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JNE fija el 6 de diciembre para la segunda vuelta regional 2026

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el domingo 6 de diciembre de 2026 como fecha para la realización de la Segunda Elección Regional (SER 2026), en aquellas circunscripciones donde ninguna de las fórmulas de candidatos a gobernador y vicegobernador regional obtenga al menos el 30 % de los votos válidos en la primera elección. La decisión fue adoptada mediante un acuerdo del Pleno del organismo electoral del 7 de octubre y publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de octubre de 2026. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search4»]}/> La segunda vuelta regional se realizará el 6 de diciembre El acuerdo establece que la segunda jornada electoral tendrá lugar el 6 de diciembre, reemplazando la fecha anterior del 29 de noviembre de 2026. La modificación se adoptó después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solicitara reconsiderar el calendario previsto inicialmente. De acuerdo con la publicación oficial, el JNE consideró los argumentos técnicos presentados por la ONPE y la propuesta de cronograma para desarrollar las actividades necesarias antes y después de la votación. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search7»]}/> ¿En qué casos se realizará una segunda elección regional? La Ley de Elecciones Regionales establece que las fórmulas de candidatos a gobernador y vicegobernador regional deben obtener no menos del 30 % de los votos válidos para ser elegidas en primera vuelta. Cuando ninguna fórmula alcanza ese porcentaje, corresponde realizar una segunda elección regional en las circunscripciones que cumplan dicha condición. En esa jornada participan las dos fórmulas que obtuvieron las votaciones más altas, conforme al marco electoral aplicable. <Cite refs={[«turn750645search5″,»turn750645search0»]}/> Por ello, la segunda vuelta no se realizará necesariamente en todas las regiones del país, sino únicamente en aquellas donde los resultados oficiales determinen que ninguna fórmula alcanzó el mínimo legal requerido. La ONPE solicitó modificar la fecha inicial La decisión del JNE responde a una solicitud presentada por la ONPE mediante el Oficio N.° 000412-2026-JN/ONPE, fechado el 2 de octubre de 2026. El organismo encargado de organizar los procesos electorales pidió reconsiderar la fecha establecida previamente para la segunda elección regional. En su evaluación, el Pleno del JNE tomó en cuenta los argumentos técnicos y logísticos expuestos por la ONPE, así como el cronograma propuesto para garantizar el desarrollo de las distintas actividades electorales. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search3»]}/> Organización y distribución del material electoral Uno de los aspectos considerados fue el tiempo necesario para contratar bienes y servicios, producir los materiales electorales y distribuirlos oportunamente a los locales de votación de las circunscripciones donde se realice la segunda elección. La organización de una jornada electoral requiere coordinar recursos humanos, materiales y logísticos, además de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio. El JNE señaló que el nuevo plazo permitirá atender estas necesidades operativas. También se consideró el posible impacto del Fenómeno El Niño Según los fundamentos del acuerdo, la planificación debe tomar en cuenta las condiciones que podrían afectar el traslado del material electoral y el desarrollo de las actividades programadas. Entre los factores considerados se encuentra el posible impacto del Fenómeno El Niño. El objetivo es disponer de un margen suficiente para realizar la distribución y el posterior repliegue del material electoral, así como continuar con el procesamiento de los resultados y las actuaciones correspondientes a la proclamación de las autoridades electas. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search3»]}/> La ONPE deberá adoptar medidas operativas y presupuestales El acuerdo requiere a la ONPE que, dentro de sus competencias, adopte oportunamente las medidas administrativas, presupuestales, operativas y logísticas necesarias para organizar la Segunda Elección Regional 2026. Estas acciones deberán permitir el desarrollo de la votación conforme a la fecha establecida, además del traslado del material electoral después de la jornada y la realización oportuna del cómputo de resultados. El organismo electoral también deberá coordinar las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de las etapas previstas en el calendario electoral. El JNE y los Jurados Electorales Especiales atenderán las controversias La disposición también encarga a los órganos competentes del JNE y a los Jurados Electorales Especiales adoptar las medidas necesarias para atender oportunamente los procedimientos administrativos y jurisdiccionales vinculados con la segunda elección. Estas actuaciones comprenden la tramitación de las controversias electorales que pudieran presentarse y los procedimientos necesarios para proclamar a las autoridades regionales elegidas, respetando las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search3»]}/> ¿Cuántas regiones podrían ir a segunda vuelta? Según información difundida por el diario oficial El Peruano, las proyecciones de la ONPE apuntaban a que al menos 15 regiones podrían necesitar una segunda elección para definir a sus próximos gobernadores, debido a que ninguna fórmula alcanzaría el 30 % de votos válidos en la primera vuelta. Esta cifra constituye una proyección y no debe interpretarse como una lista definitiva de circunscripciones convocadas. La determinación dependerá de los resultados oficiales y de las actuaciones de los organismos electorales correspondientes. <Cite refs={[«turn750645search2″,»turn750645search4»]}/> La convocatoria deberá formalizarse conforme a la ley El acuerdo dispone solicitar oportunamente a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente, de conformidad con el marco normativo vigente. Asimismo, establece que la decisión sea comunicada a la ONPE, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a los Jurados Electorales Especiales y a otras entidades competentes para que adopten las medidas que correspondan dentro de sus atribuciones. <Cite refs={[«turn750645search0″,»turn750645search3»]}/> Conclusión El JNE fijó el 6 de diciembre de 2026 como fecha para la Segunda Elección Regional en las circunscripciones donde ninguna fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30 % de los votos válidos. La decisión modifica la fecha inicialmente prevista para el 29 de noviembre y busca otorgar más tiempo para la organización logística, la distribución del material electoral y el desarrollo de las actuaciones posteriores a la votación. La realización de la segunda vuelta en cada circunscripción dependerá de los resultados oficiales y de la convocatoria correspondiente. Noticias Relacionadas JNE fija el 6 de diciembre para la segunda octubre 12, 2026 Un proyecto de ley presentado por el diputado Gustavo Alexander Segura Figueroa, integrante de la bancada de Renovación Popular, plantea establecer

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Proponen responsabilidad penal para adolescentes de 14 a 17 años por delitos graves

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Un proyecto de ley presentado por el diputado Gustavo Alexander Segura Figueroa, integrante de la bancada de Renovación Popular, plantea establecer responsabilidad penal ordinaria para adolescentes de 14 a 17 años que cometan determinados delitos graves. La iniciativa busca modificar diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y del Código de Ejecución Penal. Proyecto de Ley N.° 559/2026-2031-CD La iniciativa fue registrada el 9 de octubre de 2026 bajo la denominación «Proposición legislativa que establece la responsabilidad penal de adultos para adolescentes de 14 a 17 años por delitos graves». Según la información parlamentaria disponible, el proyecto figura como presentado y propone establecer excepciones al régimen penal juvenil para determinados supuestos. ¿Qué plantea la iniciativa legislativa? El proyecto propone que los adolescentes que tengan entre 14 años y menos de 18 años y sean investigados por los delitos comprendidos en la iniciativa puedan ser juzgados bajo las reglas del Código Penal ordinario, en lugar de quedar exclusivamente sujetos al sistema especial de responsabilidad penal adolescente. La propuesta no comprende indistintamente cualquier infracción cometida por menores de edad, sino determinados delitos considerados graves, conforme a la relación prevista en el texto legislativo. ¿Qué delitos estarían comprendidos? Entre los delitos mencionados en la iniciativa figuran el homicidio, feminicidio, sicariato, trata de personas, secuestro, violación sexual, extorsión y los delitos contemplados en el Decreto Ley N.° 25475, referido a la legislación penal contra el terrorismo. El proyecto también plantea modificar las disposiciones relacionadas con la exención de responsabilidad penal por edad, incorporando una excepción para los adolescentes comprendidos en el rango etario establecido cuando cometan los delitos expresamente señalados. Modificaciones al Código Penal Uno de los principales cambios propuestos consiste en modificar el numeral 2 del artículo 20 del Código Penal, referido a los supuestos de exención de responsabilidad penal. La iniciativa plantea que dicha exención no se aplique a los adolescentes de 14 a menos de 18 años involucrados en los delitos incluidos en la propuesta. Asimismo, plantea incorporar reglas específicas para la determinación de las penas. El texto señala que el juez reduciría prudencialmente la pena y establece que no podría imponerse cadena perpetua a los adolescentes comprendidos en esta excepción. Cuando la cadena perpetua sea la única sanción prevista para el delito correspondiente, la propuesta contempla una pena privativa de libertad que no supere los veinte años. Estas disposiciones forman parte del proyecto y no deben confundirse con las reglas actualmente vigentes. Cambios al sistema de responsabilidad penal adolescente La iniciativa también plantea modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para establecer que quienes tengan entre 14 y menos de 18 años continúen siendo reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones, pero que respondan bajo el sistema penal ordinario cuando cometan los delitos específicamente enumerados. En los demás casos, se mantendría la aplicación del régimen especial de responsabilidad penal adolescente, de acuerdo con las condiciones y disposiciones que resulten vigentes. Internamiento por determinados delitos Otra modificación propuesta alcanza a las medidas socioeducativas contempladas en el sistema juvenil. El proyecto plantea ampliar el rango de edad de aplicación de determinadas medidas de internación de cuatro a seis años para incluir a adolescentes de 14 a menos de 18 años en los supuestos previstos. Entre los casos mencionados figuran delitos como lesiones graves, pandillaje pernicioso, robo agravado y determinadas conductas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas. La propuesta también contempla supuestos vinculados con la participación en organizaciones criminales, conforme a las disposiciones legales señaladas en el documento. Separación y tratamiento de adolescentes privados de libertad El proyecto plantea modificar el Código de Ejecución Penal para ampliar de 16 a 21 años a 14 a 21 años el rango etario considerado en determinadas disposiciones sobre tratamiento penitenciario. La iniciativa establece que las personas privadas de libertad comprendidas en ese grupo deberán permanecer separadas de los internos de mayor edad. Además, propone que reciban un tratamiento individualizado, científico e integral, con programas adaptados a sus características personales. Fundamentos de la propuesta En la exposición de motivos, el autor sostiene que las organizaciones criminales pueden utilizar a adolescentes para ejecutar delitos violentos y que resulta necesario revisar la respuesta legal frente a estas situaciones. Desde esa perspectiva, la iniciativa busca modificar el marco normativo para que determinados delitos graves cometidos por adolescentes puedan recibir una respuesta penal ordinaria. Sin embargo, los argumentos expuestos por el autor constituyen la fundamentación del proyecto y deberán ser evaluados durante el procedimiento legislativo. Antecedente: el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parte de la Ley N.° 32330 La discusión se produce después de que el Tribunal Constitucional declarara, en enero de 2026, la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley N.° 32330 que incorporaban a adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario por determinados delitos. El Tribunal precisó que la edad mínima de imputabilidad penal ordinaria es de 18 años y que los adolescentes de 16 y 17 años a quienes se atribuya una infracción penal deben ser procesados dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, conforme a las reglas aplicables. Este antecedente resulta relevante para el análisis de la nueva propuesta, pues cualquier modificación deberá evaluarse a la luz de la Constitución, los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿La responsabilidad penal ordinaria para adolescentes ya está vigente? No. La iniciativa presentada por el diputado de Renovación Popular es una propuesta legislativa y no constituye, por sí misma, una modificación de la legislación vigente. Para convertirse en ley, deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y superar la evaluación legislativa y constitucional pertinente. Durante ese proceso, el contenido del proyecto podría modificarse. Conclusión El Proyecto de Ley N.° 559/2026-2031-CD plantea modificar el tratamiento penal de adolescentes de 14 a 17 años involucrados en determinados delitos graves, mediante la aplicación de reglas del Código Penal ordinario y cambios en las normas de responsabilidad penal juvenil y ejecución penal. La iniciativa abre un debate sobre la

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Proyecto de ley propone prohibir redes sociales a menores de 16 años en el Perú

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Un proyecto de ley plantea impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas personales en redes sociales. También propone controles de edad, restricciones a la publicidad basada en el comportamiento y medidas para reducir los riesgos digitales. La iniciativa legislativa aún debe continuar su trámite parlamentario. CONTENIDO DE LA NOTICIA Proyecto de ley plantea restringir las redes sociales a menores de 16 años Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados del Perú propone establecer una edad mínima de 16 años para crear y administrar cuentas personales en redes sociales, como parte de una iniciativa destinada a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. La propuesta corresponde a la Proposición Legislativa N.° 00498-2026-2031-CD, denominada “Proposición legislativa que establece medidas de protección y una edad mínima para el uso de cuentas en redes sociales por niñas, niños y adolescentes”. La iniciativa figura en estado de comisión, por lo que todavía debe continuar su procedimiento legislativo. <Cite refs={[«turn898829search1″,»turn898829search0»]}/> ¿Qué propone la iniciativa legislativa? El proyecto plantea establecer los 16 años como edad mínima para utilizar cuentas personales en redes sociales dentro del territorio peruano. La finalidad es reducir la exposición de los menores a situaciones de ciberacoso, violencia digital, suplantación de identidad, uso indebido de datos personales y otros riesgos asociados con determinadas prácticas de las plataformas digitales. La propuesta busca que las empresas responsables de estos servicios adopten medidas concretas para impedir que los menores que no alcancen la edad establecida creen o mantengan cuentas personales. Verificación de edad para acceder a las plataformas Uno de los principales componentes de la iniciativa es la implementación de mecanismos de aseguramiento de edad por parte de los proveedores de redes sociales. Estos mecanismos deberán ser eficaces y proporcionales, pero también respetar la privacidad de los usuarios. Según el contenido difundido sobre el proyecto, no se pretende limitar la verificación exclusivamente a la presentación del DNI o pasaporte, sino contemplar alternativas que permitan comprobar la edad sin generar una recopilación innecesaria de información personal. <Cite refs={[«turn898829search0»]}/> La finalidad es evitar que los menores eludan las restricciones mediante información falsa al momento de registrarse o utilizar una cuenta. ¿Qué plataformas podrían estar comprendidas? La iniciativa está dirigida al uso de cuentas personales en redes sociales. En el debate público sobre la propuesta se mencionan servicios como Facebook, Instagram, TikTok y otras plataformas que permiten crear perfiles, publicar contenidos e interactuar con otros usuarios. La aplicación concreta dependerá del alcance que finalmente establezca el texto aprobado, así como de las definiciones y condiciones que se incorporen durante el trámite legislativo. Protección de los datos personales de los menores El proyecto también plantea salvaguardas para evitar que la verificación de edad se convierta en un mecanismo de recopilación excesiva de información. Los datos personales obtenidos para comprobar la edad no deberían utilizarse con fines publicitarios ni entregarse a terceros para finalidades ajenas a esa verificación, conforme a las condiciones previstas en la propuesta. <Cite refs={[«turn898829search0»]}/> Este aspecto resulta relevante porque los menores constituyen un grupo que requiere especial protección frente al tratamiento de sus datos personales y la elaboración de perfiles sobre sus preferencias y comportamientos. Publicidad dirigida y seguimiento del comportamiento Otra medida propuesta consiste en prohibir la publicidad dirigida a menores de edad cuando se base en el seguimiento de su comportamiento en línea. Este planteamiento busca limitar las prácticas que utilizan información sobre las actividades, preferencias e interacciones digitales de los usuarios para mostrarles anuncios personalizados. La iniciativa pretende reforzar la protección de niños y adolescentes frente a estrategias comerciales que pueden aprovechar sus hábitos de navegación y su actividad en las plataformas digitales. <Cite refs={[«turn898829search0»]}/> Restricciones a los diseños que fomentan el uso compulsivo El proyecto también propone medidas para reducir las características de diseño que pueden incentivar el uso prolongado o compulsivo de servicios digitales. Entre las funciones mencionadas se encuentran la reproducción automática de contenidos, las notificaciones persistentes y el desplazamiento infinito, conocido como infinite scroll. La propuesta busca que las plataformas adopten medidas para mitigar estos mecanismos, especialmente cuando puedan afectar el bienestar y los hábitos digitales de niños y adolescentes. <Cite refs={[«turn898829search0»]}/> ¿Qué ocurriría con los adolescentes de 16 y 17 años? La iniciativa contempla medidas de protección específicas para los adolescentes que tengan entre 16 y 17 años y puedan utilizar cuentas personales en redes sociales. Entre las medidas planteadas figuran la configuración privada de los perfiles por defecto, la restricción de mensajes procedentes de usuarios desconocidos y la desactivación predeterminada de la geolocalización. Asimismo, se propone facilitar herramientas para denunciar, bloquear y responder ante comportamientos inapropiados dentro de las plataformas. <Cite refs={[«turn898829search0»]}/> Medidas para prevenir el ciberacoso y la violencia digital La propuesta se sustenta en la necesidad de reforzar la protección de los menores frente a situaciones de violencia que pueden producirse a través de internet. El ciberacoso, la suplantación de identidad y el contacto con personas que buscan perjudicar a niños y adolescentes son algunos de los riesgos considerados en el debate sobre la regulación de las redes sociales. Mediante las medidas planteadas, se busca reducir las oportunidades para que los menores queden expuestos a estas situaciones y mejorar las herramientas disponibles para actuar frente a ellas. Protección de la salud y el bienestar digital La iniciativa también se relaciona con las preocupaciones sobre el impacto que determinados patrones de uso de las redes sociales pueden tener en el bienestar de niños y adolescentes. El uso de estas plataformas puede facilitar la comunicación, el aprendizaje y el acceso a información; sin embargo, también puede exponer a los menores a contenidos perjudiciales, interacciones hostiles o prácticas diseñadas para prolongar el tiempo de permanencia en línea. En ese contexto, el proyecto plantea medidas preventivas dirigidas tanto a las plataformas como a la protección de los usuarios menores de edad. ¿Qué entidades fiscalizarían el cumplimiento? De acuerdo con la información difundida sobre la iniciativa, se plantea la participación de Indecopi y la Autoridad Nacional de Protección de Datos

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Corte Suprema argentina ordena eliminar publicaciones anónimas que acusaban a una persona de abuso

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ordenó eliminar las URL correspondientes a publicaciones anónimas difundidas en Facebook e Instagram en las que un estudiante universitario era señalado como “abusador” y se le atribuían conductas relacionadas con violencia de género y sexual. La decisión fue adoptada el 23 de septiembre de 2026, en el expediente “C., F. c/ Facebook Argentina SRL s/ hábeas data”, y también ordenó a Facebook Argentina brindar la información disponible que permita identificar a los titulares de las cuentas desde las cuales fueron realizadas las publicaciones. ¿Qué había ocurrido? El caso se originó a partir de publicaciones realizadas en una cuenta de Facebook denominada “Comisión de Género de la FaHCE” y en una cuenta de Instagram identificada como “comisiondegeneros”. En esas publicaciones se difundió la fotografía del estudiante y se lo calificó de “abusador”, atribuyéndole, entre otras conductas, situaciones vinculadas con manipulación psicológica y abuso dentro de una relación sentimental. El afectado sostuvo que las acusaciones eran injuriantes y que la difusión de su imagen y de aspectos de su vida privada le había generado consecuencias personales y académicas. El reclamo llegó a la Justicia Ante la difusión de las publicaciones, el estudiante presentó una acción de hábeas data contra Facebook Argentina S.R.L. Solicitó que se eliminaran las URL de las publicaciones cuestionadas y que la empresa proporcionara información que permitiera identificar a los responsables de las cuentas. Entre los datos solicitados figuraban la identidad del titular, correo electrónico asociado, dirección IP, fecha y hora de las publicaciones y, cuando estuviera disponible, información sobre el dispositivo utilizado. La controversia llegó hasta la Corte Suprema El caso tuvo diferentes decisiones en las instancias judiciales anteriores. Mientras una primera instancia había ordenado eliminar las URL, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión y rechazó la acción. La Cámara había considerado que las publicaciones estaban vinculadas con una cuestión de interés público relacionada con la violencia de género y el ámbito universitario. El caso finalmente llegó a la Corte Suprema argentina, que revisó los derechos involucrados y revocó la sentencia de la Cámara. La Corte ordenó eliminar las publicaciones El máximo tribunal dispuso que se eliminaran las URL correspondientes a las publicaciones cuestionadas, siempre que estas continuaran disponibles. La decisión estuvo relacionada con las características concretas de las publicaciones y con la afectación que, según el tribunal, generaba el anonimato frente a los derechos de la persona señalada. La Corte consideró que la libertad de expresión cuenta con una protección especialmente relevante, pero precisó que no constituye un derecho absoluto y debe ser compatible con otros derechos fundamentales. También ordenó identificar a los titulares de las cuentas Además de disponer la eliminación de las publicaciones, la Corte ordenó que Facebook Argentina informara los datos disponibles para identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para realizar las publicaciones. La medida permitirá, según la pretensión planteada en el proceso, determinar quiénes estuvieron detrás de las cuentas y eventualmente ejercer las acciones judiciales correspondientes. El tribunal consideró que el anonimato no podía impedir indefinidamente que la persona señalada pudiera ejercer su derecho de defensa. El anonimato también fue analizado por el tribunal La Corte reconoció que el anonimato puede cumplir una función relevante para quienes denuncian situaciones de violencia de género. Sin embargo, señaló que esa protección no puede traducirse en una situación en la que la persona denunciada quede completamente imposibilitada de defenderse frente a las acusaciones difundidas públicamente. El tribunal destacó la necesidad de compatibilizar la protección de quienes denuncian con los derechos de las personas señaladas. Honor, intimidad y derecho de defensa Uno de los principales aspectos del fallo estuvo relacionado con la protección del honor, la intimidad y el derecho de defensa. La Corte consideró que la difusión masiva de acusaciones mediante redes sociales puede generar una afectación significativa de los derechos personalísimos de una persona, especialmente cuando se encuentra expuesta públicamente frente a un número indeterminado de usuarios. Internet amplifica el alcance de las publicaciones El máximo tribunal también tuvo en cuenta las características propias de internet. Las redes sociales permiten difundir información de manera rápida y masiva, lo que puede incrementar tanto la capacidad de ejercer la libertad de expresión como el potencial daño que determinados contenidos pueden ocasionar sobre el honor y la intimidad. Por ello, la Corte señaló que, en determinados supuestos excepcionales, puede admitirse la supresión o bloqueo de información difundida en internet cuando se acrediten las condiciones correspondientes. La violencia de género continúa siendo un asunto de interés público La decisión no desconoce la importancia de combatir la violencia de género. La Corte reconoció que la prevención, investigación y erradicación de la violencia de género constituye un asunto de interés público y que existen obligaciones estatales orientadas a garantizar la protección de las víctimas. Sin embargo, consideró que la relevancia pública de esta problemática no significa que cualquier forma de difusión de acusaciones quede automáticamente protegida frente a otros derechos fundamentales. El caso involucró a un ciudadano que no era funcionario público Otro elemento considerado por la Corte estuvo relacionado con la condición de la persona señalada. El afectado era un estudiante universitario y, según lo expuesto en el proceso, no tenía la condición de funcionario público ni de personalidad pública. El tribunal analizó esta circunstancia al evaluar el nivel de protección que correspondía a su vida privada y a sus derechos personalísimos. La Corte no declaró que las acusaciones fueran falsas Un aspecto importante del fallo es que la decisión no estableció que las acusaciones difundidas fueran verdaderas o falsas. El pronunciamiento se concentró en las condiciones en las que fueron difundidas, el carácter anónimo de las cuentas y la afectación de derechos como el honor, la intimidad y el derecho de defensa. Por ello, la orden de eliminar las publicaciones no debe interpretarse como una declaración judicial sobre la veracidad de los hechos denunciados. Un precedente sobre libertad de expresión en redes sociales El pronunciamiento se incorpora al debate

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MINSA ESTABLECE LINEAMIENTOS PARA EL USO SEGURO Y ÉTICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR SALUD

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El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó los Lineamientos de Política Institucional para el uso seguro, responsable y ético de los sistemas basados en inteligencia artificial, con el objetivo de establecer criterios para la utilización de estas tecnologías dentro de la institución y en los sistemas administrativos y asistenciales correspondientes. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 903-2026/MINSA, publicada el 6 de octubre de 2026 en el Diario Oficial El Peruano. Protección de los derechos fundamentales Uno de los principales objetivos de los nuevos lineamientos es garantizar que la incorporación de inteligencia artificial en el sector Salud se realice respetando los derechos fundamentales de las personas. El documento técnico busca proteger especialmente la vida, la salud, la dignidad, la privacidad y la igualdad, estableciendo que los sistemas de IA utilizados por el Minsa deben desarrollarse e implementarse bajo criterios de seguridad, responsabilidad, ética, transparencia, inclusión y sostenibilidad. La IA como herramienta de apoyo en salud La nueva política institucional parte de la necesidad de aprovechar los avances tecnológicos para mejorar los servicios públicos de salud, pero evitando que la innovación tecnológica se convierta en un riesgo para los ciudadanos. En ese sentido, la inteligencia artificial deberá ser entendida como una herramienta de soporte que contribuya a mejorar procesos y servicios, manteniendo como prioridad el bienestar de las personas. Se regula todo el ciclo de vida de los sistemas de IA Los lineamientos no se limitan al momento en que una herramienta de inteligencia artificial empieza a utilizarse. La política comprende distintas etapas del ciclo de vida de estos sistemas, incluyendo su diseño, desarrollo, adquisición, implementación, integración, operación y eventual retiro. Con ello, el Minsa busca que las consideraciones de seguridad, ética y protección de derechos estén presentes desde la planificación de una solución tecnológica hasta el momento en que deje de utilizarse. Privacidad y protección de los datos de los pacientes Uno de los aspectos más relevantes se encuentra relacionado con la protección de la información personal. Los sistemas utilizados en el ámbito sanitario pueden procesar información vinculada con la salud de las personas, por lo que los lineamientos deben aplicarse en concordancia con la normativa peruana de protección de datos personales. La resolución considera expresamente la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, dentro del marco jurídico que sustenta la política institucional. Transparencia y responsabilidad El Minsa establece que el uso de sistemas basados en inteligencia artificial debe realizarse bajo principios que permitan garantizar una utilización responsable de la tecnología. Entre los criterios contemplados se encuentran la transparencia, explicabilidad, inclusión y responsabilidad, con el propósito de que la innovación tecnológica se encuentre acompañada de mecanismos que permitan gestionar sus riesgos y efectos. La inteligencia artificial no desplaza la protección de derechos La aprobación de estos lineamientos busca establecer un equilibrio entre innovación tecnológica y protección de las personas. En el sector Salud, el uso de herramientas de IA puede generar oportunidades para optimizar determinados procesos; sin embargo, su implementación debe realizarse de manera compatible con los derechos fundamentales y con las obligaciones que corresponden a las instituciones públicas. ¿A quiénes se aplican los lineamientos? Las disposiciones tienen aplicación dentro del ámbito institucional del Ministerio de Salud y comprenden a sus órganos, unidades orgánicas y organismos desconcentrados. Asimismo, alcanzan a personas naturales o jurídicas que presten servicios al Minsa y, específicamente respecto de los sistemas administrativos o asistenciales provistos por el Ministerio, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress) y las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (Iafas). La OGTI estará a cargo de su implementación La resolución encarga a la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Minsa la difusión, implementación, supervisión y asistencia técnica relacionada con el documento aprobado. Esta oficina tendrá un papel central en la aplicación de la política institucional y en el acompañamiento técnico necesario para su cumplimiento. Una medida vinculada con la transformación digital La aprobación de los lineamientos se encuentra vinculada con el proceso de transformación digital del Estado y con la normativa nacional que regula el desarrollo y utilización de la inteligencia artificial. La resolución toma como referencia la Ley N.° 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, así como su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM. Las entidades públicas deben contar con una política institucional de IA El Reglamento de la Ley N.° 31814 establece obligaciones específicas para las entidades públicas respecto del desarrollo, implementación y uso de sistemas basados en inteligencia artificial. Entre estas obligaciones se encuentra la aprobación de una política institucional que contemple los principios establecidos en el reglamento y garantice un enfoque basado en la protección de los derechos fundamentales y el bienestar social. Innovación tecnológica con enfoque humano La política aprobada por el Minsa busca que el avance tecnológico se encuentre subordinado a objetivos vinculados con el bienestar de las personas. Esto significa que la incorporación de inteligencia artificial no debe evaluarse únicamente desde una perspectiva de eficiencia tecnológica, sino también considerando aspectos como la privacidad, la igualdad, la seguridad, la transparencia y el respeto de la dignidad humana. Un nuevo marco para la tecnología aplicada a la salud La utilización de inteligencia artificial en el sector sanitario plantea nuevas oportunidades y desafíos. Las herramientas tecnológicas pueden contribuir a mejorar determinados procesos administrativos y asistenciales, pero también requieren mecanismos adecuados de supervisión y gestión de riesgos. En este escenario, los lineamientos aprobados por el Minsa establecen un marco institucional para orientar el uso de estas tecnologías bajo criterios de responsabilidad y protección de derechos. La IA deberá utilizarse de manera segura y responsable El documento técnico aprobado busca que los sistemas basados en inteligencia artificial utilizados por el Minsa sean desarrollados, implementados y operados de manera segura, ética, sostenible, transparente, explicable, inclusiva y responsable. De esta manera, la política pretende evitar que la incorporación de nuevas tecnologías se realice sin considerar los posibles impactos sobre las personas y sobre la información que administra

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Jueza realiza audiencia judicial con software especializado para personas con discapacidad auditiva

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Una audiencia judicial desarrollada en Lima Este incorporó una herramienta tecnológica especializada para garantizar la participación efectiva de personas con discapacidad auditiva. La diligencia fue dirigida por la jueza Gloria Virginia Rosas Lima, del Noveno Juzgado de Familia Permanente, Subespecialidad en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Ate. La audiencia estuvo vinculada con un proceso de violencia familiar y contó con la participación de dos personas con discapacidad auditiva. ¿Qué ocurrió durante la audiencia? El caso se inició cuando la magistrada convocó a las partes a una audiencia virtual. Al comenzar la diligencia, tomó conocimiento de que tanto el denunciante como el denunciado presentaban discapacidad auditiva. Además, ninguno de ellos conocía el lenguaje de señas, aunque ambos podían comunicarse mediante el habla y la lectura. Ante esta situación, la jueza advirtió que no estaban dadas las condiciones necesarias para desarrollar la audiencia de manera adecuada. La audiencia fue reprogramada Frente a la dificultad de comunicación identificada durante la primera convocatoria, la magistrada dispuso reprogramar la diligencia. Sin embargo, en lugar de considerar la discapacidad auditiva como un impedimento para continuar con el proceso, buscó una alternativa tecnológica que permitiera garantizar que las partes pudieran comprender las intervenciones y participar efectivamente en la audiencia. Jueza adquirió software especializado Como parte de esta alternativa, la jueza Gloria Virginia Rosas Lima adquirió con sus propios recursos una licencia de un software especializado para personas con discapacidad auditiva y puso la herramienta a disposición del juzgado. El sistema fue utilizado como mecanismo de apoyo para superar la barrera de comunicación y permitir que las personas involucradas pudieran seguir el desarrollo de la audiencia. El software transcribió las intervenciones en tiempo real Una de las principales características de la herramienta fue su capacidad para transcribir inmediatamente las intervenciones realizadas durante la audiencia. De acuerdo con la información difundida sobre la diligencia, las expresiones de la magistrada y de las partes aparecían en monitores instalados para este propósito. De esta manera, las personas con discapacidad auditiva podían leer en tiempo real lo que se estaba diciendo durante la audiencia. Las partes pudieron participar activamente La utilización del software permitió que ambas personas comprendieran las intervenciones realizadas durante la diligencia y pudieran formular sus propias manifestaciones. De esta manera, la herramienta tecnológica no se limitó a facilitar el acceso a la información, sino que permitió generar condiciones para una participación efectiva dentro del proceso judicial. Una audiencia relacionada con un caso de violencia familiar La diligencia estuvo vinculada con un proceso de violencia familiar, materia en la que resulta especialmente relevante garantizar que las partes puedan comprender las actuaciones judiciales y expresar oportunamente sus posiciones. En este contexto, contar con mecanismos de accesibilidad permite reducir las barreras que podrían afectar la participación de las personas involucradas en el proceso. Tecnología como herramienta de acceso a la justicia El caso demuestra cómo las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas para facilitar el acceso a la justicia de personas que enfrentan barreras de comunicación. La transcripción en tiempo real permitió adaptar el desarrollo de la audiencia a las necesidades específicas de los participantes, sin impedir que estos pudieran intervenir directamente en el proceso. La discapacidad no debe impedir la participación judicial La experiencia pone de relieve la importancia de adoptar medidas de accesibilidad dentro del sistema de justicia. Cuando una persona presenta una discapacidad auditiva, las instituciones deben procurar mecanismos que permitan que pueda conocer lo que ocurre durante una diligencia, comprender las intervenciones y expresar sus propias manifestaciones. En este caso, la herramienta tecnológica permitió atender una necesidad concreta y generar mejores condiciones para la participación de las partes. Una práctica orientada a una justicia más accesible La iniciativa de la magistrada constituye una práctica orientada a fortalecer una administración de justicia más accesible e inclusiva. La incorporación de tecnología de asistencia puede convertirse en una alternativa para eliminar barreras de comunicación, particularmente cuando las personas que intervienen en un proceso no utilizan la lengua de señas. Importancia de la accesibilidad en los procesos judiciales La accesibilidad judicial no solo está relacionada con la infraestructura física de los órganos jurisdiccionales. También comprende la posibilidad de que las personas puedan comunicarse, recibir información y participar efectivamente en las actuaciones procesales. En ese sentido, el uso de herramientas de transcripción en tiempo real puede complementar otros mecanismos de apoyo disponibles para las personas con discapacidad auditiva. Una experiencia que puede ser replicada El uso de este tipo de tecnología abre la posibilidad de que experiencias similares puedan implementarse en otras sedes judiciales cuando las circunstancias de cada caso lo requieran. La finalidad sería que las condiciones particulares de una persona no se conviertan en una barrera para acceder a los servicios de justicia ni para ejercer sus derechos dentro de un proceso. El papel de la innovación tecnológica en el Poder Judicial La incorporación de soluciones tecnológicas en la administración de justicia viene adquiriendo una importancia creciente. En casos como este, la tecnología no sustituye la labor de los magistrados ni de los operadores de justicia, sino que funciona como una herramienta de apoyo destinada a facilitar la comunicación y mejorar las condiciones de participación de los usuarios. Una experiencia de inclusión judicial La audiencia realizada en Lima Este representa una experiencia concreta de cómo una herramienta tecnológica puede responder a una necesidad específica de los usuarios judiciales. La transcripción inmediata permitió que las personas con discapacidad auditiva pudieran seguir el desarrollo de la diligencia y realizar sus intervenciones, favoreciendo una participación más efectiva en el proceso. Conclusión La realización de esta audiencia con apoyo de un software especializado de transcripción en tiempo real constituye una experiencia de innovación y accesibilidad dentro del sistema de justicia. La iniciativa de la jueza Gloria Virginia Rosas Lima permitió superar una barrera de comunicación que inicialmente dificultaba la realización de la diligencia y generó condiciones para que dos personas con discapacidad auditiva pudieran comprender las intervenciones y participar en un proceso relacionado con violencia familiar. El caso evidencia que

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Sunarp Contigo +60: nuevo servicio de orientación registral para adultos mayores

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La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) aprobó el servicio denominado “Sunarp Contigo +60”, una nueva iniciativa de alcance nacional destinada a brindar capacitación y orientación registral a las personas adultas mayores. La medida fue formalizada mediante la Resolución N.° 00214-2026-SUNARP/SN, emitida el 28 de setiembre de 2026 y publicada en el diario oficial El Peruano. La iniciativa busca acercar la información registral a este sector de la población y contribuir a la protección de sus derechos y patrimonio mediante el acceso a la seguridad jurídica que proporciona el Registro. ¿Qué es “Sunarp Contigo +60”? “Sunarp Contigo +60” es un servicio de capacitación y orientación diseñado específicamente para atender las necesidades de las personas adultas mayores en materia registral. La propuesta busca que este grupo poblacional pueda acceder a información clara y comprensible sobre los diferentes actos y procedimientos que pueden inscribirse en los Registros Públicos, especialmente aquellos relacionados con la protección de sus bienes, derechos y patrimonio. De esta manera, la Sunarp pretende acercar sus servicios a los adultos mayores y facilitar que puedan tomar decisiones informadas respecto de sus bienes y derechos. Orientación sobre derechos y patrimonio Uno de los principales objetivos del nuevo servicio es contribuir a la protección del patrimonio de las personas adultas mayores. La orientación podrá abordar materias vinculadas con diversos actos registrales de interés para este sector, como testamentos, sucesión intestada, declaratoria de herederos, apoyos y salvaguardias, división de bienes inmuebles, separación de patrimonios, transferencia de bienes y donaciones, entre otros. Estos temas adquieren especial relevancia debido a que las personas adultas mayores pueden requerir información especializada para organizar su patrimonio y conocer las alternativas legales disponibles para proteger sus derechos. Una iniciativa que ya se desarrollaba desde 2022 De acuerdo con la resolución, “Sunarp Contigo +60” institucionaliza actividades de capacitación y orientación que la entidad venía desarrollando desde el año 2022. Estas acciones se realizaron principalmente en coordinación con los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) implementados por los gobiernos locales. Según información difundida por la Sunarp, las actividades desarrolladas previamente permitieron capacitar a más de 2,000 participantes en diferentes materias registrales de especial importancia para las personas adultas mayores. Articulación con los CIAM La resolución establece que las Zonas Registrales deberán articular acciones con los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de los gobiernos locales. Esta coordinación permitirá ampliar el alcance del servicio y facilitar que la orientación registral pueda llegar directamente a los espacios donde se atiende a la población adulta mayor. Asimismo, las Zonas Registrales podrán coordinar con otras entidades públicas o privadas cuyas actividades estén orientadas a promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Información registral en un lenguaje más accesible Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es acercar la información registral mediante mecanismos de capacitación y orientación que resulten comprensibles para sus destinatarios. La medida responde a la necesidad de que los adultos mayores puedan conocer de manera sencilla los procedimientos y beneficios relacionados con la inscripción de sus derechos y actos jurídicos. En esa línea, el servicio busca facilitar el acceso a la seguridad jurídica y promover una mayor inclusión registral. También busca facilitar el acceso a los servicios digitales La iniciativa contempla también la necesidad de acercar a las personas adultas mayores a los servicios digitales que ofrece la Sunarp. La modernización de los servicios registrales ha incrementado el uso de herramientas digitales para realizar consultas, solicitudes y diversos procedimientos. Por ello, la orientación permitirá que este grupo de usuarios conozca mejor las alternativas disponibles y pueda interactuar con los sistemas de la institución. El objetivo es reducir las barreras de acceso a la información y favorecer una atención más inclusiva. ¿Quién estará a cargo de “Sunarp Contigo +60”? La Resolución N.° 00214-2026-SUNARP/SN dispone que la Dirección Técnica Registral, a través de la Subdirección de Formación Registral, conduzca y supervise la ejecución del servicio. Para ello, deberá coordinar con las diferentes Zonas Registrales de la Sunarp, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Además, la Dirección Técnica Registral podrá emitir las disposiciones necesarias para garantizar la adecuada implementación y prestación del servicio. Difusión del nuevo servicio La resolución también encarga a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, en coordinación con la Dirección Técnica Registral, las acciones destinadas a la difusión y posicionamiento de “Sunarp Contigo +60”. La campaña tendrá como eje comunicacional el concepto “Innovar también es incluir”, con el propósito de destacar la importancia de incorporar a las personas adultas mayores en los procesos de modernización y acceso a los servicios públicos. Una medida vinculada con la inclusión registral La Sunarp señala que “Contigo +60” se encuentra alineado con su objetivo institucional de incrementar la seguridad jurídica de los actos, contratos y derechos de los ciudadanos. Asimismo, la iniciativa se vincula con las acciones de inclusión registral destinadas a difundir entre la población los beneficios de contar con derechos debidamente protegidos mediante los Registros Públicos. No se trata únicamente de información sobre propiedades Aunque uno de los principales aspectos de interés para los adultos mayores está relacionado con la protección de sus bienes inmuebles, el servicio tiene un alcance más amplio. La orientación puede comprender diferentes actos relacionados con el patrimonio, la familia, las sucesiones, los apoyos y salvaguardias y otros actos cuya inscripción corresponda al Registro. Por ello, “Sunarp Contigo +60” busca convertirse en un espacio de orientación integral sobre aquellas materias registrales que pueden resultar relevantes durante esta etapa de la vida. La seguridad jurídica como eje del programa La seguridad jurídica constituye uno de los principales fundamentos del nuevo servicio. A través de la información registral, los ciudadanos pueden conocer los mecanismos existentes para proteger y publicitar determinados derechos y actos jurídicos, reduciendo los riesgos derivados del desconocimiento de los procedimientos registrales. En el caso de las personas adultas mayores, esta orientación adquiere especial importancia debido a la necesidad de fortalecer la protección de sus derechos y patrimonio. Una política de mayor acercamiento al ciudadano “Sunarp Contigo +60”

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OSIPTEL establece compensaciones por interrupciones en servicios de telefonía e internet

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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) aprobó nuevas disposiciones para fortalecer el derecho de los usuarios frente a las interrupciones de los servicios públicos de telecomunicaciones. La medida fue establecida mediante la Resolución N.° 000128-2026-CD/OSIPTEL, publicada el 3 de octubre de 2026, que modifica el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Con esta modificación, el esquema de compensaciones que ya se aplicaba al internet fijo se amplía a los servicios de telefonía móvil e internet móvil, bajo determinadas condiciones. ¿Qué servicios estarán comprendidos? La nueva regulación establece que las empresas operadoras deberán efectuar una compensación a los abonados cuando se produzcan interrupciones en los servicios de acceso a internet fijo, telefonía móvil e internet móvil brindados en áreas urbanas, siempre que estas sean atribuibles a la empresa operadora. La compensación se realizará adicionalmente a la devolución que corresponda por el periodo durante el cual el usuario no contó con el servicio. De esta manera, el usuario podrá recibir no solo el ajuste o devolución correspondiente al tiempo de interrupción, sino también una compensación calculada conforme a las reglas establecidas por OSIPTEL. ¿Cuándo corresponde la compensación? La compensación procede cuando la interrupción del servicio se origina por una causa atribuible a la empresa operadora. La norma precisa que una interrupción atribuible es aquella que no resulta de responsabilidad del abonado o usuario, con las excepciones expresamente establecidas en la regulación. Por tanto, no toda interrupción genera automáticamente una compensación, debido a que deben evaluarse las circunstancias que ocasionaron la falta del servicio. Casos que quedan excluidos La regulación establece que no se consideran interrupciones atribuibles a la empresa aquellas producidas por trabajos de mantenimiento, caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias que se encuentren fuera del control de la empresa operadora. Estas excepciones permiten diferenciar entre una interrupción cuya responsabilidad corresponde al operador y aquellas situaciones extraordinarias que no dependen directamente de su actuación. La compensación será adicional a la devolución Uno de los aspectos centrales de la nueva regulación es que la compensación no reemplaza la devolución correspondiente al periodo sin servicio. OSIPTEL establece que la compensación se efectuará de manera conjunta con la devolución que corresponda por la interrupción, de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa. En consecuencia, ambos conceptos tienen una finalidad diferenciada: la devolución corresponde al periodo en que el usuario no recibió el servicio contratado, mientras que la compensación constituye un monto adicional determinado mediante el esquema establecido por el regulador. ¿Cómo se calcula la compensación para internet fijo? Para el servicio de acceso a internet fijo, el nuevo Anexo N.° 3 establece factores multiplicativos que dependen de la duración de la interrupción. El cálculo toma como referencia el monto correspondiente a la devolución por el periodo interrumpido y aplica un factor determinado según el tiempo que permaneció afectado el servicio. Los factores establecidos son los siguientes: Duración de la interrupción Factor de compensación Más de 60 hasta 300 minutos 2,5 Más de 300 hasta 700 minutos 3 Más de 700 hasta 1.440 minutos 3,5 Más de 1.440 minutos 4 Por ejemplo, si el monto correspondiente a la devolución por una interrupción comprendida entre más de 60 y hasta 300 minutos fuera de S/ 1, el monto de compensación sería de S/ 2,50, al aplicarse el factor 2,5. Un esquema que se ampliará progresivamente La resolución establece que la implementación de los esquemas de compensación para los demás servicios públicos de telecomunicaciones se realizará de manera progresiva. Esto significa que la regulación aprobada constituye una ampliación del mecanismo existente y no necesariamente implica que todos los servicios de telecomunicaciones tengan desde ahora idénticas reglas de compensación. OSIPTEL deberá determinar progresivamente la forma de cálculo, las condiciones y los casos aplicables al resto de servicios. El derecho de los usuarios tiene respaldo legal La medida se sustenta en la Ley N.° 31761, que modificó el Decreto Legislativo N.° 702 para reconocer el derecho de los usuarios a recibir una compensación ante interrupciones generadas por causas atribuibles a las empresas operadoras. La legislación establece que, además de la devolución correspondiente al periodo interrumpido, el usuario tiene derecho a una compensación por el tiempo en que no contó con el servicio. OSIPTEL tiene la función de establecer la forma de cálculo, las condiciones y los casos en los que corresponde efectuar dicha compensación. ¿Los usuarios tienen que presentar un reclamo? El esquema de compensación contempla que la empresa operadora efectúe la devolución correspondiente incluso cuando el abonado no la haya solicitado, conforme a las reglas aplicables. OSIPTEL señala que la compensación también debe realizarse de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa cuando se configure el supuesto correspondiente. Sin perjuicio de ello, los usuarios mantienen su derecho a presentar reclamos cuando consideren que la empresa no cumplió con sus obligaciones frente a una interrupción del servicio. ¿Qué ocurre si la interrupción afecta a varios usuarios? La afectación de una zona o de múltiples abonados no elimina el derecho individual de cada usuario. OSIPTEL precisa que cada abonado será compensado por la interrupción de su respectivo servicio, mientras que la empresa operadora deberá realizar la devolución o ajuste de la facturación que corresponda por el tiempo durante el cual cada servicio permaneció interrumpido. Nuevas reglas para la calidad del internet móvil La resolución también introduce modificaciones relacionadas con la medición de determinados indicadores de calidad del servicio de internet móvil. OSIPTEL podrá diferenciar las mediciones de velocidad promedio, tasa de pérdida de paquetes, latencia y variación de latencia según el servicio sea utilizado en ambientes interiores (indoor) o exteriores (outdoor). La finalidad es generar información que permita caracterizar el desempeño del servicio considerando las diferentes condiciones en las que los usuarios acceden a internet móvil. Mediciones con información de aplicaciones colaborativas Las nuevas reglas también permiten que OSIPTEL utilice información recopilada y disponible mediante aplicaciones colaborativas para determinados fines informativos. El organismo regulador podrá realizar mediciones en distintas áreas geográficas y utilizar información complementaria para caracterizar el desempeño de

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Colegios podrían separar definitivamente a estudiantes responsables de dos casos de violencia o acoso

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Una iniciativa legislativa plantea modificar la Ley N.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención, protección y respuesta frente a los casos de violencia y acoso escolar. El Proyecto de Ley N.° 00459-2026-2031-CD propone establecer medidas correctivas y sanciones que tengan en cuenta tanto la gravedad de la conducta como la reiteración de los hechos. La iniciativa fue presentada por la diputada Catherin Palomino Casavilca. Separación definitiva ante dos actos graves o muy graves Uno de los principales planteamientos consiste en incorporar la separación definitiva de la institución educativa como una de las medidas que podrían aplicarse a un estudiante. De acuerdo con el proyecto, esta medida procedería cuando se haya determinado la responsabilidad del estudiante en dos actos de violencia o acoso escolar calificados como graves o muy graves, siempre que dichos hechos se encuentren registrados en el Libro de Registro de Incidencias. La propuesta no plantea que la separación se produzca automáticamente por una denuncia. Para aplicar esta medida tendría que existir una determinación de responsabilidad dentro del procedimiento correspondiente. La decisión tendría que estar motivada El proyecto establece que la separación definitiva requeriría una decisión motivada del Consejo Educativo Institucional (Conei) o del órgano responsable de la convivencia escolar. Además, antes de adoptar la medida deberán evaluarse los descargos del estudiante y los medios probatorios que acrediten tanto la responsabilidad como la reiteración de las conductas. La decisión podría ser impugnada. De esta manera, la iniciativa contempla determinadas garantías procedimentales antes de aplicar la medida más severa prevista en la propuesta. Un sistema de medidas según la gravedad El proyecto plantea que las instituciones educativas cuenten con diferentes alternativas para responder a los casos de violencia o acoso escolar. Entre las medidas propuestas figuran la amonestación escrita, la participación obligatoria en consejería, psicología u orientación especializada, la prohibición de acercamiento o comunicación digital con la víctima, el cambio de aula, sección o turno, la restricción temporal de actividades extracurriculares, la separación temporal y la separación definitiva. La aplicación de estas medidas estaría vinculada con la gravedad y reiteración de las conductas. ¿Qué casos comprendería la propuesta? La iniciativa también plantea ampliar el ámbito de aplicación de la Ley N.° 29719. Según el proyecto, la regulación comprendería hechos ocurridos dentro de la institución educativa, en sus inmediaciones y durante el trayecto entre el colegio y el hogar. También se incluirían hechos ocurridos fuera de la institución cuando tengan relación con la convivencia escolar, así como aquellos producidos durante actividades organizadas, promovidas o supervisadas por el colegio y durante el transporte de estudiantes. Rol del Ministerio de Educación La propuesta asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Educación (Minedu). Entre ellas se encuentra la reglamentación de la calificación de los actos de violencia y acoso escolar como leves, graves o muy graves, además de establecer reglas para la aplicación proporcional de las medidas correctivas y sanciones. El Minedu también debería reglamentar el procedimiento para impugnar las decisiones adoptadas en estos casos. Plazos para atender las denuncias El proyecto establece obligaciones específicas para el Consejo Educativo Institucional. Ante una denuncia de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación u otras manifestaciones de acoso, el Conei debería reunirse dentro de los dos días siguientes para investigar el caso. Asimismo, la propuesta contempla que la denuncia sea resuelta en un plazo máximo de siete días. Obligaciones de docentes y personal educativo La iniciativa mantiene el deber de docentes y personal de las instituciones educativas de detectar, atender y denunciar de inmediato los hechos de violencia y acoso escolar ante el órgano correspondiente. El objetivo es establecer una actuación rápida frente a situaciones que puedan afectar la integridad y los derechos de los estudiantes. Protección para quienes denuncien Otro de los cambios planteados consiste en incorporar disposiciones específicas para proteger a las personas que intervengan en procedimientos relacionados con violencia o acoso escolar. El proyecto señala que quienes denuncien, comuniquen o participen en estos procedimientos no podrán ser objeto de amenazas, intimidación, hostigamiento o represalias. En el caso de docentes y personal educativo, la propuesta también contempla protección frente a despidos o afectaciones de sus derechos laborales cuando su actuación corresponda al cumplimiento de estas obligaciones. Cifras sobre violencia escolar Como parte de la fundamentación de la propuesta, se citan cifras de violencia escolar registradas durante los últimos años. Entre enero y agosto de 2026 se habrían registrado 11 791 reportes de violencia escolar en la plataforma SíseVe. Para 2025, el proyecto refiere 19 750 casos, de los cuales 8524 correspondieron a violencia física, 7719 a violencia psicológica y 3507 a violencia sexual. La iniciativa también cita información de la ENARES 2024, según la cual 46 de cada 100 adolescentes de entre 12 y 17 años experimentaron violencia psicológica, física o sexual por parte de un compañero de colegio. La separación definitiva no sería automática Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que la separación definitiva estaría condicionada a la determinación de responsabilidad. Por ello, una denuncia o acusación por sí sola no sería suficiente para aplicar esta medida. El proyecto exige que exista una evaluación de los medios probatorios, los descargos correspondientes y la acreditación de la reiteración de dos actos calificados como graves o muy graves. Registro de los casos de violencia El proyecto vincula la aplicación de la separación definitiva con los hechos que hayan sido registrados en el Libro de Registro de Incidencias. Este requisito busca que la reiteración de las conductas pueda ser acreditada mediante registros formales dentro de la institución educativa y no únicamente mediante referencias informales o antecedentes no documentados. Adecuación de los reglamentos escolares De aprobarse la iniciativa, las instituciones educativas públicas y privadas tendrían que adecuar sus reglamentos internos y sus normas de convivencia. El proyecto también plantea que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, adecúe el reglamento de la Ley N.° 29719 y las demás normas, lineamientos y protocolos relacionados con la convivencia escolar. Plazo de

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Gobierno oficializa aumento del sueldo mínimo a S/ 1,230 desde el 1 de octubre

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El Gobierno oficializó el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 015-2026-TR, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el sueldo mínimo pasará de S/ 1,130 a S/ 1,230 a partir del 1 de octubre de 2026. La medida forma parte de un incremento progresivo que elevará posteriormente la RMV hasta S/ 1,300, mediante un segundo tramo de S/ 70 que deberá establecerse durante el primer semestre de 2027. Primer incremento será de S/ 100 El Decreto Supremo N.° 015-2026-TR establece que el primer tramo del reajuste será de S/ 100, por lo que la remuneración mínima pasará de S/ 1,130 a S/ 1,230. Este nuevo monto comenzará a regir desde el 1 de octubre de 2026 para los trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada. El incremento representa el primer componente de un reajuste total de S/ 170, cuyo objetivo es llevar la RMV hasta S/ 1,300. RMV llegará a S/ 1,300 en dos tramos La norma establece que el aumento total se realizará en dos etapas. El primer tramo corresponde a los S/ 100 adicionales que elevan la RMV a S/ 1,230 desde octubre. El segundo contempla un incremento adicional de S/ 70, con el cual la remuneración mínima llegará a S/ 1,300. Este segundo aumento deberá ser establecido mediante un nuevo decreto supremo durante el primer semestre de 2027. ¿A quiénes se aplica el incremento? El reajuste está dirigido a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, conforme a lo establecido expresamente en el Decreto Supremo N.° 015-2026-TR. La norma precisa que corresponde al Estado fijar la remuneración mínima de los trabajadores de este régimen, en el marco de las competencias atribuidas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Incremento fue establecido mediante decreto supremo El nuevo monto de la remuneración mínima fue oficializado mediante el Decreto Supremo N.° 015-2026-TR, publicado el 28 de septiembre de 2026 en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. La norma señala que el reajuste se realiza en el marco del diálogo social y la consulta tripartita. Asimismo, recoge el consenso alcanzado en la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo del 3 de septiembre de 2026. Efectos en otros conceptos laborales El incremento de la RMV también tiene incidencia en determinados conceptos laborales vinculados directamente con el sueldo mínimo. Entre ellos se encuentran la asignación familiar, que equivale al 10 % de la RMV, así como la remuneración mínima por trabajo nocturno y determinados montos aplicables a modalidades formativas laborales. También puede repercutir en beneficios sociales cuando la remuneración del trabajador se encuentra directamente vinculada al nuevo monto mínimo. Medida contempla apoyo para micro y pequeñas empresas Como parte de las medidas anunciadas junto con el incremento de la remuneración mínima, el Gobierno informó sobre un bono de S/ 100 por cada trabajador para micro y pequeñas empresas que cuenten con entre dos y diez trabajadores. Según lo informado por El Peruano, este apoyo está previsto para ser entregado durante octubre como medida de acompañamiento para la implementación del incremento. Incremento beneficiará a trabajadores de la actividad privada De acuerdo con información difundida por El Peruano, el incremento de la remuneración mínima alcanzará a aproximadamente 600 mil trabajadores, según lo señalado por la Presidencia de la República. Con la aplicación del primer tramo, los trabajadores comprendidos en la medida tendrán una RMV de S/ 1,230 desde octubre, mientras que el segundo tramo deberá concretarse posteriormente para alcanzar el monto de S/ 1,300. Nuevo monto empieza a regir desde octubre El aumento de la remuneración mínima entrará en vigencia el 1 de octubre de 2026, por lo que desde esa fecha los empleadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma deberán considerar el nuevo monto de S/ 1,230 como remuneración mínima. El reajuste constituye la primera etapa del incremento dispuesto por el Poder Ejecutivo, quedando pendiente la implementación del segundo tramo de S/ 70 durante el primer semestre de 2027.  Fuente normativa principal: Decreto Supremo N.° 015-2026-TR — El PeruanoFuente complementaria: Diario Oficial El Peruano — aumento de la RMV   Noticias Relacionadas Gobierno oficializa aumento del sueldo mínimo a S/ 1,230 septiembre 30, 2026 La organización Proética, a través de su Oficina Legal Anticorrupción (OLA), impulsó la conformación de un grupo de expertos encargado de analizar diversas normas penales y procesales aprobadas o Proética impulsa grupo de expertos para evaluar leyes penales septiembre 30, 2026 La organización Proética, a través de su Oficina Legal Anticorrupción (OLA), impulsó la conformación de un grupo de expertos encargado de analizar diversas normas penales y procesales aprobadas o SUNARP aprueba primer Reglamento de Inscripciones del Registro Personal septiembre 29, 2026 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) aprobó el primer Reglamento de Inscripciones del Registro Personal (RIRP), mediante la Resolución de la Superintendencia Nacional de los

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