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Gobierno oficializa ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva

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El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Julio Velarde como presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para un nuevo periodo de cinco años. La medida fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 258-2026-PCM, publicada el 21 de agosto de 2026. Con esta decisión, el Gobierno busca dar continuidad a la conducción de la autoridad monetaria, que tiene entre sus principales funciones preservar la estabilidad monetaria del país. Sin embargo, la designación todavía deberá ser ratificada por el Congreso de la República, por lo que el procedimiento no se encuentra completamente concluido. La resolución fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. La designación tendrá un periodo de cinco años La resolución establece que Julio Velarde sea designado nuevamente como presidente del Directorio del Banco Central de Reserva por un periodo de cinco años. La medida representa la continuidad de una gestión que se inició en 2006 y que se ha extendido durante diferentes administraciones gubernamentales. Velarde fue designado por primera vez durante el segundo gobierno de Alan García y posteriormente fue ratificado en los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. De concretarse la ratificación parlamentaria, Velarde continuará al frente del organismo encargado de conducir la política monetaria del país durante un nuevo quinquenio. ¿Qué establece la Resolución Suprema N.° 258-2026-PCM? La resolución suprema formaliza la designación de Julio Emilio Velarde Flores como presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú. El dispositivo se sustenta, entre otras normas, en el artículo 86 de la Constitución Política del Perú, que establece las reglas para la conformación del Directorio del BCR y la participación del Poder Ejecutivo en la designación de sus integrantes. Asimismo, la resolución dispone que la designación sea comunicada al Congreso de la República para el procedimiento de ratificación correspondiente. La ratificación todavía debe pasar por el Congreso Aunque el Poder Ejecutivo ya oficializó la designación, Julio Velarde todavía necesita obtener la ratificación del Congreso para continuar formalmente en el cargo durante el nuevo periodo. El procedimiento parlamentario constituye un paso importante dentro de la designación de la máxima autoridad del Banco Central. Por ello, la continuidad de Velarde dependerá ahora de la decisión que adopte el Parlamento. Según la información publicada sobre el procedimiento, el Senado tiene a su cargo la ratificación correspondiente. Velarde aceptó continuar al frente del BCR La continuidad de Julio Velarde había sido anunciada previamente durante el proceso de transición presidencial. El economista confirmó que había aceptado la propuesta realizada por Keiko Fujimori para permanecer al frente del Banco Central de Reserva durante un nuevo periodo. De esta manera, la resolución publicada por el Ejecutivo formaliza una decisión que ya había sido comunicada públicamente y permite iniciar el procedimiento correspondiente ante el Congreso. Julio Velarde lleva cerca de dos décadas al frente del BCR Julio Velarde asumió la presidencia del Banco Central de Reserva en 2006. Desde entonces, ha permanecido en el cargo durante diferentes gobiernos y ha sido ratificado sucesivamente para continuar al frente de la institución. Su primera designación se produjo durante el gobierno de Alan García. Posteriormente, fue ratificado en 2011, 2016 y 2021, antes de la actual designación correspondiente al nuevo periodo. De ser ratificado nuevamente por el Congreso, Velarde ampliará su permanencia en la conducción del BCR durante otros cinco años. La estabilidad monetaria como principal desafío El Banco Central de Reserva tiene como finalidad principal preservar la estabilidad monetaria. Esta función resulta especialmente relevante para la economía peruana debido a su relación con la inflación, las tasas de interés y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Durante los últimos años, la conducción del BCR bajo la presidencia de Velarde ha estado marcada por decisiones relacionadas con el control de la inflación y la política monetaria frente a diferentes escenarios económicos nacionales e internacionales. La continuidad de la autoridad monetaria busca mantener una línea de conducción que priorice la estabilidad de precios y la confianza en la moneda nacional. Velarde ha defendido la autonomía del Banco Central En diferentes intervenciones públicas, Julio Velarde ha resaltado la importancia de mantener la autonomía del Banco Central de Reserva. La independencia de la autoridad monetaria constituye uno de los elementos centrales de su funcionamiento, debido a que permite adoptar decisiones de política monetaria considerando criterios técnicos y económicos. Durante una reciente intervención en Arequipa, Velarde destacó la importancia de preservar la estabilidad monetaria alcanzada por el país y señaló que esta condición debe ser aprovechada para impulsar nuevamente el crecimiento económico. Velarde plantea aprovechar la estabilidad para recuperar el crecimiento En una ceremonia en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, donde recibió el título de Doctor Honoris Causa, Velarde se refirió a los desafíos económicos que enfrenta el Perú. El titular del BCR destacó la estabilidad monetaria alcanzada por el país y planteó la necesidad de utilizar esa fortaleza como base para recuperar mayores niveles de crecimiento económico. También se refirió a la necesidad de contar con una administración pública más profesional, meritocrática y menos vinculada al clientelismo. Reconocimientos internacionales a su gestión Durante su trayectoria al frente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde ha recibido diversos reconocimientos internacionales por su desempeño como autoridad monetaria. Entre ellos figura el reconocimiento otorgado por la revista internacional The Banker, que lo distinguió como Banquero Central del Año a nivel mundial en 2015 y como Banquero Central de las Américas en 2020. Estos reconocimientos han contribuido a consolidar su perfil como uno de los principales referentes de la política monetaria peruana. ¿Qué falta para completar su designación? El siguiente paso será que el Congreso de la República evalúe la designación realizada por el Poder Ejecutivo. La ratificación parlamentaria determinará si Velarde continuará oficialmente durante el nuevo periodo de cinco años. En paralelo, el Congreso también deberá participar en la conformación del Directorio del BCR mediante la designación de los integrantes que correspondan.

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Proponen incorporar formación premilitar en la educación secundaria

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Una propuesta busca incorporar la formación premilitar dentro de la educación secundaria, planteando que los estudiantes puedan acceder a actividades orientadas al fortalecimiento de la disciplina, el civismo, la responsabilidad y el conocimiento de los símbolos y valores nacionales. La iniciativa abre un nuevo debate sobre el modelo educativo que debería implementarse en las instituciones de educación secundaria y sobre la posibilidad de incorporar contenidos vinculados con la formación ciudadana, la disciplina y la preparación ante situaciones de emergencia. La propuesta se encuentra en etapa de planteamiento y su eventual implementación requeriría analizar aspectos educativos, presupuestales y normativos, además de establecer con claridad cuáles serían los contenidos, objetivos y condiciones bajo los cuales se desarrollarían estas actividades. ¿Qué plantea la propuesta de formación premilitar? La iniciativa plantea incorporar elementos de formación premilitar durante la etapa de educación secundaria. La propuesta busca que los estudiantes desarrollen determinadas habilidades relacionadas con la disciplina, el respeto de normas, la responsabilidad individual y colectiva y el compromiso con la comunidad. Este tipo de formación podría comprender actividades de carácter cívico, conocimiento de los símbolos patrios, organización, liderazgo y nociones vinculadas con la prevención y respuesta ante situaciones de emergencia. Sin embargo, los alcances concretos de la propuesta dependerán de cómo sea formulada y eventualmente aprobada, pues sería necesario establecer si se trataría de un curso, talleres, actividades extracurriculares o un componente incorporado dentro de determinadas áreas educativas. La propuesta busca fortalecer valores cívicos Uno de los argumentos que acompañan este tipo de iniciativas está relacionado con la necesidad de fortalecer la formación ciudadana de los estudiantes. La educación secundaria no solo busca desarrollar conocimientos académicos, sino también preparar a los adolescentes para participar responsablemente en la sociedad. Desde esta perspectiva, una formación orientada al civismo podría incluir contenidos relacionados con el respeto de las normas, la convivencia, la responsabilidad y el conocimiento de los deberes ciudadanos. El planteamiento busca que los estudiantes puedan desarrollar una mayor conciencia sobre su participación dentro de la comunidad y sobre la importancia del respeto hacia los demás. Disciplina y responsabilidad como ejes de la iniciativa La disciplina constituye otro de los aspectos que se busca reforzar mediante la propuesta. Sus promotores consideran que determinadas actividades estructuradas pueden contribuir al desarrollo de hábitos relacionados con la puntualidad, el cumplimiento de responsabilidades, el trabajo en equipo y el respeto de reglas. En el ámbito educativo, estos elementos pueden ser trabajados mediante diferentes metodologías y actividades, por lo que uno de los principales desafíos sería determinar qué metodología de formación premilitar resultaría compatible con los objetivos y principios de la educación escolar. Formación ciudadana dentro de la educación secundaria La propuesta también plantea una discusión sobre el papel que debe cumplir la educación secundaria en la formación integral de los adolescentes. Además de las materias académicas, los estudiantes desarrollan capacidades relacionadas con la convivencia, la toma de decisiones, el trabajo colectivo y la participación ciudadana. En ese sentido, cualquier eventual programa de formación premilitar tendría que articularse con las competencias educativas existentes y evitar que se convierta simplemente en una actividad basada en disciplina física o prácticas de carácter militar. Preparación ante emergencias y situaciones de riesgo Otro posible componente de este tipo de formación está relacionado con la preparación de los estudiantes para responder ante situaciones de emergencia. El Perú se encuentra expuesto a diferentes riesgos naturales, por lo que la educación en prevención y gestión del riesgo puede resultar relevante durante la etapa escolar. Los estudiantes podrían recibir conocimientos sobre primeros auxilios, evacuación, prevención de riesgos, organización ante emergencias y acciones básicas de respuesta frente a determinados acontecimientos. Este enfoque permitiría vincular la propuesta con objetivos educativos relacionados con la seguridad y la protección de la comunidad. El debate sobre la formación premilitar La posibilidad de incorporar formación premilitar en los colegios también genera un debate respecto del modelo educativo que se pretende impulsar. Quienes respaldan la iniciativa pueden considerar que la disciplina, el civismo y la preparación para situaciones de emergencia son elementos que deberían recibir mayor atención en las escuelas. Por otro lado, cualquier propuesta de este tipo también requiere evaluar cómo garantizar que las actividades respeten los derechos de los estudiantes y se encuentren alineadas con los principios de la educación peruana. La propuesta no significa una incorporación automática al servicio militar La formación premilitar en las instituciones educativas no debe confundirse necesariamente con el servicio militar. Se trata de conceptos diferentes. Una eventual propuesta educativa tendría que establecer claramente sus objetivos, contenidos, responsables y condiciones de participación. En caso de avanzar, el programa tendría que determinar también qué actividades serían obligatorias y cuáles tendrían carácter voluntario, así como las medidas de protección aplicables a los estudiantes. El papel de los docentes y especialistas La eventual implementación de un programa de estas características requeriría contar con personal adecuadamente preparado. Los docentes y especialistas responsables tendrían que conocer tanto los objetivos educativos como los contenidos relacionados con civismo, prevención, primeros auxilios y gestión de emergencias. La capacitación del personal sería fundamental para evitar que la formación se reduzca a actividades repetitivas y garantizar que contribuya realmente al desarrollo integral de los estudiantes. ¿Cómo podría implementarse en los colegios? Uno de los principales puntos que deberá definirse es la forma de implementación. Entre las posibilidades podrían encontrarse cursos específicos, talleres, actividades complementarias o programas desarrollados durante determinadas jornadas escolares. También tendría que evaluarse la infraestructura disponible en cada institución educativa, la cantidad de estudiantes, la disponibilidad de personal capacitado y los recursos necesarios para desarrollar las actividades. Estos aspectos serían determinantes para establecer la viabilidad de la propuesta en colegios públicos y privados. La iniciativa también plantea desafíos educativos La incorporación de nuevos contenidos dentro del currículo escolar requiere una evaluación de su compatibilidad con las competencias que actualmente forman parte del sistema educativo. El tiempo destinado a las actividades premilitares tendría que ser evaluado para evitar que afecte el desarrollo de otras áreas de aprendizaje. Asimismo, sería necesario establecer objetivos pedagógicos medibles que permitan determinar si

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TC deja sin efecto órdenes de captura contra Alan Azizollahoff tras prescribir su condena en caso Utopía

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Proponen nuevas agravantes penales vinculadas al uso de plataformas digitales Una propuesta legislativa plantea incorporar nuevas circunstancias agravantes al Código Penal para determinados delitos cuando estos sean cometidos mediante plataformas digitales, redes sociales u otros medios tecnológicos, así como cuando intervengan personas que desarrollan actividades como creadores de contenido. La iniciativa busca adaptar la legislación penal a nuevas formas de comisión de delitos que han surgido como consecuencia del crecimiento de las plataformas digitales y del alcance que pueden tener los contenidos difundidos a través de internet. El planteamiento parte de la necesidad de considerar que determinados actos ilícitos pueden generar un impacto mayor cuando son ejecutados utilizando herramientas digitales capaces de llegar rápidamente a un número elevado de personas. Creadores de contenido estarían comprendidos en la propuesta Uno de los aspectos que genera mayor interés es la posibilidad de considerar como circunstancia agravante que el delito sea cometido por un creador de contenido aprovechando su actividad, audiencia o capacidad de difusión. La propuesta busca diferenciar aquellas situaciones en las que una persona utiliza deliberadamente su posición o alcance en internet para facilitar la comisión de un delito, incrementar su difusión o generar un mayor impacto sobre la víctima. El planteamiento no significa que la condición de creador de contenido convierta automáticamente una conducta en delito ni que toda publicación realizada por un influencer tenga consecuencias penales. La agravante estaría vinculada con las circunstancias específicas en las que se cometa el ilícito y con el aprovechamiento de los medios digitales. Las plataformas digitales como nuevo escenario delictivo Las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en espacios de comunicación masiva. Millones de personas utilizan diariamente estos servicios para compartir información, realizar transmisiones en vivo, publicar fotografías, producir videos y establecer relaciones comerciales. Este crecimiento también ha generado nuevos escenarios para la comisión de conductas ilícitas, debido a la posibilidad de difundir contenidos de manera inmediata y alcanzar a un número considerable de usuarios. La propuesta legislativa busca que estas características puedan ser consideradas por los jueces cuando determinadas conductas delictivas se desarrollen utilizando plataformas digitales como medio para cometer el delito. El alcance de internet puede aumentar el impacto de un delito Una de las razones detrás de la propuesta está relacionada con el potencial de difusión de las plataformas digitales. Mientras una conducta ilícita cometida en un ámbito privado puede tener un alcance limitado, una acción realizada mediante una red social o plataforma digital puede ser visualizada, compartida y replicada por miles de usuarios en cuestión de minutos. Esta capacidad de multiplicar el alcance de determinados contenidos puede incrementar el daño ocasionado a una víctima, especialmente cuando se trata de información falsa, contenido que afecta la reputación de una persona, amenazas, acoso u otras conductas ilícitas. La propuesta busca responder a nuevas modalidades delictivas El desarrollo tecnológico ha generado cambios importantes en la manera en que las personas se comunican y desarrollan actividades económicas y sociales. En consecuencia, determinadas modalidades delictivas también han encontrado en internet nuevas herramientas para su ejecución. Las plataformas digitales pueden ser utilizadas para contactar víctimas, difundir información, realizar amenazas, organizar determinadas actividades o ampliar rápidamente el alcance de una conducta ilícita. Ante este escenario, la propuesta plantea que el derecho penal debe contar con herramientas adecuadas para responder a estas nuevas circunstancias, siempre respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso. No toda conducta realizada en internet constituye una agravante Un aspecto importante del debate será determinar con precisión en qué circunstancias el uso de una plataforma digital debe generar una consecuencia penal más grave. El simple hecho de utilizar internet para comunicarse no debería convertirse automáticamente en una circunstancia agravante. Para que una conducta pueda recibir un tratamiento más severo tendría que existir una relación concreta entre el uso de la plataforma y la comisión del delito. Este punto será fundamental durante el debate legislativo, debido a que cualquier modificación del Código Penal debe establecer de manera clara los supuestos en los que se aplicaría la agravante. La propuesta también considera el impacto de la difusión El alcance de las publicaciones digitales constituye otro elemento relevante. Un contenido publicado en internet puede permanecer disponible durante largos periodos y continuar circulando incluso después de haber sido eliminado de la cuenta original. La posibilidad de descargar, copiar y volver a publicar contenidos puede aumentar las consecuencias para las personas afectadas. Por ello, la iniciativa busca que el medio empleado para cometer determinados delitos pueda ser valorado cuando contribuya significativamente a incrementar el daño, la exposición o la difusión de la conducta ilícita. Debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido La propuesta también abre una discusión sobre la responsabilidad que deben asumir quienes cuentan con grandes audiencias en internet. Los creadores de contenido tienen una capacidad de comunicación que puede alcanzar a miles o incluso millones de usuarios. Esta situación puede generar oportunidades económicas y sociales, pero también puede incrementar las consecuencias de determinadas conductas cuando se utiliza esa capacidad de difusión con fines ilícitos. El debate legislativo deberá establecer criterios objetivos para evitar que la norma termine afectando injustificadamente la libertad de expresión o la actividad legítima de quienes producen contenido digital. Libertad de expresión y límites del derecho penal Cualquier modificación relacionada con contenidos publicados en internet deberá considerar la protección constitucional de la libertad de expresión. La posibilidad de establecer agravantes por delitos cometidos mediante plataformas digitales no debería confundirse con la penalización de opiniones, críticas o expresiones que se encuentren protegidas por el ordenamiento jurídico. Por ello, la aplicación de la eventual norma tendría que limitarse a conductas que previamente hayan sido establecidas como delitos y que cumplan los requisitos específicos para considerar la existencia de una circunstancia agravante. La tecnología plantea nuevos desafíos para la justicia La expansión de las plataformas digitales también representa nuevos desafíos para fiscales, jueces y policías. Las investigaciones de delitos cometidos en internet pueden requerir la obtención de información digital, identificación de usuarios, análisis de publicaciones y preservación de evidencias electrónicas.

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Proponen nuevas agravantes penales por delitos cometidos por creadores de contenido y en plataformas digitales

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Rospigliosi es cuestionado por convenio que otorga 15% de aumento a trabajadores del Congreso

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El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, es objeto de cuestionamientos a raíz de un convenio que contempla un incremento del 15% para los trabajadores del Parlamento. La medida ha generado críticas debido a que involucra recursos públicos y se produce en un contexto de debate sobre las condiciones laborales y remunerativas dentro del Poder Legislativo. El acuerdo establece beneficios para los trabajadores comprendidos en el ámbito correspondiente, lo que ha motivado cuestionamientos sobre la oportunidad de la medida, sus alcances económicos y el procedimiento seguido para su aprobación. El convenio contempla un incremento del 15% Uno de los principales puntos de la controversia es el porcentaje de aumento establecido en el convenio. El incremento del 15% representa una modificación relevante en las condiciones económicas de los trabajadores beneficiados y, por ello, ha despertado atención en el ámbito político. Los cuestionamientos se concentran especialmente en la necesidad de conocer el impacto presupuestal que tendrá la medida y si el incremento cuenta con el respaldo técnico y administrativo correspondiente. Al tratarse de trabajadores de una institución pública, cualquier modificación de sus condiciones remunerativas tiene implicancias sobre el presupuesto del Estado y debe encontrarse respaldada por las disposiciones legales y administrativas aplicables. Cuestionamientos a la gestión de Rospigliosi La controversia también alcanza a Fernando Rospigliosi en su condición de titular del Congreso, debido a que la conducción de la institución debe garantizar que las decisiones administrativas y laborales se adopten respetando las normas correspondientes. Los cuestionamientos no solo están relacionados con el porcentaje del incremento, sino también con las circunstancias en las que se suscribió el convenio y con la necesidad de transparentar sus efectos sobre las cuentas del Parlamento. En este escenario, se ha planteado la necesidad de que el Congreso explique públicamente los alcances del acuerdo y los criterios utilizados para determinar el aumento. El impacto sobre los recursos públicos El principal aspecto que genera debate es el efecto que tendrá el incremento sobre el presupuesto institucional del Congreso. Un aumento porcentual aplicado a un grupo determinado de trabajadores puede generar un mayor gasto anual, dependiendo del número de beneficiarios, las remuneraciones involucradas y los conceptos que formen parte del convenio. Por ello, conocer el costo total de la medida resulta fundamental para evaluar su impacto y determinar si existe disponibilidad presupuestaria para asumir las obligaciones derivadas del acuerdo. Debate sobre los beneficios de los trabajadores del Congreso Los beneficios laborales de los trabajadores del Congreso han sido motivo de debate en diferentes oportunidades. La discusión suele concentrarse en encontrar un equilibrio entre el respeto de los derechos laborales y el uso responsable de los recursos públicos. Los trabajadores tienen derecho a negociar y defender sus condiciones laborales dentro del marco legal. Sin embargo, cuando se trata de una institución estatal, los acuerdos deben considerar también las restricciones presupuestales y las normas que regulan el gasto público. En ese sentido, la controversia en torno al convenio vuelve a poner en discusión las condiciones laborales existentes dentro del Poder Legislativo. La importancia de transparentar el convenio Frente a los cuestionamientos, uno de los aspectos centrales es que el contenido del convenio y sus consecuencias económicas sean conocidos de manera transparente. La ciudadanía tiene interés en conocer cómo se utilizan los recursos asignados al Congreso y cuáles son las decisiones que generan obligaciones económicas para la institución. La publicación de información sobre los beneficiarios, los conceptos comprendidos, el impacto presupuestal y los fundamentos legales permitiría evaluar la medida con mayor precisión y evitar interpretaciones alejadas del contenido real del acuerdo. ¿Cuánto representará el aumento para el Congreso? El impacto económico del incremento dependerá de la cantidad de trabajadores comprendidos en el convenio y de las remuneraciones sobre las cuales se aplique el porcentaje establecido. Por esta razón, el porcentaje del 15% por sí solo no permite determinar el costo final de la medida. Para establecerlo resulta necesario conocer la cantidad exacta de beneficiarios, sus remuneraciones y la forma en que se aplicará el incremento. Este detalle será uno de los elementos relevantes para evaluar el alcance del acuerdo y determinar cuánto dinero adicional deberá destinar el Congreso para cumplir con las nuevas condiciones. El papel de la administración del Congreso La administración del Parlamento tiene entre sus responsabilidades gestionar los recursos institucionales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro del marco normativo. Los acuerdos que impliquen modificaciones en las condiciones económicas de los trabajadores deben pasar por los procedimientos correspondientes y contar con los informes técnicos y presupuestales que resulten necesarios. Por ello, la controversia también genera interrogantes sobre las evaluaciones realizadas antes de concretar el convenio y sobre las instancias que participaron en su aprobación. Rospigliosi enfrenta cuestionamientos políticos La situación coloca a Fernando Rospigliosi frente a nuevos cuestionamientos políticos relacionados con la gestión del Congreso. Las críticas apuntan a la necesidad de establecer si el convenio responde a una negociación laboral regular y si sus condiciones se encuentran justificadas desde el punto de vista presupuestal y administrativo. La respuesta de la Presidencia del Congreso y de las áreas responsables de la administración será importante para aclarar las dudas generadas alrededor del acuerdo. Derechos laborales y responsabilidad en el gasto público El debate también plantea la necesidad de diferenciar entre el derecho de los trabajadores a negociar mejores condiciones laborales y la obligación de las instituciones públicas de administrar adecuadamente los recursos del Estado. La existencia de un convenio laboral no elimina la necesidad de cumplir con las normas presupuestarias, administrativas y de transparencia que corresponden a una entidad pública. Por ello, cualquier incremento remunerativo debe ser analizado considerando tanto los derechos de los trabajadores como la sostenibilidad financiera de la institución. El convenio genera debate dentro y fuera del Congreso La decisión ha generado atención debido a que se produce en una institución cuya administración maneja recursos provenientes del presupuesto público. El Congreso se encuentra permanentemente bajo escrutinio ciudadano debido a la naturaleza de sus funciones y al uso de recursos estatales. En consecuencia, cualquier

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JP plantea derogar Ley 32054 para restituir responsabilidad penal de partidos políticos

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Juntos por el Perú (JP) plantea la derogación de la Ley N.° 32054, norma que modificó el marco legal relacionado con la responsabilidad de los partidos políticos frente a hechos ilícitos cometidos dentro de sus organizaciones. La propuesta busca restituir un régimen que permita atribuir consecuencias a las propias organizaciones políticas, además de la responsabilidad individual que corresponda a las personas involucradas. La iniciativa forma parte de las propuestas de la agrupación política en materia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de las instituciones. El planteamiento busca modificar el escenario establecido desde junio de 2024, cuando fue publicada la Ley 32054, que introdujo cambios al Código Penal y a la legislación sobre responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Qué establece actualmente la Ley 32054? La Ley N.° 32054 modificó el artículo 105 del Código Penal y estableció una regulación específica para los partidos políticos. La norma señala que a estas organizaciones se les aplica el régimen sancionador previsto en la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Asimismo, establece que la responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos involucrados en el ilícito. De esta manera, la norma diferencia la responsabilidad de las personas que participan en un delito de las consecuencias que pueden recaer directamente sobre la organización política. La modificación fue presentada en su momento como una medida destinada a optimizar la democracia representativa y establecer disposiciones relacionadas con la lucha contra la corrupción dentro de las organizaciones políticas. La propuesta de JP busca modificar este escenario Frente al régimen actualmente vigente, Juntos por el Perú plantea derogar la Ley 32054 y recuperar un esquema que permita establecer responsabilidad y consecuencias jurídicas para los partidos políticos cuando determinados delitos sean cometidos utilizando su estructura u organización. La propuesta parte de la consideración de que la responsabilidad no debería limitarse exclusivamente a las personas que participaron directamente en los hechos, especialmente cuando existen elementos que vinculan a la propia estructura de una organización política con determinadas actividades ilícitas. El planteamiento coloca nuevamente en el debate público la discusión sobre hasta dónde debe llegar la responsabilidad de una organización política y cuál debe ser el alcance de las sanciones aplicables cuando se utiliza una estructura partidaria para cometer o favorecer hechos delictivos. Responsabilidad individual y responsabilidad de la organización Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con la diferencia entre responsabilizar penalmente a una persona y establecer consecuencias jurídicas para una organización. La Ley 32054 mantiene la responsabilidad individual de quienes intervienen en un delito. Sin embargo, establece un tratamiento particular para los partidos políticos respecto de las medidas aplicables a las personas jurídicas. La propuesta de derogación busca modificar precisamente ese tratamiento, de modo que la existencia de una responsabilidad individual no impida analizar también las consecuencias que puedan corresponder a la organización política cuando los hechos ilícitos estén relacionados con su estructura o funcionamiento. El debate sobre el financiamiento de los partidos La discusión adquiere especial relevancia en investigaciones relacionadas con el financiamiento de organizaciones políticas. En los últimos años, diferentes investigaciones fiscales y procesos judiciales han analizado presuntos aportes irregulares y el uso de recursos de origen ilícito para financiar actividades partidarias. Estos casos han generado un debate sobre los mecanismos que deben existir para prevenir, investigar y sancionar el financiamiento ilegal de las organizaciones políticas. La propia Constitución establece que el financiamiento ilegal genera las sanciones correspondientes, mientras que la legislación establece diferentes mecanismos de control sobre los recursos utilizados por los partidos. La propuesta también se vincula con la lucha contra la corrupción Para JP, la revisión de la Ley 32054 forma parte de una política más amplia orientada a fortalecer la lucha contra la corrupción y evitar espacios de impunidad. El debate no se limita a determinar quién debe responder por un delito, sino que también involucra la necesidad de establecer mecanismos que permitan evitar que las estructuras partidarias sean utilizadas para facilitar, encubrir o beneficiarse de actividades ilícitas. Desde esta perspectiva, la derogación de la norma buscaría fortalecer los instrumentos jurídicos disponibles para investigar hechos vinculados con organizaciones políticas. Antecedentes de la Ley 32054 La Ley 32054 fue promulgada y publicada en junio de 2024 después de ser aprobada por el Congreso de la República. La norma modificó disposiciones del Código Penal y de la Ley 30424, relacionada con la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. Entre los cambios introducidos se estableció que a los partidos políticos solo se les aplicaría el régimen sancionador previsto en la Ley de Organizaciones Políticas y que la responsabilidad penal recaería individualmente en las personas involucradas en los hechos ilícitos. La modificación generó desde su aprobación un debate jurídico y político sobre el tratamiento diferenciado otorgado a las organizaciones políticas frente a otras personas jurídicas. El Poder Judicial ya analizó los efectos de la norma La Ley 32054 también ha sido materia de discusión dentro de procesos judiciales relacionados con organizaciones políticas. En junio de 2024, el Poder Judicial rechazó aplicar la norma en favor del Partido Nacionalista Peruano dentro del juicio seguido contra Ollanta Humala y otros por el caso relacionado con Odebrecht. En aquella oportunidad, el tribunal señaló que los efectos y la interpretación de la nueva ley serían analizados al momento de emitir la sentencia correspondiente. Posteriormente, decisiones judiciales han continuado interpretando los alcances de la norma y sus efectos sobre la responsabilidad de las organizaciones políticas. Una resolución publicada en 2026 sostuvo que, bajo la Ley 32054, un partido político no puede ser considerado organización criminal como sujeto colectivo por los hechos cometidos por sus integrantes, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual. Una norma que continúa generando debate jurídico La discusión sobre la Ley 32054 no se limita al ámbito político. También existe un debate jurídico respecto de la relación entre la responsabilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad individual y el tratamiento especial que reciben las organizaciones políticas. Un análisis académico publicado por la revista THEMIS de la Pontificia Universidad Católica del

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PJ archiva proceso contra Nadine Heredia tras fallo del TC a favor de Humala

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El Poder Judicial archivó el proceso contra Nadine Heredia luego de que se extendieran los efectos del fallo del Tribunal Constitucional que anuló el proceso contra Ollanta Humala y su esposa por el caso de aportes a campañas políticas. Poder Judicial archiva proceso contra Nadine Heredia tras decisión del Tribunal Constitucional El Poder Judicial dispuso el archivo del proceso seguido contra Nadine Heredia luego de que se aplicaran los efectos de una decisión del Tribunal Constitucional (TC) que previamente había dejado sin efecto el proceso penal contra el expresidente Ollanta Humala por el denominado caso de los aportes a las campañas electorales. La decisión judicial se produce después de que el Tribunal Constitucional declarara fundada una demanda relacionada con las garantías del debido proceso y estableciera consecuencias respecto de las actuaciones desarrolladas dentro del proceso penal. A partir de este pronunciamiento, los efectos de la sentencia constitucional fueron extendidos al caso de Heredia. El proceso estaba relacionado con los aportes a campañas electorales La investigación contra Nadine Heredia se encontraba vinculada al proceso seguido contra la ex primera dama y su esposo, Ollanta Humala, por presuntos aportes irregulares destinados a campañas electorales. El caso fue investigado durante varios años y dio lugar a un proceso penal en el que la Fiscalía sostuvo una hipótesis relacionada con el presunto ingreso y utilización de dinero de origen ilícito para financiar actividades políticas. La investigación involucró a diferentes personas vinculadas al entorno político del Partido Nacionalista y se convirtió en uno de los procesos de mayor relevancia dentro de las investigaciones por presunto financiamiento irregular de organizaciones políticas. El fallo del Tribunal Constitucional cambió el escenario judicial El nuevo escenario se originó a partir de una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional respecto del proceso seguido contra Ollanta Humala. El máximo intérprete de la Constitución determinó que correspondía dejar sin efecto determinadas actuaciones del proceso y ordenó las consecuencias procesales derivadas de su decisión. La resolución constitucional tuvo posteriormente efectos sobre la situación procesal de Nadine Heredia, al considerarse que existían elementos comunes entre ambos casos y que correspondía extender los efectos del pronunciamiento constitucional. La decisión favorece también a Nadine Heredia Tras analizar la situación procesal de Heredia, el Poder Judicial determinó que correspondía aplicar los efectos de la decisión del Tribunal Constitucional. Como consecuencia de ello, el proceso seguido contra la ex primera dama quedó archivado, poniendo fin a las actuaciones judiciales relacionadas con este expediente en los términos establecidos por la resolución correspondiente. La medida no constituye una nueva decisión sobre el fondo de las acusaciones originalmente formuladas, sino que responde a los efectos procesales derivados del pronunciamiento constitucional. Los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional Las decisiones del Tribunal Constitucional tienen especial relevancia dentro del sistema jurídico peruano debido a su función como máximo intérprete de la Constitución. Cuando el TC determina que determinadas actuaciones judiciales vulneraron derechos constitucionales, sus decisiones pueden generar consecuencias sobre los procesos en los que se produjeron dichas vulneraciones. En este caso, el pronunciamiento relacionado con Ollanta Humala tuvo efectos que posteriormente fueron considerados para resolver la situación procesal de Nadine Heredia. El caso Humala y Heredia se prolongó durante varios años La investigación contra la pareja presidencial se inició años atrás y atravesó diferentes etapas dentro del sistema de justicia. Durante el desarrollo del proceso, la Fiscalía presentó acusaciones relacionadas con el presunto financiamiento irregular de campañas políticas, mientras que las defensas de los investigados cuestionaron diversos aspectos de las investigaciones y actuaciones judiciales. El caso generó un amplio debate político y jurídico debido a la relevancia de los involucrados y a la discusión sobre el origen y destino de los recursos utilizados durante las campañas electorales. El archivo pone fin al proceso contra Heredia Con la decisión adoptada por el Poder Judicial, el proceso contra Nadine Heredia queda archivado como consecuencia de la aplicación de los efectos del fallo constitucional. La medida representa un nuevo capítulo dentro de un proceso que se prolongó durante varios años y que involucró a importantes figuras de la política peruana. El archivo implica que las actuaciones procesales comprendidas por la decisión judicial dejan de continuar en los términos anteriores, conforme a los alcances establecidos por la resolución. Una decisión con repercusiones jurídicas y políticas El archivo del proceso contra Nadine Heredia tiene relevancia no solo desde el punto de vista judicial, sino también político, debido a que el caso involucró a una ex pareja presidencial y estuvo relacionado con uno de los principales debates sobre financiamiento de organizaciones políticas en el país. La decisión también vuelve a poner en discusión los límites entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria, así como los efectos que una sentencia del Tribunal Constitucional puede generar sobre procesos penales en trámite. El debate sobre el financiamiento político continúa Aunque el proceso contra Heredia queda archivado en aplicación de la decisión constitucional, el debate sobre el financiamiento de las campañas políticas continúa siendo uno de los temas relevantes dentro del sistema electoral y judicial peruano. Los casos investigados durante los últimos años han generado modificaciones normativas y una mayor atención sobre el origen de los recursos utilizados por las organizaciones políticas. La transparencia en el financiamiento electoral constituye uno de los principales mecanismos para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que las campañas políticas se desarrollen bajo reglas claras. El fallo del TC marca un nuevo escenario La decisión del Tribunal Constitucional y su posterior aplicación al caso de Nadine Heredia modifican de manera significativa el escenario judicial que se había mantenido durante años. El Poder Judicial, al extender los efectos de la decisión constitucional, determinó el archivo del proceso contra la ex primera dama, cerrando una etapa de uno de los casos judiciales de mayor impacto político de los últimos años. El caso deja además como precedente la importancia que tienen las decisiones del Tribunal Constitucional sobre los procesos judiciales y la obligación de las instancias ordinarias de aplicar sus pronunciamientos dentro de los alcances establecidos. El proceso

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Juez ordena al Ejecutivo nombrar a ganador de concurso como miembro del Consejo Directivo de Osinergmin

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Un juez ordenó al Poder Ejecutivo realizar el nombramiento de quien obtuvo el primer lugar en un concurso público para integrar el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La decisión judicial busca que se cumpla con el resultado del proceso de selección y que la persona que obtuvo la condición de ganador pueda asumir el cargo correspondiente. La resolución se produce después de que el nombramiento permaneciera pendiente durante un periodo prolongado, pese a que el concurso público ya había concluido y existía un resultado que identificaba al postulante ganador. El caso generó una controversia sobre la obligación de la administración pública de respetar los resultados de los procedimientos de selección que desarrolla para cubrir cargos dentro de organismos reguladores. El concurso público y la designación pendiente El proceso de selección tuvo como finalidad identificar a un profesional que pudiera integrar el Consejo Directivo de Osinergmin. Como resultado del concurso, uno de los postulantes obtuvo el primer lugar y, por tanto, la condición de ganador del proceso. Sin embargo, pese a la culminación del concurso, el nombramiento no llegó a concretarse dentro del plazo esperado. Esta situación llevó al ganador a recurrir a la vía judicial para reclamar el cumplimiento de lo que consideraba un derecho derivado de su participación y resultado en el proceso de selección. El conflicto terminó siendo analizado por el Poder Judicial, que finalmente emitió una decisión ordenando al Ejecutivo cumplir con el acto de designación correspondiente. La decisión judicial ordena cumplir el resultado del concurso El mandato judicial establece que el Poder Ejecutivo debe realizar las actuaciones necesarias para concretar el nombramiento del ganador como integrante del Consejo Directivo de Osinergmin. La decisión adquiere relevancia porque coloca en discusión el cumplimiento de los resultados de los concursos públicos realizados por entidades estatales y la obligación de las autoridades de respetar los procedimientos previamente establecidos. Cuando una entidad pública convoca un proceso de selección bajo determinadas reglas, los resultados deben ser considerados dentro del marco legal correspondiente. Cualquier actuación posterior debe respetar los principios que rigen la administración pública y los derechos de los participantes. Un conflicto que se prolongó durante varias gestiones La falta de designación se mantuvo durante diferentes periodos de gobierno, lo que prolongó la situación del profesional que había obtenido el primer lugar en el concurso. La demora en la designación generó cuestionamientos respecto de la continuidad de los procedimientos administrativos y del cumplimiento de los resultados obtenidos en procesos públicos destinados a seleccionar integrantes de órganos directivos. El caso también pone de manifiesto las dificultades que pueden surgir cuando los procedimientos administrativos concluyen, pero las decisiones posteriores necesarias para formalizar una designación no se ejecutan oportunamente. Importancia del Consejo Directivo de Osinergmin El Consejo Directivo de Osinergmin cumple un papel central en la conducción del organismo regulador. Sus integrantes participan en decisiones relacionadas con las funciones de supervisión y regulación que corresponden a la institución dentro de los sectores bajo su competencia. Osinergmin desarrolla funciones vinculadas con la regulación, supervisión y fiscalización de actividades relacionadas con la energía y la minería, dentro del marco establecido por la legislación peruana. Por ello, la conformación de su Consejo Directivo resulta relevante para garantizar el adecuado funcionamiento institucional y la continuidad de las decisiones que corresponden al organismo regulador. La importancia de respetar los concursos públicos Los concursos públicos buscan garantizar procesos de selección basados en criterios objetivos y previamente establecidos. La finalidad es que los cargos públicos sean ocupados por personas que cumplan con los requisitos y obtengan los resultados correspondientes de acuerdo con las reglas de cada convocatoria. En ese sentido, la decisión judicial también plantea una reflexión sobre la necesidad de que las entidades estatales aseguren la continuidad de los procedimientos administrativos y respeten las consecuencias jurídicas derivadas de sus propios procesos de selección. El cumplimiento de estos principios contribuye a fortalecer la transparencia, la meritocracia y la confianza de los ciudadanos en los procedimientos de la administración pública. El Ejecutivo deberá cumplir el mandato judicial A partir de la resolución judicial, corresponde al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado y formalizar el nombramiento del ganador del concurso. La ejecución de una decisión judicial constituye una obligación para las autoridades involucradas, dentro de los términos establecidos por el órgano jurisdiccional. El cumplimiento de la resolución permitirá poner fin a una controversia que se extendió durante varios años y concretar la incorporación del profesional seleccionado al Consejo Directivo de Osinergmin. Un caso que pone en debate la meritocracia en el Estado El caso también vuelve a colocar en discusión la importancia de garantizar procesos transparentes y meritocráticos para la designación de funcionarios y miembros de órganos directivos de entidades públicas. La participación en un concurso público supone que los postulantes conocen previamente las reglas, requisitos y criterios mediante los cuales serán evaluados. Cuando uno de ellos obtiene el primer lugar, cualquier demora posterior en la formalización del resultado puede generar incertidumbre respecto de la eficacia del proceso. Por ello, el respeto de los resultados y la culminación oportuna de las etapas posteriores constituyen elementos importantes para preservar la confianza en este tipo de mecanismos de selección. La relevancia institucional de la decisión La orden judicial no solo tiene consecuencias para el ganador del concurso, sino que también puede tener implicancias respecto de la forma en que las entidades públicas gestionan sus procesos de selección y designación. El caso evidencia la importancia de que las decisiones administrativas posteriores a un concurso sean adoptadas dentro de los plazos y procedimientos correspondientes, evitando que los resultados permanezcan indefinidamente sin una conclusión formal. Asimismo, refuerza el papel del Poder Judicial como instancia encargada de garantizar el cumplimiento de los derechos cuando una actuación administrativa es cuestionada y sometida a control jurisdiccional. El nombramiento queda ahora sujeto al cumplimiento de la sentencia Con la decisión judicial, el proceso iniciado con el concurso público entra en una nueva etapa, en la que el Poder

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Designan a Juan Falconí como nuevo miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado

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Juan Falconí ha sido designado como nuevo miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE), una instancia vinculada con la conducción y fortalecimiento del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Su incorporación se produce en el marco de las decisiones adoptadas para la conformación de este órgano directivo. La designación incorpora a Falconí a un espacio institucional que cumple funciones relevantes dentro del sistema de defensa jurídica estatal, debido a que el Consejo Directivo participa en la definición de lineamientos y en la orientación de las políticas relacionadas con la representación y defensa de los intereses del Estado. Nuevo integrante del Consejo Directivo La incorporación de Juan Falconí permitirá completar la composición del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado conforme a las disposiciones que regulan el funcionamiento de esta institución. El Consejo Directivo constituye uno de los órganos de gobierno de la PGE y desarrolla funciones relacionadas con la conducción del sistema de defensa jurídica. Sus integrantes participan en decisiones institucionales vinculadas con el fortalecimiento de las procuradurías públicas y la adecuada defensa de los intereses del Estado. La participación de sus miembros resulta relevante debido a que las decisiones adoptadas en este nivel tienen incidencia en el funcionamiento de las diferentes procuradurías que forman parte del sistema. Funciones del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado La Procuraduría General del Estado tiene entre sus principales funciones dirigir, supervisar y evaluar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Dentro de esta estructura, el Consejo Directivo cumple un papel importante en la definición de políticas y lineamientos institucionales. Su labor se relaciona con el fortalecimiento de la defensa jurídica y con la búsqueda de una actuación coordinada de las procuradurías públicas. El objetivo es que la representación y defensa jurídica de las entidades estatales se desarrolle bajo criterios comunes y dentro del marco establecido por las normas que regulan el sistema. La importancia de la defensa jurídica del Estado La defensa jurídica del Estado constituye un componente fundamental para proteger los intereses y recursos públicos frente a procesos judiciales, arbitrales, administrativos y otros procedimientos en los que las entidades públicas intervienen. Las procuradurías públicas representan a las diferentes instituciones estatales y ejercen la defensa jurídica correspondiente de acuerdo con sus competencias. La existencia de un sistema articulado permite establecer criterios comunes y fortalecer las capacidades de los abogados que representan al Estado. En este contexto, el Consejo Directivo tiene la responsabilidad de contribuir a que las políticas institucionales respondan a las necesidades de las procuradurías y permitan mejorar el funcionamiento del sistema. Un nuevo reto dentro de la gestión institucional La designación de Juan Falconí representa también un nuevo reto dentro de su trayectoria profesional, al asumir responsabilidades relacionadas con la conducción del sistema de defensa jurídica estatal. Como integrante del Consejo Directivo, deberá participar en las decisiones que correspondan a este órgano y contribuir al desarrollo de las políticas institucionales de la Procuraduría General del Estado. La labor del Consejo requiere coordinación entre sus integrantes y conocimiento de las principales necesidades que enfrentan las procuradurías públicas en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa del Estado. Fortalecimiento del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica Uno de los principales desafíos de la Procuraduría General del Estado consiste en continuar fortaleciendo el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Este proceso comprende el desarrollo de capacidades institucionales, la mejora de los mecanismos de coordinación y el establecimiento de criterios que permitan una defensa jurídica más eficiente de los intereses públicos. La actuación coordinada de las procuradurías resulta especialmente importante debido a la diversidad de materias en las que interviene el Estado, desde procesos judiciales hasta controversias administrativas y procedimientos arbitrales. El papel de las procuradurías públicas Las procuradurías públicas cumplen una función especializada dentro de las entidades del Estado. Sus abogados tienen la responsabilidad de representar y defender jurídicamente los intereses de las instituciones a las que pertenecen. Esta labor puede involucrar procesos judiciales, investigaciones, procedimientos administrativos, arbitrajes y otros mecanismos de solución de controversias. Por ello, el fortalecimiento de estas instituciones constituye una tarea permanente y requiere contar con políticas que permitan mejorar su capacidad de respuesta y garantizar una adecuada defensa de los intereses estatales. La incorporación de Falconí en el órgano directivo Con la designación de Juan Falconí, el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado incorpora a un nuevo integrante que participará en las decisiones correspondientes a este órgano. Su participación se desarrollará dentro de las competencias establecidas por la normativa que regula a la Procuraduría General del Estado y el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. La nueva conformación del órgano directivo permitirá continuar con el desarrollo de las funciones institucionales y con la implementación de las políticas destinadas a fortalecer la defensa jurídica estatal. Retos para la Procuraduría General del Estado Entre los principales desafíos institucionales se encuentra continuar mejorando la coordinación entre las procuradurías públicas, fortalecer sus capacidades profesionales y establecer mecanismos que permitan una defensa más eficiente de los intereses del Estado. También resulta importante garantizar que las decisiones institucionales se encuentren orientadas a la protección del patrimonio público y al cumplimiento de las funciones asignadas a la defensa jurídica estatal. En este escenario, la participación del Consejo Directivo resulta fundamental para orientar las políticas del sistema y establecer acciones que contribuyan a mejorar su funcionamiento. Nueva etapa para el Consejo Directivo La incorporación de Juan Falconí se suma a las acciones orientadas a fortalecer la estructura directiva de la Procuraduría General del Estado. El Consejo Directivo tendrá la responsabilidad de continuar impulsando medidas destinadas a consolidar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y mejorar la articulación entre las diferentes procuradurías públicas. La designación marca así una nueva etapa dentro de la gestión del órgano directivo, cuya labor estará vinculada con el fortalecimiento de la defensa jurídica de los intereses del Estado y la consolidación de un sistema institucional más articulado y eficiente. . Noticias Relacionadas Designan a Juan Falconí

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Destituyen a juez por levantar prisión preventiva contra joven de 19 años por abuso sexual a una menor de 12 años: «El joven creía que tenía 15 años»

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Un juez fue destituido debido a su actuación en un proceso judicial por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad. La decisión disciplinaria estuvo relacionada con el cese de la prisión preventiva que había sido dictada contra el investigado, medida que generó cuestionamientos debido a los fundamentos utilizados por el magistrado para modificar la situación jurídica del acusado. El caso adquirió especial relevancia por tratarse de una víctima menor de edad y por las consideraciones efectuadas por el juez al momento de resolver sobre la prisión preventiva. Entre los aspectos cuestionados se encuentra la apreciación relacionada con la edad de la menor, pues el magistrado habría considerado que tenía 15 años cuando en realidad tenía 12. El juez dispuso el cese de la prisión preventiva La controversia se originó a partir de una resolución judicial mediante la cual el magistrado decidió cesar la prisión preventiva que pesaba sobre el investigado por el caso de abuso sexual. La prisión preventiva es una medida cautelar que puede ser dictada durante un proceso penal cuando se cumplen determinados requisitos establecidos por la legislación. Su finalidad es asegurar la presencia del investigado durante el proceso y evitar determinados riesgos que puedan afectar la investigación o el desarrollo del procedimiento judicial. En este caso, la decisión de dejar sin efecto dicha medida fue posteriormente objeto de cuestionamientos en el ámbito disciplinario, debido a los criterios utilizados por el juez para fundamentar su resolución. La edad de la víctima fue uno de los puntos centrales Uno de los aspectos que generó mayor preocupación estuvo relacionado con la edad de la menor agraviada. De acuerdo con los cuestionamientos formulados contra el magistrado, este habría considerado que la víctima tenía 15 años, cuando los documentos del caso establecían que tenía 12 años. La diferencia no resulta menor dentro de un proceso relacionado con delitos sexuales contra menores de edad, debido a que la edad de la víctima puede tener consecuencias jurídicas relevantes para la calificación de los hechos y para la valoración de las circunstancias del caso. Por ello, la correcta identificación de la edad de la víctima constituye un elemento fundamental que debe ser considerado por los órganos jurisdiccionales al momento de adoptar decisiones dentro de una investigación penal. Cuestionamientos a la actuación del magistrado La actuación del juez fue sometida a un procedimiento disciplinario en el que se evaluaron los fundamentos utilizados para disponer el cese de la prisión preventiva. El análisis disciplinario buscó determinar si la resolución judicial se encontraba debidamente fundamentada y si el magistrado había cumplido con los deberes que corresponden a su función jurisdiccional. En este tipo de procedimientos, la evaluación no se limita únicamente al resultado de una decisión judicial, sino que también considera la conducta funcional del magistrado, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto de las normas que regulan el ejercicio de la función judicial. La protección de los menores frente a delitos sexuales Los casos de violencia y abuso sexual contra menores de edad requieren una actuación especialmente diligente por parte de las instituciones encargadas de administrar justicia. La condición de vulnerabilidad de las víctimas menores de edad exige que las autoridades adopten decisiones teniendo en cuenta la protección de sus derechos y evitando actuaciones que puedan generar una nueva afectación durante el desarrollo del proceso. Además, la investigación de estos hechos debe desarrollarse respetando las garantías tanto de la víctima como del investigado, dentro de los límites establecidos por la legislación penal y procesal. La prisión preventiva debe sustentarse en criterios establecidos por la ley La decisión sobre la prisión preventiva corresponde al órgano jurisdiccional y debe encontrarse sustentada en los requisitos previstos por la legislación procesal penal. Cuando una autoridad judicial decide mantener, modificar o cesar una medida de este tipo, debe explicar de manera suficiente las razones que sustentan su decisión y valorar los elementos relevantes que obran en el expediente. En el caso analizado, precisamente la forma en que fueron valorados determinados elementos relacionados con la víctima y las circunstancias de la investigación fue uno de los aspectos que generó cuestionamientos sobre la actuación del juez. La importancia de una adecuada motivación judicial Las resoluciones judiciales deben explicar de manera clara las razones que llevan al juez a adoptar una determinada decisión. La motivación permite que las partes conozcan los fundamentos de la resolución y, cuando corresponda, puedan ejercer los mecanismos de impugnación establecidos por la ley. Una adecuada motivación también constituye una garantía frente a decisiones arbitrarias, debido a que obliga al magistrado a explicar cómo llegó a sus conclusiones a partir de los hechos acreditados y de las normas aplicables. En procesos relacionados con delitos sexuales y víctimas menores de edad, esta exigencia adquiere especial importancia debido a las consecuencias que pueden producir las decisiones adoptadas durante la investigación y el proceso penal. La destitución como consecuencia disciplinaria Luego de evaluar la actuación del magistrado, la autoridad competente determinó imponer la máxima sanción disciplinaria correspondiente a la destitución. La medida implica la separación del juez de la función jurisdiccional y refleja la gravedad atribuida a las conductas analizadas dentro del procedimiento disciplinario. La decisión también pone de manifiesto que los jueces están sujetos a mecanismos de control y responsabilidad funcional cuando existen indicios de incumplimiento de los deberes establecidos para el ejercicio de la magistratura. Un caso que genera debate sobre las decisiones judiciales El caso vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad de los magistrados al momento de adoptar decisiones que pueden tener consecuencias importantes dentro de una investigación penal. La administración de justicia requiere que las resoluciones sean emitidas con base en los hechos acreditados, las normas correspondientes y una valoración adecuada de los elementos disponibles en el expediente. En situaciones que involucran a menores de edad, además, las autoridades deben actuar con especial cuidado para garantizar que sus decisiones respeten los derechos de las víctimas y las garantías procesales de todas las partes. La protección de las víctimas debe ser

Destituyen a juez por levantar prisión preventiva contra joven de 19 años por abuso sexual a una menor de 12 años: «El joven creía que tenía 15 años» Leer más »