personas involucradas en determinados hechos, sino también identificar a quienes organizan, financian y dirigen las estructuras criminales. Para ello se necesita una coordinación permanente entre las unidades policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La coordinación entre instituciones es clave La lucha contra el crimen requiere la participación coordinada de diferentes instituciones del Estado. La Policía Nacional cumple un papel fundamental en la prevención e investigación de los delitos, mientras que el Ministerio Público dirige la investigación penal y los jueces tienen a su cargo las decisiones jurisdiccionales correspondientes. Por ello, cualquier cambio en la conducción policial también deberá estar acompañado por una estrategia de coordinación interinstitucional. La crisis de seguridad también genera debate político El pedido de renuncia se suma al debate político sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno frente al incremento de la criminalidad. Diversas bancadas han planteado en los últimos meses cambios normativos y nuevas herramientas para enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato. En este escenario, la conducción de la Policía Nacional se encuentra bajo permanente evaluación política debido a los resultados obtenidos en materia de seguridad. El Congreso podría impulsar nuevas medidas La situación también podría generar nuevas iniciativas desde el Parlamento. Los congresistas podrían plantear modificaciones legales, mayores recursos para la Policía Nacional o mecanismos de fiscalización sobre las instituciones responsables de la seguridad. La finalidad sería fortalecer la capacidad del Estado para responder frente a las organizaciones criminales y mejorar los resultados de las investigaciones. Mayor presencia policial es otra de las demandas La población también reclama una mayor presencia policial en las zonas consideradas de mayor riesgo. El patrullaje preventivo, la vigilancia y la respuesta rápida ante emergencias son considerados elementos importantes para reducir las oportunidades de actuación de los delincuentes. Sin embargo, los especialistas suelen advertir que la presencia policial debe estar acompañada de inteligencia e investigación para lograr resultados sostenibles. El equipamiento policial también entra en el debate La capacidad operativa de la Policía depende, entre otros factores, de los recursos disponibles. Vehículos,

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