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Bancada de Ahora Nación exige la renuncia de Arriola y cuestiona el fracaso de la conducción policial actual

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  La bancada parlamentaria de Ahora Nación exigió la salida de Arriola de su cargo y cuestionó duramente la conducción actual de la Policía Nacional, luego de los recientes hechos de violencia y criminalidad registrados en el país. Los legisladores sostuvieron que la situación de inseguridad evidencia la necesidad de realizar cambios en la conducción de las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana. El pedido de renuncia se produce en medio de una creciente preocupación por la capacidad del Estado para responder frente al avance de organizaciones criminales y delitos que afectan a ciudadanos, comerciantes, empresarios y trabajadores. La bancada cuestiona los resultados de la estrategia policial Los parlamentarios de Ahora Nación señalaron que los resultados obtenidos bajo la actual conducción policial no estarían respondiendo a la magnitud del problema de inseguridad que enfrenta el país. Desde la bancada consideran que las autoridades deben asumir responsabilidades políticas y administrativas cuando las estrategias implementadas no logran contener el avance de la delincuencia. En ese sentido, cuestionaron la conducción de la institución policial y plantearon la necesidad de adoptar medidas inmediatas para mejorar la respuesta frente a la criminalidad. El crimen en Trujillo fue señalado como una muestra de la crisis Uno de los hechos que motivó el pronunciamiento fue el crimen registrado en Trujillo, considerado por los parlamentarios como una muestra de la gravedad de la situación que atraviesa el país. Para Ahora Nación, este tipo de acontecimientos evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para prevenir y responder oportunamente ante hechos de violencia. La bancada sostuvo que la seguridad ciudadana requiere una conducción policial capaz de anticiparse a las organizaciones criminales y desarrollar estrategias efectivas de inteligencia y prevención. “Fracaso de la conducción policial actual” La bancada calificó la situación como un fracaso de la conducción policial actual y consideró que la permanencia de los responsables de dirigir la institución debe ser evaluada. Los parlamentarios señalaron que no basta con anunciar operativos o implementar medidas temporales si estas no producen resultados concretos en la reducción de los delitos. Desde su posición, la respuesta del Estado debe ser integral y estar acompañada de una estrategia permanente contra las organizaciones criminales. La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones La exigencia de Ahora Nación se produce en un contexto en el que la inseguridad ciudadana se mantiene entre las principales preocupaciones de la población. Delitos como extorsión, sicariato, robo, secuestro y homicidio han generado una creciente demanda de acciones concretas por parte de las autoridades. Los ciudadanos esperan que la Policía Nacional cuente con los recursos, personal y estrategias necesarias para enfrentar estas modalidades delictivas. Cuestionan la capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la capacidad de la Policía para enfrentar organizaciones criminales que operan de manera estructurada. Estas agrupaciones pueden desarrollar actividades como extorsión, cobro de cupos, sicariato, tráfico de drogas y otros delitos. Frente a ello, los legisladores consideran necesario fortalecer las unidades especializadas y mejorar la capacidad de inteligencia para identificar y desarticular estas estructuras. La bancada pide asumir responsabilidades Los representantes de Ahora Nación sostienen que la crisis de seguridad requiere que las autoridades asuman responsabilidades por los resultados obtenidos. El pedido de renuncia de Arriola forma parte de esta exigencia política y busca generar cambios en la conducción policial. Según la bancada, la permanencia de los actuales responsables debería estar condicionada a resultados concretos en la lucha contra la delincuencia. Inteligencia policial es considerada fundamental Otro de los aspectos que forma parte del debate es el fortalecimiento de la inteligencia policial. Las organizaciones criminales han desarrollado nuevas modalidades para ocultar sus actividades y evitar la intervención de las autoridades. Por ello, una estrategia eficaz requiere obtener información anticipada, identificar a los principales integrantes de las organizaciones y conocer sus mecanismos de operación. También se plantea fortalecer la investigación criminal La investigación criminal constituye otro de los elementos necesarios para enfrentar la delincuencia. No solo se requiere detener a personas involucradas en determinados hechos, sino también identificar a quienes organizan, financian y dirigen las estructuras criminales. Para ello se necesita una coordinación permanente entre las unidades policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La coordinación entre instituciones es clave La lucha contra el crimen requiere la participación coordinada de diferentes instituciones del Estado. La Policía Nacional cumple un papel fundamental en la prevención e investigación de los delitos, mientras que el Ministerio Público dirige la investigación penal y los jueces tienen a su cargo las decisiones jurisdiccionales correspondientes. Por ello, cualquier cambio en la conducción policial también deberá estar acompañado por una estrategia de coordinación interinstitucional. La crisis de seguridad también genera debate político El pedido de renuncia se suma al debate político sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno frente al incremento de la criminalidad. Diversas bancadas han planteado en los últimos meses cambios normativos y nuevas herramientas para enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato. En este escenario, la conducción de la Policía Nacional se encuentra bajo permanente evaluación política debido a los resultados obtenidos en materia de seguridad. El Congreso podría impulsar nuevas medidas La situación también podría generar nuevas iniciativas desde el Parlamento. Los congresistas podrían plantear modificaciones legales, mayores recursos para la Policía Nacional o mecanismos de fiscalización sobre las instituciones responsables de la seguridad. La finalidad sería fortalecer la capacidad del Estado para responder frente a las organizaciones criminales y mejorar los resultados de las investigaciones. Mayor presencia policial es otra de las demandas La población también reclama una mayor presencia policial en las zonas consideradas de mayor riesgo. El patrullaje preventivo, la vigilancia y la respuesta rápida ante emergencias son considerados elementos importantes para reducir las oportunidades de actuación de los delincuentes. Sin embargo, los especialistas suelen advertir que la presencia policial debe estar acompañada de inteligencia e investigación para lograr resultados sostenibles. El equipamiento policial también entra en el debate La capacidad operativa de la Policía depende, entre otros factores, de los recursos disponibles. Vehículos,

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¡Dinero a cambio de renunciar! gobierno propone incentivos económicos para la salida voluntaria de trabajadores del estado

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  El Gobierno presentó ante el Congreso una propuesta para establecer incentivos económicos dirigidos a los servidores públicos que decidan voluntariamente dejar sus puestos de trabajo, como parte de un proceso de reorganización y modernización del servicio civil. La medida forma parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. La iniciativa busca reorganizar los recursos humanos de las entidades públicas y determinar con mayor precisión cuáles son las plazas que realmente resultan necesarias para el funcionamiento del Estado. De acuerdo con la propuesta, el beneficio económico estaría dirigido exclusivamente a quienes decidan acogerse libremente a la salida. Es decir, el mecanismo planteado no sería un despido automático ni permitiría, por sí mismo, separar unilateralmente a trabajadores que cuentan con estabilidad laboral. La propuesta busca reducir y reorganizar la planilla estatal Uno de los objetivos centrales de la iniciativa es reorganizar la estructura de trabajadores que actualmente existe dentro de las diferentes entidades públicas. El Gobierno plantea que las instituciones puedan sincerar sus necesidades de personal y determinar qué plazas son necesarias para garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos. La propuesta parte de la existencia de diferentes regímenes laborales dentro del Estado, situación que ha generado diferencias en derechos, beneficios y condiciones laborales entre servidores que realizan funciones similares. El retiro sería voluntario Uno de los aspectos más importantes de la propuesta es que la salida tendría carácter voluntario. Esto significa que el trabajador podría decidir si acepta o no el incentivo ofrecido por el Estado para dejar su puesto. El Ejecutivo ha precisado que la delegación solicitada no comprende la facultad para disponer el despido o destitución de trabajadores que gozan de estabilidad laboral. Por ello, la iniciativa busca establecer un mecanismo de salida acordada y no una herramienta para realizar ceses forzosos. ¿Cómo se calcularía el incentivo económico? La propuesta plantea utilizar como referencia la protección económica reconocida en el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N.° 728. Según la información difundida sobre la iniciativa, la referencia utilizada sería una remuneración y media por cada año de servicios, con un límite máximo de 12 remuneraciones. Sin embargo, es importante precisar que esta fórmula constituye un parámetro para establecer el incentivo y no significa que el Gobierno esté creando una modalidad de despido indemnizado para los servidores públicos. Ejemplo de cómo funcionaría el incentivo Por ejemplo, tomando como referencia la fórmula planteada, un trabajador que perciba S/ 4,000 mensuales y tenga cinco años de servicio podría recibir un incentivo equivalente a 7,5 remuneraciones, es decir, S/ 30,000. Si tuviera diez años de servicio, el cálculo teórico alcanzaría 15 remuneraciones. Sin embargo, al existir un límite máximo de 12 remuneraciones, el incentivo no superaría los S/ 48,000 en ese ejemplo. El monto definitivo dependerá de las reglas que eventualmente sean aprobadas y de las condiciones que establezca la normativa correspondiente. No se trataría de un despido con indemnización Uno de los puntos que genera mayor interés en la propuesta es la diferencia entre una salida voluntaria y un despido. El esquema planteado busca que el servidor decida libremente si acepta el beneficio y deja su puesto. Por ello, la referencia al Decreto Legislativo 728 serviría principalmente para calcular el incentivo económico y no para establecer que el trabajador pueda ser despedido unilateralmente recibiendo una compensación. El Estado tiene varios regímenes laborales Actualmente, dentro de la administración pública conviven diferentes modalidades y regímenes laborales. Entre ellos se encuentran los trabajadores sujetos a los decretos legislativos 276 y 728, los servidores contratados bajo el régimen CAS establecido por el Decreto Legislativo 1057 y quienes pertenecen al régimen del Servicio Civil regulado por la Ley N.° 30057. Esta diversidad es uno de los argumentos utilizados para impulsar una reorganización del servicio civil. Buscan ordenar los recursos humanos del Estado La propuesta también tiene como finalidad ordenar la gestión de recursos humanos dentro de las instituciones públicas. El Ejecutivo plantea fortalecer la meritocracia, establecer estándares de idoneidad y reorganizar las estructuras, funciones y procesos de las entidades para mejorar la prestación de los servicios públicos. En ese contexto, los incentivos para la salida voluntaria serían solamente uno de los mecanismos contemplados dentro de una reforma más amplia. La reforma apunta a modernizar el servicio civil El Gobierno sostiene que la modernización del servicio civil requiere revisar la manera en que se organiza actualmente la administración pública. La propuesta busca que las entidades cuenten con estructuras de personal adecuadas a sus necesidades y que los recursos humanos sean distribuidos de manera más eficiente. También se plantea fortalecer criterios de mérito para el acceso, ascenso y capacitación de los trabajadores del Estado. ¿Quiénes podrían acogerse al beneficio? La propuesta inicial establece el carácter voluntario del mecanismo, pero los alcances concretos respecto de los grupos de trabajadores que podrían acceder al incentivo deberán definirse en la regulación correspondiente. Información difundida sobre el proyecto señala que el planteamiento contempla a determinados servidores sujetos a regímenes como el CAS a plazo indeterminado, el régimen 276 y trabajadores del régimen 728 a plazo indeterminado. No obstante, las condiciones definitivas dependerán del contenido de la norma que eventualmente se apruebe. El Gobierno busca identificar plazas realmente necesarias La reorganización planteada parte de la necesidad de determinar cuántas plazas requiere realmente cada entidad pública. El objetivo es evitar duplicidad de funciones y procurar que la estructura de personal responda a las necesidades de los servicios que brinda cada institución. En ese sentido, la salida voluntaria podría ser utilizada como una herramienta para reducir progresivamente plazas que sean consideradas innecesarias dentro del proceso de reorganización. La medida genera debate entre trabajadores públicos La posibilidad de recibir un incentivo económico a cambio de renunciar podría generar diferentes posiciones entre los trabajadores del Estado. Para algunos servidores, el mecanismo podría representar una oportunidad para obtener una compensación y emprender una nueva actividad laboral o empresarial. Para otros, existe preocupación respecto de las condiciones bajo las cuales se aplicaría la medida y sobre la posibilidad de que

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Alcalde de Lima solicita a Keiko Fujimori autorizar uso de armas para agentes de Emape

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  El alcalde de Lima solicitó al Gobierno evaluar la posibilidad de autorizar el uso de armas de fuego por parte de los agentes de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), como una medida orientada a reforzar las acciones de seguridad en distintos puntos de la capital. El pedido fue dirigido a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en el marco de las propuestas que vienen siendo planteadas desde diferentes sectores para fortalecer la seguridad ciudadana y ampliar las capacidades de respuesta frente al incremento de hechos delictivos. La solicitud busca que los agentes encargados de determinadas labores de seguridad puedan contar con mayores herramientas para enfrentar situaciones de riesgo durante el cumplimiento de sus funciones. La propuesta busca reforzar la seguridad en Lima El planteamiento surge en un contexto marcado por la preocupación de autoridades y ciudadanos debido a los hechos delictivos registrados en diferentes zonas de Lima. El alcalde sostiene que las instituciones municipales necesitan contar con mecanismos adecuados para proteger tanto a sus trabajadores como a los ciudadanos que utilizan diariamente las principales vías de la ciudad. En este escenario, el pedido de autorización para portar y utilizar armas de fuego constituye una de las alternativas planteadas para incrementar la capacidad de respuesta de los agentes frente a situaciones que puedan poner en riesgo su integridad. ¿Qué es Emape y qué funciones cumple? Emape es una empresa de la Municipalidad Metropolitana de Lima vinculada a la ejecución, mantenimiento y gestión de infraestructura vial y otros proyectos estratégicos de la ciudad. Sus trabajadores y agentes desarrollan labores en diferentes espacios y vías administradas por la Municipalidad de Lima, donde pueden estar expuestos a situaciones de inseguridad. El planteamiento busca que determinados agentes que cumplen funciones relacionadas con la seguridad puedan contar con herramientas adicionales para responder ante posibles amenazas. El pedido fue dirigido a la presidenta Keiko Fujimori La solicitud fue planteada directamente a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, debido a que el uso y control de armas de fuego se encuentra sujeto a un marco legal específico y a determinadas condiciones establecidas por el Estado. Por ello, la implementación de una medida de esta naturaleza requeriría evaluar previamente las competencias de los agentes, los requisitos legales y los mecanismos de control correspondientes. La propuesta tendría que ser analizada por las autoridades responsables de la seguridad y del control de armas antes de determinar su eventual aplicación. La autorización no implicaría que todos los agentes porten armas automáticamente Uno de los aspectos que deberá precisarse en caso de que la propuesta avance es quiénes podrían acceder al uso de armas de fuego. La eventual autorización tendría que establecer requisitos relacionados con capacitación, evaluación, certificación, condiciones de uso y supervisión. De esta manera, no necesariamente todos los trabajadores de Emape estarían habilitados para portar armas, sino únicamente aquellos que cumplan las condiciones establecidas por la normativa correspondiente. Capacitación y evaluación serían aspectos fundamentales El uso de armas de fuego por parte de agentes municipales requeriría una preparación especializada. Los agentes deberían contar con capacitación en manejo seguro de armas, protocolos de actuación, identificación de amenazas, uso proporcional de la fuerza y procedimientos posteriores a una intervención. Asimismo, podrían establecerse evaluaciones periódicas para determinar si los agentes mantienen las condiciones necesarias para ejercer esta función. El uso de la fuerza tendría que estar regulado Una eventual autorización para que los agentes utilicen armas de fuego no significaría que puedan emplearlas de manera libre o sin restricciones. El uso de la fuerza debe encontrarse sujeto a principios y reglas que determinen cuándo resulta legítimo recurrir a una herramienta de esta naturaleza. Por ello, cualquier medida deberá establecer protocolos claros para evitar actuaciones arbitrarias y garantizar que las intervenciones se desarrollen dentro del marco legal. La propuesta se relaciona con la seguridad ciudadana El pedido forma parte de un debate más amplio sobre las herramientas que pueden utilizar las autoridades locales para enfrentar la delincuencia. Las municipalidades cumplen funciones relacionadas con la seguridad ciudadana mediante serenazgo, videovigilancia, patrullaje y coordinación con la Policía Nacional. Sin embargo, sus competencias y facultades no son equivalentes a las de la Policía, por lo que cualquier ampliación de funciones deberá estar respaldada por una norma específica. El alcalde busca ampliar las capacidades de los agentes municipales Desde la perspectiva de la Municipalidad de Lima, dotar de mayores herramientas a determinados agentes permitiría mejorar su capacidad de reacción frente a situaciones de peligro. La propuesta busca que quienes desarrollan labores en zonas consideradas de riesgo puedan contar con mecanismos de protección adecuados. El objetivo planteado es reducir la vulnerabilidad de los trabajadores municipales y mejorar la seguridad en espacios donde se registra una elevada circulación de personas. La medida podría generar debate jurídico La propuesta también podría abrir una discusión respecto de las competencias que corresponden a los gobiernos locales en materia de seguridad. Especialistas podrían analizar si resulta jurídicamente viable otorgar a agentes municipales facultades relacionadas con el uso de armas de fuego y bajo qué condiciones podría realizarse. También deberán determinarse los mecanismos de coordinación entre los agentes de Emape, el serenazgo y la Policía Nacional. La Policía Nacional mantiene sus competencias La eventual incorporación de agentes municipales armados no reemplazaría las funciones constitucionales y legales de la Policía Nacional. La Policía continúa siendo la institución encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Por ello, cualquier esquema de seguridad que involucre a agentes municipales tendría que establecer mecanismos de coordinación con las fuerzas policiales. Se deberá definir cuándo podrían intervenir los agentes Otro punto que tendría que ser establecido es el ámbito de actuación de los agentes de Emape. La regulación debería precisar en qué circunstancias podrían intervenir frente a un hecho delictivo y cuáles serían sus límites. También tendría que establecerse qué procedimiento deben seguir cuando se encuentren frente a una situación que requiera una intervención policial. El control de las armas sería un aspecto clave

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Organizaciones criminales podrían ser consideradas terroristas tras propuesta del Gobierno al Congreso

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  El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley mediante el cual solicita facultades legislativas para implementar diversas medidas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad organizada. Entre las propuestas destaca la creación de un marco legal que permita declarar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas. La iniciativa forma parte de un amplio paquete de reformas que comprende materias penales, procesales, penitenciarias, policiales, migratorias y de seguridad ciudadana. El Gobierno busca obtener facultades para legislar durante 120 días calendario en los ámbitos planteados en su solicitud. La propuesta pretende establecer criterios específicos para determinar cuándo una organización criminal puede recibir la clasificación de organización terrorista, además de contemplar mecanismos para su clasificación y registro. La propuesta busca establecer un nuevo marco legal De acuerdo con el planteamiento presentado por el Ejecutivo, la iniciativa busca establecer reglas que permitan diferenciar y clasificar determinadas organizaciones criminales en función de la gravedad de sus actividades y de las características de los métodos utilizados. El objetivo sería dotar al Estado de nuevas herramientas jurídicas para enfrentar estructuras delictivas que generan graves afectaciones a la seguridad y tranquilidad de la población. La propuesta deberá ser evaluada por el Congreso antes de que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades solicitadas en esta materia. La medida forma parte de un paquete contra la criminalidad La posibilidad de considerar terroristas a determinadas organizaciones criminales no constituye una medida aislada. El proyecto presentado por el Gobierno incluye modificaciones al Código Penal y al Nuevo Código Procesal Penal, así como cambios relacionados con la investigación y juzgamiento de delitos vinculados con la criminalidad organizada y las bandas criminales. El Ejecutivo también plantea medidas relacionadas con el sistema penitenciario, el control de comunicaciones desde los penales, el uso de armas y explosivos, la actuación de las Fuerzas Armadas y otras herramientas de seguridad. ¿Qué busca el Gobierno con esta propuesta? La iniciativa tiene como finalidad fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, investigar, perseguir y sancionar delitos vinculados con organizaciones criminales. El Gobierno considera necesario actualizar las herramientas legales frente a modalidades delictivas que han adquirido mayor capacidad de organización y que pueden generar situaciones de violencia, intimidación y temor entre la población. La propuesta busca que el marco jurídico permita una respuesta más contundente frente a estructuras criminales que, por la naturaleza de sus acciones, puedan superar los mecanismos tradicionales de persecución del delito. La clasificación no alcanzaría automáticamente a todas las organizaciones criminales La propuesta plantea establecer un marco para la clasificación y registro de las organizaciones que eventualmente sean consideradas terroristas. Por ello, la medida no significa que cualquier organización criminal pueda ser automáticamente considerada terrorista. Será necesario establecer criterios legales que permitan determinar qué organizaciones cumplen las condiciones previstas por la eventual normativa. Este aspecto será uno de los principales puntos que deberá analizar el Congreso durante el debate de la propuesta. El Congreso deberá evaluar los alcances de la iniciativa El proyecto fue presentado como parte de la solicitud de facultades legislativas del Poder Ejecutivo, por lo que corresponde al Congreso analizar el contenido de la propuesta. Los parlamentarios deberán evaluar los alcances jurídicos de la medida, sus posibles efectos y la compatibilidad de las nuevas disposiciones con el marco constitucional. El debate podría incluir la participación de especialistas en derecho penal, seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y derecho constitucional. La propuesta se relaciona con la lucha contra el crimen organizado Uno de los principales argumentos para impulsar esta medida es la necesidad de fortalecer la respuesta frente a organizaciones criminales que utilizan métodos particularmente violentos. El Gobierno busca ampliar las herramientas disponibles para enfrentar estructuras dedicadas a actividades ilícitas y que puedan generar un impacto significativo sobre la seguridad de la población. La propuesta se enmarca en una política más amplia de endurecimiento de las medidas contra la criminalidad organizada. El terrorismo y la criminalidad organizada deberán diferenciarse jurídicamente Uno de los principales desafíos de la propuesta será establecer con claridad los criterios que permitan diferenciar una organización criminal convencional de una organización que pueda recibir la calificación de terrorista. Esta distinción resulta importante debido a las consecuencias jurídicas que puede generar la aplicación de la legislación antiterrorista. Por ello, la eventual regulación deberá precisar los elementos objetivos que permitan determinar cuándo corresponde aplicar una u otra categoría. La iniciativa también contempla mecanismos de registro Además de establecer la posibilidad de declarar a determinadas organizaciones como terroristas, la propuesta contempla regular mecanismos para su clasificación y registro. La existencia de un registro permitiría identificar formalmente a las organizaciones comprendidas dentro de esta categoría y facilitar la actuación coordinada de las instituciones encargadas de combatirlas. Los detalles de este mecanismo deberán ser definidos en la legislación que eventualmente sea aprobada. La propuesta incluye otras medidas de seguridad El paquete presentado por el Gobierno incorpora diversas medidas adicionales para enfrentar la criminalidad. Entre ellas se encuentran modificaciones relacionadas con el control, rastreo y bloqueo de equipos móviles utilizados ilícitamente, así como medidas para enfrentar las comunicaciones ilegales realizadas desde establecimientos penitenciarios. También se plantean modificaciones al marco normativo relacionado con armas de fuego, municiones, explosivos y otros elementos de uso civil. Se plantea fortalecer el control de las comunicaciones desde penales Otro de los componentes de la propuesta está relacionado con el uso de celulares y otros medios de comunicación desde los establecimientos penitenciarios. El Gobierno plantea modificar las reglas sobre rastreo, localización, geolocalización, control y bloqueo de equipos utilizados para actividades ilícitas. La medida busca evitar que las organizaciones criminales continúen utilizando las comunicaciones desde los penales para coordinar actividades delictivas. También se plantean cambios en materia penitenciaria La propuesta contempla una reforma del sistema penitenciario orientada a fortalecer la seguridad y la reinserción social. Asimismo, se plantea regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en determinadas acciones de seguridad externa y apoyo operativo dentro del sistema penitenciario, conforme al marco constitucional. El Gobierno también propone mecanismos de seguimiento para personas condenadas

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Inician revisión de normas ‘procrimen’ para evaluar reformas contra la criminalidad

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  Las autoridades iniciaron un proceso de revisión de las denominadas normas ‘procrimen’, con el objetivo de evaluar sus alcances, efectos y posibles modificaciones frente a la situación de inseguridad y criminalidad que enfrenta el país. El análisis busca determinar si las disposiciones aprobadas en los últimos años han contribuido efectivamente a fortalecer la lucha contra el delito o si requieren ajustes para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los hechos delictivos. La revisión se desarrolla en medio de un debate sobre la eficacia de las normas penales y procesales que han sido cuestionadas por diferentes sectores debido a sus posibles efectos sobre las investigaciones fiscales y los procesos judiciales. ¿Qué son las denominadas normas ‘procrimen’? La expresión ‘procrimen’ ha sido utilizada por sectores políticos, instituciones y especialistas para referirse de manera crítica a determinadas normas que, según sus cuestionamientos, podrían generar dificultades para la persecución de delitos. El término no corresponde necesariamente a una categoría jurídica oficial, sino que forma parte del debate político y público sobre las modificaciones realizadas al marco penal y procesal. Entre los aspectos que son materia de discusión se encuentran las reglas aplicables a las investigaciones, las facultades de las autoridades, los procedimientos de persecución penal y las condiciones para adoptar determinadas medidas contra personas investigadas. La revisión busca identificar posibles efectos negativos Uno de los principales objetivos del proceso de revisión es determinar si algunas de estas normas han generado consecuencias no previstas en su aplicación. Las autoridades buscan conocer si determinadas modificaciones legales han dificultado el trabajo de fiscales, jueces o policías encargados de investigar organizaciones criminales y otros delitos de especial gravedad. El análisis también deberá considerar si las normas actualmente vigentes cumplen con los objetivos para los cuales fueron aprobadas y si resulta necesario introducir modificaciones para mejorar su aplicación. El debate se centra en la lucha contra la criminalidad La revisión se produce en un contexto de preocupación por el incremento de diferentes modalidades delictivas. Extorsión, sicariato, robo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y otras formas de criminalidad organizada representan desafíos para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. Ante este escenario, distintos sectores consideran necesario evaluar si el marco jurídico actual proporciona herramientas suficientes para que el Estado pueda responder de manera efectiva. Normas penales y procesales serán materia de análisis La revisión no se limita necesariamente a las penas establecidas para determinados delitos. También pueden ser evaluadas normas relacionadas con los procedimientos de investigación, recopilación de evidencias, actuación del Ministerio Público, intervención policial y actuación de los órganos jurisdiccionales. El objetivo será determinar si existen disposiciones que necesitan ser modificadas para evitar vacíos legales o dificultades durante las investigaciones. La persecución del crimen organizado es uno de los principales desafíos Uno de los puntos centrales del debate está relacionado con la capacidad del Estado para enfrentar organizaciones criminales. Estas estructuras pueden operar mediante redes complejas y desarrollar actividades ilícitas que requieren investigaciones especializadas y coordinación entre diferentes instituciones. Por ello, las autoridades consideran necesario contar con herramientas legales que permitan investigar estos delitos sin generar obstáculos innecesarios, pero respetando al mismo tiempo las garantías constitucionales. La revisión deberá considerar el respeto al debido proceso Cualquier reforma destinada a fortalecer la lucha contra la criminalidad debe mantener el equilibrio entre eficacia y respeto de los derechos fundamentales. La persecución penal debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. Esto implica garantizar derechos como la defensa, la presunción de inocencia, el debido proceso y el control judicial de las medidas que puedan afectar derechos fundamentales. Por ello, una eventual reforma de las normas cuestionadas deberá ser evaluada también desde una perspectiva constitucional. Fiscalía y Policía requieren herramientas eficaces Uno de los argumentos utilizados para promover la revisión de determinadas normas está relacionado con las dificultades que podrían enfrentar los investigadores durante el desarrollo de sus funciones. La Fiscalía y la Policía Nacional necesitan contar con mecanismos adecuados para investigar delitos complejos y obtener información que permita identificar a los responsables. La discusión busca determinar si las normas actuales facilitan o dificultan estas labores y qué modificaciones podrían mejorar la coordinación entre ambas instituciones. El Congreso tendrá un papel importante en las eventuales reformas Si el proceso de revisión determina que determinadas normas deben ser modificadas, el Congreso de la República podría recibir propuestas destinadas a introducir cambios en el marco legal. Los proyectos deberán ser analizados en las comisiones correspondientes antes de continuar con el procedimiento legislativo. Durante este proceso también podrán participar especialistas, representantes de instituciones públicas y otros sectores vinculados con la administración de justicia y la seguridad ciudadana. Las modificaciones deberán basarse en evidencia Uno de los principales desafíos será evitar que las reformas respondan únicamente a posiciones políticas. La revisión de las normas debería considerar información sobre su aplicación práctica, estadísticas de criminalidad, resultados de investigaciones y opiniones de los operadores del sistema de justicia. Este análisis permitiría determinar cuáles disposiciones realmente generan dificultades y cuáles pueden mantenerse sin modificaciones. El impacto de las normas será evaluado Las autoridades deberán analizar cómo las normas cuestionadas han impactado en investigaciones y procesos relacionados con delitos graves. También será importante determinar si las modificaciones realizadas anteriormente han producido resultados favorables o si, por el contrario, han generado dificultades para sancionar determinadas conductas. La evaluación permitirá contar con información para decidir si corresponde mantener, modificar o derogar determinadas disposiciones. Seguridad ciudadana y justicia forman parte del debate La discusión sobre las normas ‘procrimen’ se encuentra directamente relacionada con la preocupación ciudadana por la inseguridad. La población demanda respuestas concretas frente al crecimiento de determinadas modalidades delictivas y espera que las instituciones puedan actuar de manera coordinada. En este escenario, las normas penales constituyen una de las herramientas disponibles para enfrentar el delito, aunque deben estar acompañadas por políticas de prevención, investigación y fortalecimiento institucional. No basta con aumentar las penas Otro de los aspectos que deberá ser considerado es que la

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Juez ordena devolución de 171 inmuebles incautados a la Universidad Alas Peruanas

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Un juez dispuso la devolución de 171 inmuebles que habían sido incautados a la Universidad Alas Peruanas (UAP), como parte de una decisión judicial que modifica la situación de los bienes que permanecían bajo una medida de incautación. La resolución representa un nuevo capítulo dentro de las actuaciones judiciales relacionadas con el patrimonio de la Universidad Alas Peruanas y los bienes que fueron afectados por medidas adoptadas durante las investigaciones desarrolladas en años anteriores. La decisión judicial establece que los inmuebles comprendidos en la medida deberán ser devueltos a la universidad, conforme a los fundamentos expuestos en la resolución. La medida comprendía 171 inmuebles El pronunciamiento judicial alcanza un total de 171 inmuebles que habían sido objeto de una medida de incautación. Estos bienes forman parte del patrimonio relacionado con la Universidad Alas Peruanas y se encontraban sujetos a las disposiciones judiciales emitidas durante el desarrollo de las investigaciones correspondientes. Con la nueva decisión, el órgano jurisdiccional ordena que los inmuebles sean restituidos a la institución, dejando sin efecto las consecuencias prácticas que mantenía la medida sobre dichos bienes. ¿Qué significa la devolución de los inmuebles? La devolución implica que los bienes comprendidos en la resolución deberán retornar a la esfera patrimonial de la Universidad Alas Peruanas. La medida judicial modifica la situación que mantenían los inmuebles mientras permanecían incautados y permite que la institución recupere su disposición sobre los bienes, de acuerdo con los alcances establecidos por la resolución. La ejecución de la decisión deberá realizarse conforme a los procedimientos correspondientes y bajo la supervisión de las autoridades competentes. Los inmuebles habían sido incautados previamente La incautación de los bienes se produjo dentro de actuaciones judiciales relacionadas con investigaciones que involucraron el patrimonio y las actividades de la Universidad Alas Peruanas. Una medida de incautación tiene como finalidad asegurar determinados bienes durante el desarrollo de un proceso y evitar que puedan ser transferidos, ocultados o utilizados de una manera que afecte el resultado de las investigaciones. Sin embargo, este tipo de medidas se encuentra sujeta al control judicial y puede ser modificada o levantada cuando las circunstancias que justificaron su imposición dejan de existir o cuando el órgano jurisdiccional determina que corresponde adoptar otra decisión. La decisión fue adoptada por un órgano jurisdiccional La orden de devolución fue emitida por un juez dentro del marco de sus competencias jurisdiccionales. El magistrado evaluó la situación jurídica de los inmuebles y los argumentos presentados durante el proceso antes de disponer la restitución de los bienes. La resolución establece las condiciones bajo las cuales deberá ejecutarse la devolución y determina el alcance de la decisión respecto de los 171 inmuebles. La UAP recuperaría el control de sus bienes Con la decisión judicial, la Universidad Alas Peruanas podrá recuperar el control sobre los inmuebles comprendidos en la resolución. La restitución de los bienes representa una modificación importante en la situación patrimonial de la institución, debido al número de propiedades involucradas. La universidad deberá cumplir con los procedimientos administrativos y registrales que correspondan para hacer efectiva la recuperación de los inmuebles. La medida no debe confundirse con el cierre de una investigación La devolución de los bienes no necesariamente significa que todas las investigaciones relacionadas con la Universidad Alas Peruanas hayan concluido. Es importante diferenciar una decisión referida a una medida sobre determinados bienes de una eventual decisión definitiva respecto de las investigaciones o procesos judiciales vinculados con otros hechos. El alcance concreto de la resolución deberá ser determinado conforme a sus fundamentos y a las disposiciones establecidas por el órgano jurisdiccional. ¿Por qué se incautan bienes durante una investigación? La incautación constituye una herramienta utilizada dentro de determinados procesos judiciales para asegurar bienes que podrían estar vinculados con hechos materia de investigación. Su finalidad es evitar que los bienes sean ocultados, transferidos o afectados mientras las autoridades desarrollan las diligencias necesarias. Sin embargo, la medida tiene carácter procesal y debe estar sometida a los principios y garantías establecidos por la legislación. Cuando el órgano jurisdiccional considera que ya no corresponde mantenerla, puede disponer el levantamiento de la medida y ordenar la devolución de los bienes. El número de propiedades hace relevante la resolución La decisión adquiere especial relevancia debido a la cantidad de inmuebles involucrados. La devolución de 171 propiedades representa un cambio significativo en la situación patrimonial de la Universidad Alas Peruanas y requerirá la ejecución de diferentes actuaciones para materializar la entrega. Las autoridades correspondientes deberán identificar cada uno de los bienes comprendidos en la resolución y realizar las acciones necesarias para concretar su restitución. La resolución tendrá que ser ejecutada por las autoridades correspondientes Una vez emitida la orden judicial, corresponde a las entidades y funcionarios involucrados adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. La ejecución puede comprender actuaciones relacionadas con la entrega material de los inmuebles, actualización de registros y levantamiento de las restricciones que pudieran mantenerse como consecuencia de la incautación. Todo ello deberá realizarse de acuerdo con los términos establecidos por la resolución judicial. La decisión modifica la situación patrimonial de la universidad Los inmuebles constituyen parte del patrimonio de la Universidad Alas Peruanas, por lo que su devolución tiene consecuencias directas sobre la situación patrimonial de la institución. La recuperación de los bienes permitirá que la universidad vuelva a ejercer las facultades que correspondan sobre ellos, siempre dentro del marco establecido por la legislación y las resoluciones judiciales vigentes. El impacto de la decisión dependerá también de la naturaleza y ubicación de cada uno de los inmuebles. El caso vuelve a poner atención sobre las medidas de incautación La resolución también genera interés respecto del uso de las medidas de incautación dentro de los procesos judiciales. Estas herramientas buscan garantizar que determinados bienes permanezcan disponibles para las investigaciones, pero su mantenimiento debe estar sustentado en razones jurídicas y procesales. Cuando un juez determina que corresponde devolver los bienes, las autoridades deben cumplir la decisión y restablecer la situación patrimonial que corresponda. La universidad deberá seguir los procedimientos establecidos La devolución de los inmuebles no significa

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PJ impulsa uso responsable de la IA para agilizar expedientes y mejorar el servicio de justicia

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El Poder Judicial viene promoviendo el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) como una herramienta destinada a contribuir con la modernización de la administración de justicia, agilizar la gestión de expedientes y mejorar los servicios que reciben los ciudadanos. La incorporación de nuevas tecnologías busca responder a los desafíos que enfrenta actualmente el sistema de justicia, especialmente frente al elevado número de expedientes, la necesidad de optimizar los tiempos de atención y la creciente demanda de servicios judiciales digitales. En este contexto, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, siempre que su utilización se realice bajo criterios de responsabilidad, supervisión humana, seguridad de la información y respeto de los derechos fundamentales. La IA como herramienta de apoyo a la justicia El desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para automatizar determinadas tareas y facilitar el procesamiento de grandes cantidades de información. En el ámbito judicial, estas tecnologías pueden utilizarse como apoyo para organizar documentos, clasificar información, identificar datos relevantes dentro de expedientes y facilitar determinadas labores administrativas. Sin embargo, la implementación de estas herramientas no significa que las decisiones judiciales puedan ser delegadas completamente a sistemas automatizados. La responsabilidad de analizar los casos y adoptar decisiones jurisdiccionales corresponde a los jueces, quienes deben evaluar la información disponible y aplicar las normas correspondientes. Agilización de la gestión de expedientes Uno de los principales objetivos del uso de inteligencia artificial es contribuir a reducir el tiempo que demanda determinadas tareas relacionadas con la gestión de expedientes. Los sistemas tecnológicos pueden ayudar a procesar grandes volúmenes de documentos y facilitar la búsqueda de información específica. Esto podría permitir que los trabajadores del Poder Judicial dediquen mayor tiempo a actividades que requieren análisis jurídico, atención a los usuarios y otras labores que necesitan intervención humana. La tecnología, de esta manera, se plantea como un mecanismo de apoyo para mejorar la eficiencia institucional. La transformación digital del Poder Judicial La incorporación de inteligencia artificial forma parte de un proceso más amplio de transformación digital del sistema de justicia. Durante los últimos años, el Poder Judicial ha implementado diferentes herramientas tecnológicas destinadas a facilitar la presentación de documentos, consulta de expedientes, realización de audiencias y comunicación entre los órganos jurisdiccionales y los usuarios. La incorporación de nuevas tecnologías busca avanzar hacia una justicia más rápida, accesible y eficiente. En este proceso, la inteligencia artificial representa una nueva etapa que requiere establecer mecanismos adecuados de control y supervisión. Uso responsable y supervisión humana Uno de los principales criterios planteados para la utilización de IA en el sistema judicial es que estas herramientas deben funcionar como apoyo y no reemplazar el criterio de los operadores de justicia. La supervisión humana resulta fundamental debido a que los sistemas de inteligencia artificial pueden cometer errores, interpretar incorrectamente determinada información o generar resultados que requieran una revisión adicional. Por ello, cualquier herramienta utilizada en el ámbito judicial debe ser sometida a controles que permitan verificar la calidad y confiabilidad de sus resultados. La inteligencia artificial no reemplazará al juez El uso de inteligencia artificial dentro del Poder Judicial no supone que los sistemas tecnológicos vayan a reemplazar a los magistrados. Las decisiones judiciales requieren analizar las circunstancias particulares de cada caso, interpretar las normas y valorar los elementos presentados por las partes. La IA puede proporcionar información o facilitar determinadas tareas, pero la decisión final debe permanecer bajo responsabilidad de los jueces y de los funcionarios competentes. Este principio resulta especialmente importante cuando se trata de procesos que pueden afectar derechos fundamentales de las personas. Protección de datos personales e información judicial El uso de herramientas de inteligencia artificial también plantea desafíos relacionados con la seguridad de la información. Los expedientes judiciales pueden contener datos personales, información sensible y documentos que requieren protección. Por ello, las plataformas y sistemas utilizados deben contar con mecanismos de seguridad adecuados para evitar accesos no autorizados, filtraciones o usos indebidos de la información. La protección de los datos constituye uno de los aspectos que deben ser considerados antes de ampliar el uso de herramientas de IA en el sistema judicial. Transparencia en el uso de la inteligencia artificial Otro de los aspectos relevantes es la necesidad de garantizar transparencia respecto de las herramientas utilizadas. Los usuarios del sistema de justicia deben conocer cuándo una herramienta tecnológica interviene en determinadas actividades y cuál es su función dentro del procedimiento. La utilización de sistemas automatizados debe desarrollarse bajo reglas claras que permitan identificar sus alcances y establecer responsabilidades cuando se produzcan errores. La transparencia también contribuye a fortalecer la confianza de los ciudadanos en la modernización tecnológica de la justicia. La IA puede ayudar a reducir tareas repetitivas Una de las ventajas potenciales de estas herramientas es la posibilidad de automatizar determinadas tareas repetitivas. La revisión inicial de grandes volúmenes de documentos, clasificación de archivos, generación de determinados reportes y búsqueda de información son algunas de las actividades en las que las herramientas tecnológicas pueden proporcionar apoyo. Esto permitiría optimizar los recursos disponibles y reducir el tiempo que los trabajadores dedican a labores administrativas. De esta manera, los servidores podrían concentrarse en actividades que requieren mayor capacidad de análisis y contacto directo con los ciudadanos. Mejor atención para los usuarios del sistema de justicia La modernización tecnológica también busca mejorar la experiencia de las personas que utilizan los servicios judiciales. Una gestión más eficiente de los expedientes puede contribuir a reducir demoras y facilitar el acceso a información relacionada con los procesos. El objetivo final de estas herramientas debe estar orientado a brindar un servicio de justicia más oportuno y accesible. La tecnología, por tanto, no debe considerarse únicamente como una herramienta interna, sino como un mecanismo que puede generar beneficios para los ciudadanos. Capacitación de jueces y trabajadores La incorporación de inteligencia artificial requiere también capacitar a las personas que utilizarán estas herramientas. Los jueces, especialistas y trabajadores judiciales deberán conocer las posibilidades y limitaciones de los sistemas de IA para

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Alcaldesa es detenida por presunto cobro de S/50 000 para favorecer concesión de obra a su amiga

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Una alcaldesa fue detenida en el marco de una investigación por el presunto cobro de S/50 000 que habría solicitado para favorecer a una persona de su entorno con la concesión de una obra pública. La intervención forma parte de las diligencias realizadas por las autoridades para esclarecer un posible caso de corrupción vinculado con la administración municipal. De acuerdo con la investigación, la autoridad edil habría utilizado su posición dentro de la municipalidad para intervenir en el proceso relacionado con la concesión de una obra y beneficiar presuntamente a una persona con quien mantenía una relación de amistad. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes, que deberán determinar las circunstancias en las que se habría producido la solicitud y eventual entrega del dinero, así como la participación que habría tenido la funcionaria y otras personas involucradas. La investigación apunta a un presunto pago de S/50 000 Uno de los principales elementos de la investigación es el supuesto pago de S/50 000 que habría sido solicitado para favorecer la concesión de una obra. Según la hipótesis que manejan los investigadores, el dinero habría estado relacionado con la intervención de la autoridad municipal en el procedimiento de contratación o concesión. La suma habría sido entregada con la finalidad de garantizar que una persona determinada resultara favorecida dentro del proceso, situación que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades. La obra habría sido ofrecida a una persona cercana Otro de los aspectos que forman parte de las diligencias está relacionado con la identidad y vínculo de la persona que presuntamente habría sido beneficiada. La investigación sostiene que la obra habría sido ofrecida a una amiga de la alcaldesa, lo que podría constituir un elemento relevante para determinar si existió un favorecimiento indebido desde la administración municipal. Las autoridades deberán establecer si la persona beneficiada cumplía con los requisitos establecidos para participar en el procedimiento y si la autoridad municipal intervino para alterar o direccionar el proceso. La intervención de la alcaldesa es materia de investigación La detención de la autoridad edil no implica por sí misma una declaración de responsabilidad penal. Corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar, dentro del proceso correspondiente, si existen elementos suficientes que acrediten la comisión de un delito. Durante las investigaciones se deberán analizar documentos municipales, comunicaciones, registros de reuniones y cualquier evidencia relacionada con la presunta solicitud y entrega del dinero. También será necesario determinar si otras personas participaron en los hechos y cuál habría sido su nivel de intervención. Presunto favorecimiento en una contratación pública El caso genera especial atención debido a que la presunta conducta estaría relacionada con una obra pública. Los procesos de contratación y concesión realizados por las municipalidades deben desarrollarse bajo principios de transparencia, imparcialidad y respeto de las normas correspondientes. Cuando una autoridad utiliza presuntamente su cargo para favorecer a una persona determinada a cambio de un beneficio económico, la situación puede generar consecuencias penales y administrativas, dependiendo de los hechos que finalmente sean acreditados. La detención forma parte de las diligencias fiscales La intervención de la alcaldesa se realizó como parte de las diligencias desplegadas por las autoridades encargadas de investigar el caso. Este tipo de medidas tienen como finalidad asegurar la presencia de los investigados durante determinadas actuaciones y permitir el desarrollo de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. La investigación deberá continuar con la recopilación y evaluación de evidencias que permitan establecer si existió efectivamente un acuerdo para favorecer a una persona a cambio de dinero. Las autoridades buscan determinar el destino del dinero Otro de los puntos que deberán ser esclarecidos es el destino de los S/50 000 que presuntamente habrían sido solicitados. Los investigadores deberán determinar quién habría solicitado el dinero, quién lo habría recibido y si existieron intermediarios durante la operación. La trazabilidad del dinero podría convertirse en uno de los elementos importantes para establecer la existencia de una eventual negociación ilícita vinculada con la concesión de la obra. La investigación también podría alcanzar a otras personas Además de la alcaldesa, las autoridades podrían investigar a otras personas que eventualmente hayan participado en la presunta operación. Si se acredita que existieron coordinaciones para favorecer a una determinada persona, corresponderá establecer las responsabilidades individuales de cada participante. La investigación deberá diferenciar el grado de intervención de cada persona y determinar si sus acciones tuvieron relevancia penal. Presunta negociación incompatible o cohecho deberá determinarse durante la investigación La calificación jurídica de los hechos dependerá de las circunstancias concretas que sean acreditadas por el Ministerio Público. Las autoridades deberán determinar si la conducta investigada corresponde a alguno de los delitos contra la administración pública previstos en la legislación peruana. En esta etapa, resulta necesario mantener la presunción de inocencia de las personas investigadas hasta que exista una decisión judicial firme que determine responsabilidades. El caso vuelve a poner bajo atención la gestión municipal La investigación genera preocupación debido a que involucra a una autoridad elegida para administrar recursos y proyectos destinados a beneficiar a la población. Las municipalidades tienen bajo su responsabilidad la ejecución de obras y la prestación de diferentes servicios públicos, por lo que la transparencia en sus procesos resulta fundamental. Cualquier presunto acto de corrupción dentro de estas instituciones puede afectar no solo las finanzas públicas, sino también la ejecución de proyectos destinados a atender las necesidades de los ciudadanos. Las obras públicas requieren transparencia La ejecución de obras mediante procedimientos de contratación o concesión debe garantizar condiciones de igualdad para los participantes y evitar cualquier tipo de favorecimiento indebido. Los funcionarios y servidores públicos tienen la obligación de actuar dentro de las competencias que les otorga la ley y administrar los recursos públicos buscando el interés general. Por ello, las investigaciones relacionadas con presuntos pagos a cambio de favorecer a determinados participantes adquieren especial relevancia para determinar si se respetaron los procedimientos establecidos. La Fiscalía deberá determinar si existen pruebas suficientes El Ministerio Público tendrá que analizar las evidencias recopiladas durante las diligencias

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Diputado retira proyecto sobre creadores de contenido por considerar que hay temas más urgentes

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El congresista Aldo Antonio Bravo Quispe, integrante del grupo parlamentario Renovación Popular, decidió retirar el proyecto de ley que había presentado y que incidía en la regulación de determinadas actividades vinculadas con los creadores de contenido y otros espacios digitales. La iniciativa correspondía al Proyecto de Ley 00043-2026-2031-CD. La decisión de retirar la propuesta se produce en medio de un debate cada vez mayor sobre la necesidad de establecer reglas para determinadas actividades desarrolladas mediante plataformas digitales, especialmente aquellas que cuentan con un amplio alcance entre los usuarios de internet. Sin embargo, el parlamentario consideró que existen otros asuntos que requieren una atención prioritaria dentro de la agenda legislativa, motivo por el cual decidió retirar la iniciativa. El proyecto había generado atención por su relación con los creadores de contenido La propuesta legislativa había llamado la atención debido a que contemplaba disposiciones relacionadas con los creadores de contenido y otras actividades desarrolladas en entornos digitales. Durante los últimos años, el crecimiento de plataformas como redes sociales, servicios de transmisión de contenido y otras herramientas digitales ha generado nuevos escenarios que no siempre cuentan con una regulación específica. Los creadores de contenido se han convertido en actores relevantes dentro del ecosistema digital, tanto por su capacidad de comunicación como por las actividades comerciales y publicitarias que desarrollan mediante sus plataformas. El retiro del proyecto cambia su situación legislativa Con la decisión del congresista de retirar la iniciativa, el proyecto deja de continuar su trámite en los términos en que había sido presentado. El retiro de una propuesta legislativa supone que esta ya no continuará avanzando bajo el texto inicialmente planteado por su autor, aunque ello no impide que posteriormente puedan presentarse nuevas iniciativas sobre el mismo tema. De esta manera, la discusión sobre la regulación de determinadas actividades vinculadas con creadores de contenido podría volver a ser planteada en el futuro mediante otro proyecto. Bravo Quispe señala que existen temas más urgentes La decisión del parlamentario se sustenta en la consideración de que existen otros asuntos que requieren mayor atención dentro de la agenda legislativa. En ese sentido, el retiro de la propuesta responde a una decisión respecto de las prioridades que deberían ser atendidas por el Congreso. El legislador optó por no continuar impulsando en este momento una iniciativa relacionada con los creadores de contenido, priorizando otros temas que considera de mayor urgencia para el país. El debate sobre la regulación digital continúa A pesar del retiro del proyecto, la discusión sobre la necesidad de establecer reglas para determinadas actividades digitales permanece vigente. El crecimiento de las redes sociales y plataformas digitales ha generado nuevas formas de comunicación, entretenimiento, publicidad y generación de ingresos. Esta transformación también ha planteado interrogantes sobre aspectos relacionados con la responsabilidad de quienes publican contenido, la protección de los usuarios, la publicidad digital y los límites de determinadas conductas realizadas mediante internet. Los creadores de contenido tienen una creciente presencia pública Los creadores de contenido han adquirido una importante presencia dentro del espacio público debido al alcance que pueden obtener mediante las plataformas digitales. Una persona con una audiencia considerable puede difundir información, promocionar productos, realizar transmisiones en vivo y generar contenidos capaces de alcanzar rápidamente a miles o incluso millones de usuarios. Esta capacidad de difusión ha convertido a los creadores de contenido en actores relevantes dentro de la economía digital y de las nuevas formas de comunicación. La regulación de las plataformas digitales genera debate El desarrollo tecnológico plantea nuevos desafíos para los legisladores, debido a que las normas existentes no siempre fueron diseñadas pensando en las actuales formas de comunicación digital. Por ello, diferentes propuestas legislativas han buscado establecer mecanismos de regulación para determinadas actividades desarrolladas mediante plataformas digitales. El desafío consiste en establecer reglas claras sin afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y el desarrollo de actividades económicas legítimas. El retiro no significa el cierre del debate La decisión de retirar el proyecto no significa necesariamente que la regulación de los creadores de contenido haya quedado descartada de manera definitiva. Las propuestas relacionadas con el entorno digital pueden volver a ser presentadas posteriormente por el mismo congresista o por otros legisladores. Además, el desarrollo permanente de nuevas tecnologías y plataformas puede generar nuevas necesidades de regulación que obliguen al Congreso a discutir nuevamente estos asuntos. El Congreso mantiene pendiente el debate sobre nuevas actividades digitales La evolución de las plataformas digitales ha generado actividades que hace algunos años tenían una presencia mucho menor. Los creadores de contenido, influencers, transmisores en vivo y otros actores de la economía digital participan actualmente en actividades comerciales, publicitarias y comunicativas que generan importantes ingresos y audiencias. Este escenario plantea la necesidad de analizar si las normas existentes resultan suficientes para regular determinadas situaciones o si es necesario establecer nuevas disposiciones. La prioridad legislativa pasa a otros asuntos Con el retiro de la propuesta, el congresista Bravo Quispe busca concentrar su actividad legislativa en otros asuntos que considera prioritarios. La decisión refleja también la dinámica propia del trabajo parlamentario, donde los legisladores presentan, modifican o retiran iniciativas dependiendo de las prioridades políticas y de las circunstancias del momento. El proyecto relacionado con los creadores de contenido deja así de formar parte de la agenda impulsada actualmente por el parlamentario. La propuesta había generado interés por sus posibles efectos Cualquier iniciativa que busque establecer nuevas reglas para actividades desarrolladas en internet puede generar especial interés debido a la gran cantidad de personas que utilizan diariamente las plataformas digitales. Una regulación en este ámbito podría tener efectos sobre creadores de contenido, usuarios, empresas tecnológicas, anunciantes y consumidores. Por ello, una eventual nueva propuesta sobre el tema deberá analizar cuidadosamente sus alcances y establecer disposiciones que sean claras, proporcionales y compatibles con el marco constitucional. El entorno digital continúa planteando nuevos desafíos La decisión de retirar el proyecto ocurre en un contexto en el que el crecimiento de las plataformas digitales continúa modificando la forma en que las personas consumen información y

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La Corte Suprema ordena renovar la búsqueda y captura internacional de Betssy Chávez

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La Corte Suprema dispuso renovar la orden de ubicación y captura, tanto a nivel nacional como internacional, contra la exministra Betssy Chávez, quien fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión, en agravio del Estado. La medida fue establecida mediante una resolución emitida el 14 de agosto de 2026 por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. La decisión busca garantizar la ejecución provisional de la sentencia condenatoria dictada contra Chávez y otros procesados por los hechos relacionados con el intento de quiebre del orden constitucional ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La orden tendrá carácter nacional e internacional La resolución judicial dispone que continúe vigente la búsqueda y captura de Betssy Chávez tanto dentro del territorio peruano como fuera del país. Para ello, se ordenó cursar los oficios correspondientes a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima, con la finalidad de contribuir a la ubicación y captura de la exfuncionaria. La renovación de la medida responde a la necesidad de mantener vigentes las órdenes de captura mientras continúe la ejecución provisional de la sentencia impuesta por la Corte Suprema. La medida ya había sido ordenada anteriormente La nueva resolución recuerda que la búsqueda y captura de Chávez no constituye una medida adoptada por primera vez. El 19 de mayo de 2026 ya se había remitido un oficio a la Policía Judicial para disponer la inmediata ubicación y captura de la exministra a nivel nacional e internacional. Ahora, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha dispuesto la renovación periódica de la orden mientras permanezca vigente la ejecución provisional de la condena. Betssy Chávez fue condenada a más de 11 años de prisión La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Betssy Chávez como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión. La pena impuesta asciende a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva, con el descuento correspondiente por el tiempo que permaneció privada de su libertad bajo prisión preventiva. La condena está relacionada con los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y otras medidas que fueron consideradas un quiebre del orden constitucional. ¿Por qué se mantiene la búsqueda internacional? La orden internacional tiene como finalidad permitir que las autoridades peruanas puedan ubicar a Chávez fuera del territorio nacional y ejecutar las disposiciones judiciales correspondientes. La intervención de Interpol permite que la orden sea comunicada a las autoridades policiales de otros países, dentro de los mecanismos de cooperación internacional. La renovación periódica busca evitar que la orden pierda vigencia mientras continúe pendiente la ejecución provisional de la condena. La situación de Chávez generó una controversia internacional La situación judicial de Betssy Chávez adquirió una dimensión internacional luego de que permaneciera asilada en la Embajada de México en Lima y posteriormente recibiera un salvoconducto para viajar a dicho país. El Gobierno peruano otorgó el salvoconducto después de que México le concediera asilo político. Chávez abandonó el Perú y viajó a México, situación que posteriormente generó nuevas actuaciones judiciales relacionadas con su ubicación y captura. Este escenario incrementó la importancia de mantener activa la orden de captura internacional. La condena está vinculada con los hechos del 7 de diciembre de 2022 El proceso judicial contra Betssy Chávez se encuentra relacionado con su participación en los acontecimientos ocurridos durante el gobierno de Pedro Castillo. La Fiscalía sostuvo que Chávez tuvo participación en los actos relacionados con el anuncio realizado por Castillo el 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó posteriormente su responsabilidad como coautora del delito de conspiración para una rebelión, estableciendo la pena efectiva correspondiente. La ejecución provisional de la sentencia continúa vigente Uno de los elementos centrales de la nueva resolución es que la Corte Suprema mantiene la ejecución provisional de la sentencia condenatoria. Esto permite que las autoridades adopten las medidas necesarias para hacer efectiva la condena mientras se desarrollan las actuaciones procesales que correspondan. En ese contexto, la renovación de la orden de captura constituye una medida destinada a garantizar el cumplimiento de la decisión judicial. Interpol participará en la búsqueda internacional La resolución dispone que se comunique la medida a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima. La intervención de esta organización permite activar los mecanismos de cooperación policial internacional destinados a localizar a personas que cuentan con órdenes de captura emitidas por autoridades judiciales. La comunicación internacional de la orden permitirá que las autoridades correspondientes tengan conocimiento de la situación judicial de Chávez. El Poder Judicial busca garantizar el cumplimiento de la sentencia La renovación de la orden de captura responde a la necesidad de garantizar que una sentencia judicial pueda ejecutarse efectivamente. En este caso, debido a que Chávez se encuentra fuera del Perú, la dimensión internacional de la orden adquiere especial importancia. La Corte Suprema ha establecido que la medida deberá renovarse periódicamente mientras continúe vigente la ejecución provisional de la condena. El caso continúa generando debate político y jurídico La situación de Betssy Chávez continúa generando debate debido a las implicancias políticas y constitucionales de los hechos por los cuales fue condenada. El caso se encuentra relacionado con uno de los episodios más graves de la reciente historia política peruana y con el intento de modificar el orden institucional mediante el anuncio de disolución del Congreso realizado por Pedro Castillo. La condena de Chávez y las medidas adoptadas para hacerla efectiva forman parte de las consecuencias judiciales derivadas de aquellos acontecimientos. La orden se mantiene mientras continúe vigente la condena La resolución establece que la renovación de la orden de ubicación y captura continuará mientras se mantenga vigente la ejecución provisional de la sentencia. Esto significa que la medida no se limita a una única renovación, sino que podrá actualizarse periódicamente conforme a las necesidades

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