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Proponen ley para proteger a madres internas y a sus hijos pequeños en penales del Perú

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una propuesta para humanizar el sistema penitenciario La congresista Patricia Chirinos Venegas, del grupo parlamentario Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de las madres internas y sus hijos menores de tres años en los establecimientos penitenciarios del país. La iniciativa pretende llenar un vacío legal y garantizar que los niños que nacen o crecen en prisión lo hagan en condiciones dignas, con acceso a salud, alimentación y espacios adecuados para su desarrollo. Actualmente, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) citados en la exposición de motivos, 136 niños y niñas vivían en cárceles peruanas durante 2024, la mayoría menores de un año. Los penales con más casos se ubican en Mujeres de Chorrillos, Trujillo y Ayacucho, donde las condiciones suelen ser precarias y no existen ambientes adecuados para la crianza. Autorización judicial y supervisión permanente La propuesta de Chirinos plantea que los hijos menores de tres años de mujeres privadas de libertad puedan convivir con sus madres dentro del penal, siempre que un juez especializado en familia o mixto lo autorice. Para ello, deberá comprobarse que la convivencia asegura el desarrollo integral y saludable del menor, conforme al principio del interés superior del niño, recogido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. La norma dispone que cada tres meses el juzgado evalúe las condiciones en las que vive el menor, verificando si se mantienen los requisitos de seguridad, salud y bienestar. Si se detectan riesgos o condiciones desfavorables, el juez podrá ordenar su salida del penal o disponer medidas de protección a través de instituciones públicas tutelares. Cuando el niño cumpla tres años, el juez deberá autorizar su salida del establecimiento penitenciario tras una evaluación médica y psicológica, coordinando el proceso con familiares directos o, en su defecto, con entidades del Estado que garanticen su protección integral. Adaptación de los penales y cumplimiento progresivo El proyecto también ordena que el INPE implemente un cronograma especial para adecuar las cárceles a la nueva normativa, especialmente en los casos donde actualmente viven niños mayores de tres años junto a sus madres. La Dirección de Tratamiento Penitenciario deberá coordinar con los juzgados de familia para ejecutar estas medidas de forma progresiva y garantizar que las nuevas disposiciones se cumplan a nivel nacional. Asimismo, la propuesta modifica el Código de Ejecución Penal (Decreto Supremo N.º 003-2021-JUS) para reforzar el principio de humanidad y dignidad en el trato hacia las internas gestantes o madres, subrayando que ellas y sus hijos “gozan de especial protección del Sistema Penitenciario”. En defensa de los más vulnerables La iniciativa de Chirinos busca no solo humanizar el sistema penitenciario, sino también reducir el impacto psicológico y emocional del encarcelamiento en los menores. Diversos organismos internacionales han advertido que los niños que crecen en contextos de encierro están expuestos a carencias afectivas, alimentarias y sanitarias, por lo que requieren atención prioritaria. De aprobarse, esta ley representaría un avance significativo en materia de derechos humanos y de infancia, al establecer mecanismos judiciales y administrativos claros para proteger a los hijos de mujeres internas, garantizando que el cumplimiento de una pena no signifique la vulneración de la infancia. Con ello, el Congreso tendría la oportunidad de marcar un precedente en favor de la dignidad humana, la equidad de género y el respeto al interés superior del niño, pilares esenciales de un Estado verdaderamente justo y humanitario.     Noticias Relacionadas Proponen ley para proteger a madres internas y a noviembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Amenaza en la madrugada: explosivo en la puerta de la Corte de Lima Este La madrugada del viernes 31 de octubre, un artefacto explosivo de Abandonan artefacto explosivo en sede judicial de Lima Este noviembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Amenaza en la madrugada: explosivo en la puerta de la Corte de Lima Este La madrugada del viernes 31 de octubre, un artefacto explosivo de Hackers vulneran datos del Reniec: expertos alertan sobre el noviembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una exposición sin precedentes El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) enfrenta una de las crisis más graves en materia de

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Abandonan artefacto explosivo en sede judicial de Lima Este junto a carta que exige liberación de cabecilla criminal

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Amenaza en la madrugada: explosivo en la puerta de la Corte de Lima Este La madrugada del viernes 31 de octubre, un artefacto explosivo de fabricación artesanal fue dejado en la entrada principal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ubicada en el distrito de Ate. Junto al dispositivo, agentes de seguridad hallaron una carta firmada por un grupo autodenominado “Los Mexicanos”, que exigía la liberación de Deivis Gabriel Cordero Cárdenas, alias “Chato Deyvis”, señalado como presunto líder de la organización criminal Los Malditos de Huaycán. El hallazgo encendió las alarmas de las autoridades, que de inmediato dispusieron un amplio operativo de seguridad en el perímetro del edificio judicial. La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar para evaluar y desactivar el artefacto, mientras la zona era acordonada por agentes policiales. No se reportaron heridos ni daños materiales, aunque el incidente generó gran conmoción entre trabajadores y vecinos de la zona. La amenaza: “Si no lo liberan, habrá consecuencias” Fuentes policiales informaron que la carta hallada junto al explosivo contenía un mensaje directo dirigido a jueces y funcionarios de la Corte. En el texto, los remitentes advierten sobre represalias violentas si se mantiene la prisión de “Chato Deyvis”, actualmente recluido en el penal de Ucayali, donde cumple condena por delitos vinculados al crimen organizado. El escrito también hace referencia a presuntas “irregularidades” en un proceso judicial que, según los firmantes, buscaría frenar la excarcelación del reo. Los mensajes amenazantes incluyen nombres de magistrados y funcionarios públicos, lo que ha encendido las alertas dentro del sistema de justicia. De acuerdo con fuentes de América Noticias, el explosivo fue colocado con la aparente intención de intimidar a las autoridades judiciales, en un contexto de alta tensión por los recientes fallos contra integrantes de organizaciones criminales vinculadas al sicariato y la extorsión en Lima Este. Medidas de emergencia y suspensión parcial de atención Tras el hallazgo, la Corte Superior de Justicia de Lima Este emitió un comunicado oficial informando la suspensión parcial de la atención al público en su sede principal de la avenida Nicolás Ayllón. El documento, firmado por la Subadministración de la sede, señala: “En vista de la coyuntura suscitada el día de hoy, se limitará la atención y el acceso de usuarios en la Corte Superior de Justicia de Lima Este – sede Nicolás Ayllón. Se atenderán únicamente asuntos urgentes a través de la mesa de partes. Solicitamos la comprensión de los usuarios ante esta medida.” La decisión busca proteger la integridad del personal judicial, abogados y litigantes, mientras se completan las diligencias de seguridad y se asegura que el edificio esté libre de riesgo. La atención regular se retomará de manera progresiva, según confirmaron fuentes del Poder Judicial. Contexto: el resurgir de la violencia criminal en Lima Este El hecho ocurre en medio de una ola de amenazas y ataques vinculados a organizaciones criminales que operan en el oriente de Lima, especialmente en distritos como Huaycán, Ate y Santa Anita. Las bandas dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos en obras y comercios han intensificado sus acciones en los últimos meses, buscando influir en decisiones judiciales y policiales. El grupo Los Malditos de Huaycán, al que se atribuye el liderazgo de “Chato Deyvis”, ha sido implicado en casos de homicidio, tráfico de armas y extorsión a empresarios locales. Su cabecilla fue trasladado al penal de Ucayali tras un operativo de alto riesgo, pero sus allegados han continuado operando desde Lima. El autodenominado grupo Los Mexicanos, que firma la carta dejada junto al explosivo, no había sido identificado hasta ahora en el panorama del crimen local, lo que abre una nueva línea de investigación sobre alianzas entre bandas nacionales y redes criminales extranjeras. Investigación en curso El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) han abierto una investigación conjunta para determinar el origen del explosivo y la veracidad de las amenazas. Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado ha asumido el caso, en coordinación con la División de Investigación de Terrorismo (Dircote). Asimismo, se ha dispuesto la vigilancia permanente en las sedes judiciales del cono este de Lima, ante la posibilidad de nuevos actos intimidatorios. El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en el sistema de justicia y la necesidad de reforzar la protección a magistrados que enfrentan casos de criminalidad organizada.     Noticias Relacionadas Abandonan artefacto explosivo en sede judicial de Lima Este noviembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una exposición sin precedentes El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) enfrenta una de las crisis más graves en materia de Hackers vulneran datos del Reniec: expertos alertan sobre el noviembre 3, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una exposición sin precedentes El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) enfrenta una de las crisis más graves en materia de Keiko Fujimori confirma su cuarta candidatura presidencial y presenta octubre 30, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Keiko Fujimori vuelve a la contienda presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular, buscará nuevamente la presidencia del

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Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales tras perder la inmunidad presidencial

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Los casos abarcan desde homicidio calificado y cohecho pasivo hasta falsedad y encubrimiento. La exmandataria afronta el mayor proceso judicial contra un jefe de Estado en la historia reciente del Perú. El Congreso de la República marcó un antes y un después en la política peruana al aprobar la vacancia de Dina Boluarte, quien, tras casi tres años en el poder, perdió la inmunidad presidencial. Con esta decisión, la exmandataria deberá enfrentar once carpetas fiscales activas, de las cuales ocho corresponden a presuntos delitos cometidos durante su gestión.Su abogado, Juan Carlos Portugal, confirmó que todas las investigaciones se encuentran en distintas etapas: desde diligencias preliminares hasta procesos reabiertos por decisión de la Fiscalía. El caso más grave: muertes durante las protestas El expediente más sensible es el que involucra a las más de 60 muertes ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, durante las protestas contra el gobierno de Boluarte.El Ministerio Público la investiga por homicidio calificado, lesiones graves y leves, delitos que podrían acarrearle penas de hasta 25 años de prisión.A pesar de la gravedad del caso, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, al considerar que “no existen pruebas irrefutables” de que la presidenta haya ordenado la represión. La decisión fue sustentada por Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El caso Rolex: joyas, favores y poder Uno de los procesos más mediáticos es el denominado “caso Rolex”, en el que la Fiscalía investiga a Boluarte por cohecho pasivo impropio.El Ministerio Público sostiene que la entonces mandataria habría recibido relojes y joyas de lujo por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de presupuestos adicionales para su región.Aunque el Congreso volvió a blindarla archivando la denuncia, la Fiscalía solicitó reconsiderar la decisión, dejando abierta la posibilidad de ampliar la investigación si aparecen nuevas evidencias. El caso Cirugía: ausencias y presunta falsificación La exmandataria también enfrenta dos carpetas vinculadas a su intervención quirúrgica del 28 de junio de 2023, realizada sin solicitar licencia al Parlamento.Durante los días posteriores a la operación, se emitieron resoluciones supremas con firmas presuntamente falsificadas, lo que derivó en investigaciones por abandono de cargo y falsedad genérica.El 18 de junio de 2025, la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó su vacancia por incapacidad moral permanente, alegando que Boluarte se ausentó del país entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023 sin informar ni delegar funciones.Ese informe fue la base política que culminó en su destitución definitiva. El caso Cofre: el vehículo presidencial y el traslado de un prófugo Otra carpeta fiscal investiga el presunto uso indebido del vehículo presidencial, conocido como “el cofre”, para facilitar el traslado del prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 16 de mayo de 2025.Su defensa sostiene que “el caso ya está bajo trámite parlamentario” y que Boluarte no tiene pendiente ninguna citación ante la Fiscalía por ese hecho. Encubrimiento y alianza con Patricia Benavides En abril de 2025, la Fiscalía archivó preliminarmente una investigación sobre un presunto acuerdo entre Boluarte y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides para mantener en el cargo al excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.Aunque el caso fue cerrado por falta de pruebas, la Fiscalía advirtió que el archivo no equivale a una absolución definitiva, dejando abierta la posibilidad de reapertura si surgen nuevas pruebas. Efficcop y presunto encubrimiento familiar Otro expediente apunta a la disolución del equipo policial que colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Efficcop).Según la hipótesis fiscal, Boluarte habría buscado neutralizar investigaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte, configurando los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad.El Poder Judicial rechazó el pedido de anulación de la denuncia interpuesto por su defensa, por lo que el proceso continúa abierto. Investigaciones previas a su mandato A estas causas se suman tres investigaciones por hechos anteriores a su gobierno:1. Presunto financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre en 2021.2. Contratación irregular de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.3. Posible favorecimiento a empresas proveedoras del programa alimentario Qali Warma. El fin de la inmunidad y el inicio de una nueva etapa judicial Con el levantamiento de su inmunidad, Dina Boluarte enfrenta el mayor desafío de su carrera política y judicial.Los expedientes que antes eran archivados o bloqueados por decisiones parlamentarias ahora vuelven a la competencia directa de la justicia.La caída de la expresidenta deja un mensaje claro para el país: ningún cargo público, por alto que sea, garantiza impunidad.En palabras de un analista político, “el Congreso que la protegió terminó entregándola al sistema judicial que siempre quiso evitar”. El proceso recién empieza, pero el desenlace marcará el precedente más contundente en la historia política reciente del Perú.     Noticias Relacionadas Fin del blindaje: Dina Boluarte enfrentará 11 investigaciones fiscales octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. El Organismo Supervisor de Osiptel recuerda a operadoras que deben ofrecer planes pospago octubre 20, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Medida busca garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en todo el país. El Organismo Supervisor de Plantean Denuncian constitucionalmente a José Jeri, Ernesto Álvarez y octubre 19, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: La congresista Sigrid Bazán responsabiliza al Ejecutivo y al Ministerio del Interior por la represión durante las protestas. La congresista Sigrid

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Proponen reserva automática de identidad para denunciantes de sicariato y extorsión: una medida clave contra el miedo al crimen organizado

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Congreso de la República presentó un proyecto de ley que busca implementar la reserva automática de identidad para las personas que denuncien delitos de sicariato y extorsión, una iniciativa que pretende brindar mayor protección a los ciudadanos que colaboran con las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. En un país donde el temor a las represalias silencia a víctimas y testigos, la propuesta surge como una respuesta directa a uno de los principales obstáculos en la persecución penal: el miedo a denunciar. La iniciativa legislativa propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N.º 957) incorporando nuevos incisos a los artículos 95 y 328, referidos a los derechos del agraviado y a la forma de presentar denuncias. El objetivo es que, en casos relacionados con sicariato (artículo 108-C del Código Penal) y extorsión (artículo 200 del mismo cuerpo normativo), las autoridades puedan recibir las denuncias de manera digital o por medios de telecomunicación, preservando de forma automática la identidad del denunciante. Según el texto del proyecto, las autoridades deberán guardar absoluta reserva sobre la identidad de la víctima o denunciante, garantizando su protección y la de su familia. La medida no dependerá de un pedido expreso del ciudadano, sino que se aplicará de manera automática en todos los procesos vinculados a los delitos mencionados. Protección frente al crimen organizado El autor del proyecto sostiene que la reforma busca enfrentar un problema real y urgente: el miedo a denunciar. En regiones donde la extorsión y los asesinatos por encargo son frecuentes, muchas víctimas y testigos evitan acudir a las autoridades por temor a ser identificados y agredidos. El nuevo mecanismo apunta a revertir esta situación mediante el uso de herramientas digitales seguras, que permitan canalizar denuncias sin exposición personal. La propuesta también contempla que las denuncias puedan realizarse mediante instrumentos de telecomunicación o plataformas digitales, lo que facilitaría su presentación desde zonas de riesgo o de difícil acceso. Esto permitiría al Ministerio Público y a la Policía Nacional actuar con mayor rapidez, especialmente en casos en los que la víctima no pueda acudir presencialmente a una dependencia policial o fiscal. Implicancias legales y desafíos de aplicación Desde una perspectiva jurídica, la incorporación de la reserva automática de identidad refuerza la aplicación del principio de protección a la víctima y testigo, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos y seguridad ciudadana. Sin embargo, algunos especialistas advierten que su éxito dependerá de la capacidad tecnológica e institucional del Estado para garantizar la confidencialidad de los datos. La propuesta, aunque positiva, exigirá un protocolo estricto de manejo de información sensible, especialmente en un contexto donde la ciberseguridad y la protección de datos personales aún enfrentan brechas. Además, la interoperabilidad entre las entidades del sistema de justicia —Policía, Ministerio Público y Poder Judicial— será clave para evitar filtraciones o errores administrativos que expongan la identidad de los denunciantes. Asimismo, la iniciativa plantea un reto adicional: establecer mecanismos de verificación que eviten denuncias falsas o malintencionadas. Para ello, los operadores de justicia deberán equilibrar la reserva de identidad con el debido proceso y la transparencia judicial, de modo que la protección del denunciante no obstaculice el ejercicio de defensa de los acusados. Un paso hacia la confianza ciudadana Más allá de sus implicancias técnicas, el proyecto tiene un trasfondo profundamente social. En muchos distritos del país —desde Trujillo hasta San Juan de Lurigancho— la extorsión y los ajustes de cuentas han generado un clima de miedo que paraliza la cooperación ciudadana con las autoridades. Garantizar el anonimato del denunciante podría significar un cambio de paradigma en la lucha contra la criminalidad organizada, fortaleciendo la confianza en el sistema penal. De aprobarse, la ley entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, tiempo durante el cual el Poder Ejecutivo deberá adecuar los sistemas tecnológicos y protocolos de seguridad necesarios. La medida no solo representa una herramienta legal, sino también un compromiso moral del Estado para proteger a quienes deciden enfrentar la violencia denunciando. En un contexto donde el crimen organizado impone el silencio mediante el miedo, la reserva automática de identidad podría convertirse en un escudo esencial para quienes aún creen en la justicia.     Noticias Relacionadas Proponen reserva automática de identidad para denunciantes de sicariato octubre 11, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una jornada decisiva en medio de la crisis política: En una de las sesiones más tensas de los últimos años, el Congreso de la República oficializó, Congreso declara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad octubre 10, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: Una jornada decisiva en medio de la crisis política: En una de las sesiones más tensas de los últimos años, el Congreso de la República oficializó, Mininter condena acoso a suboficial tras incidente por pase octubre 10, 2025 Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El Ministerio del Interior (Mininter) expresó su firme rechazo ante el acoso físico y virtual sufrido por la suboficial Teresa Cuba Lara, integrante

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Premier Arana exige a operadoras reforzar control en venta de chips para frenar delitos vinculados al crimen organizado

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Unete al canal de Whatsapp de LEXNOTICIAS Artículo: El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, exhortó este lunes a las empresas operadoras de telefonía móvil a endurecer los controles en la venta y activación de chips, subrayando que la comercialización sin supervisión se ha convertido en una herramienta al servicio de la delincuencia organizada. Durante su pronunciamiento, Arana advirtió que la venta indiscriminada de líneas sin verificación de identidad ha contribuido al aumento de extorsiones, estafas y suplantaciones, delitos que afectan de manera directa la seguridad ciudadana y la tranquilidad de las familias peruanas. “Hago un llamado a las compañías de telefonía para que no sean tan permisivas en el otorgamiento de chips, muchos de los cuales se venden sin control”, declaró el premier. El jefe del Gabinete Ministerial recordó la reciente promulgación de la Ley N.º 32451, norma que modifica el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos para sancionar severamente la activación ilegal de líneas móviles y la posesión indebida de tarjetas SIM. Esta ley también penaliza a quienes ofrezcan o contraten servicios de telefonía de manera ambulatoria o en la vía pública sin autorización, con el fin de cortar la cadena inicial que alimenta las redes criminales dedicadas al uso ilícito de chips. Arana enfatizó que la lucha contra el crimen no puede limitarse a la acción del Estado, sino que requiere la colaboración activa del sector privado, especialmente de las empresas de telecomunicaciones, que deben aplicar filtros rigurosos para verificar la identidad de los usuarios y evitar la suplantación de datos. En esa línea, el premier anunció que el Ejecutivo ha dispuesto un plan de trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP), el OSIPTEL y los ministerios del Interior y Transportes y Comunicaciones, orientado a depurar y bloquear más de 1,5 millones de líneas que estarían siendo utilizadas para actividades ilícitas. “Ya hemos llegado a más de un millón y medio de líneas que están siendo cerradas”, precisó. El titular de la PCM también expresó sus condolencias a los familiares de los transportistas víctimas de la delincuencia y señaló que el Gobierno está implementando acciones de inteligencia policial y aumento de presupuesto para reforzar la protección del sector transporte. Durante la ceremonia de lanzamiento del nuevo corredor vial que conectará los distritos de La Molina y Santiago de Surco, Arana destacó que la seguridad ciudadana y la mejora de la infraestructura pública forman parte de una misma estrategia de reconstrucción de la confianza social. “Hoy damos a conocer el compromiso de la presidenta con una obra que beneficiará a la población y reafirmará el derecho de los peruanos a vivir y movilizarse con seguridad”, puntualizó. Con esta medida, el Ejecutivo busca demostrar que la lucha contra la criminalidad exige una acción articulada entre Estado, empresas y ciudadanía, bajo un principio común: la defensa de la vida y la legalidad como pilares del orden democrático.     Noticias Relacionadas Premier Arana exige a operadoras reforzar control en venta octubre 7, 2025 Artículo: El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, exhortó este lunes a las empresas operadoras de telefonía móvil a endurecer los controles en la venta y activación de chips, Poder Judicial inicia control de acusación contra Ollanta Humala octubre 7, 2025 Artículo: El próximo 27 de octubre a las 3:00 p.m., el Poder Judicial dará inicio al control de acusación fiscal contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y la ex primera dama Nadine Heredia Congreso aprueba pase progresivo de trabajadores CAS de Sunarp octubre 5, 2025 Artículo: En una jornada legislativa marcada por decisiones de gran impacto social, el Pleno del Congreso aprobó la incorporación progresiva de los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los

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Hackers de Deface Perú atacan web de El Peruano y exponen datos de más de 3.000 policías

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Artículo: Un nuevo episodio de hacktivismo político remeció al país este fin de semana. El colectivo Deface Perú se atribuyó el ataque a la página oficial del diario estatal *El Peruano*, órgano de difusión de las leyes y normas del Estado, dejando su portal en blanco y reemplazando las publicaciones con un mensaje de protesta. “Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar”, señalaron los hackers, en un texto que buscó cuestionar la legitimidad institucional y denunciar la impunidad frente a la violencia registrada en las recientes protestas. La acción no quedó ahí. A través de su canal de Telegram, Deface Perú también difundió un enlace que contenía más de 3.000 fotografías y números de Documento Nacional de Identidad (DNI) de agentes de la Policía Nacional convocados para los operativos de seguridad en la llamada *Marcha de la Generación Z*. La filtración fue acompañada de la frase: “Nada se oculta cuando el pueblo observa”, en alusión directa a los hechos de represión policial ocurridos el sábado pasado en el centro de Lima, cuando un adulto mayor resultó herido tras recibir un golpe en el rostro de un efectivo. El grupo amplificó el impacto del ataque con un comunicado en el que afirmó: “Nos están viendo. Nos están escuchando. Y no vamos a callar. Ustedes ignoran al pueblo, pero el pueblo no los ignora a ustedes”. En el mismo mensaje, enfatizaron que no responden a partidos políticos ni a intereses particulares, sino que sus acciones buscan dejar “cicatrices digitales” en señal de protesta por lo que consideran abusos de poder. No es la primera vez que Deface Perú irrumpe en plataformas institucionales. En meses anteriores ya habían vulnerado sistemas de la Dirección de Inteligencia de la PNP, exponiendo información interna sobre operativos. Estos incidentes subrayan la vulnerabilidad de las estructuras estatales en materia de ciberseguridad, especialmente en portales como *El Peruano*, cuya función oficial es la publicación de normas legales y disposiciones de alcance nacional. El contexto de las acciones digitales coincide con un clima de alta tensión social. La *Marcha de la Generación Z* volvió a congregar a miles de manifestantes en el centro de Lima, en una jornada que dejó al menos 18 heridos, entre ellos un periodista y un brigadista, según reportó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La Policía respondió con gases lacrimógenos, perdigones y cordones de seguridad alrededor del Congreso, mientras transportistas se sumaron a las protestas exigiendo medidas contra la ola de extorsiones. La movilización se suma a semanas de descontento tras la frustrada reforma previsional, transformándose en un movimiento más amplio de rechazo a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso. El ataque digital a *El Peruano* y la filtración de datos de la PNP aparecen, así, como un reflejo paralelo de la disputa política y social que se libra tanto en las calles como en el espacio virtual.     Noticias Relacionadas Hackers de Deface Perú atacan web de El Peruano septiembre 29, 2025 Artículo: El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) informó que varias entidades del Estado no cumplieron con registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones OECE revela entidades que incumplieron con registrar contratos en septiembre 29, 2025 Artículo: El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) informó que varias entidades del Estado no cumplieron con registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Octavo retiro de AFP: congresista José Luna exige a septiembre 26, 2025 Artículo: Tras la promulgación de la ley que autoriza a los afiliados de las AFP a retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400, la atención se centra ahora en la

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Corte Suprema evalúa ampliar acusación contra Pedro Castillo por conspiración para la rebelión

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Artículo: La Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció este 12 de septiembre que evaluará la posibilidad de procesar al expresidente Pedro Castillo no solo por el delito de rebelión, sino también por conspiración para la rebelión, como una calificación jurídica adicional. El tribunal aclaró que esta eventual acusación no sustituye la imputación fiscal por rebelión, sino que abre un abanico de opciones que podrían resolverse en la sentencia: mantener la acusación principal, optar por la figura de conspiración o incluso desestimar ambas, dependiendo del debate jurídico en curso. La decisión fue tomada por mayoría de los jueces José Neyra Flores y Norma Carbajal Chávez, quienes dispusieron trasladar la propuesta a todas las partes para que emitan sus pronunciamientos. En disidencia, el juez Iván Guerrero López sostuvo que los hechos y fundamentos actuales ya son suficientes para un pronunciamiento de fondo, y que no corresponde ampliar la calificación penal en esta etapa del juicio. Con ello, el proceso contra Castillo y los demás acusados por los sucesos de diciembre de 2022 suma un nuevo elemento que podría influir en la decisión final del máximo tribunal.

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📄 Conadis aprueba nueva directiva para fortalecer la atención de denuncias y fiscalización en materia de discapacidad

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Artículo:El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) aprobó la Directiva N° D000002-2025-Conadis-PRE, que establece el procedimiento para atender y evaluar denuncias por incumplimiento de obligaciones en materia de discapacidad y regula la actividad administrativa de fiscalización en el marco de la Ley N° 29973. La norma, publicada mediante la Resolución N° D000153-2025-Conadis-PR, tiene como finalidad fortalecer la gestión institucional y optimizar los actos de inspección, garantizando mayor transparencia y eficacia en la atención de casos relacionados con derechos de las personas con discapacidad. El procedimiento permite presentar denuncias con o sin reserva de identidad, de forma física o virtual, e incorpora un formato estandarizado para asegurar que los ciudadanos brinden información clara, evidencias y datos de contacto. Además, la directiva precisa que los denunciantes recibirán información sobre el avance y resultados de sus casos, mientras que el Conadis deberá mantener la confidencialidad en denuncias reservadas. En cuanto a la fiscalización, la directiva establece modalidades programadas y no programadas, que podrán ejecutarse de manera de gabinete, remota o en campo, buscando verificar el cumplimiento de las obligaciones legales sin afectar los derechos de los administrados. Con esta medida, el Conadis busca reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, mejorar su labor inspectiva y garantizar un marco de actuación más eficiente y accesible para los ciudadanos.

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⚖️ Defensoría respalda fallo del TC sobre Ley de Extinción de Dominio: “Es coherente y acorde a derecho”

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Artículo:La Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez Cóndor, calificó como “coherente, principista y acorde a derecho” la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley de Extinción de Dominio. Según la Defensoría, el fallo constituye un paso importante para proteger derechos fundamentales como la propiedad, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica, advirtiendo que la norma original permitía afectar patrimonios sin las debidas garantías procesales. La institución recordó que promovió la demanda de inconstitucionalidad tras detectar que el decreto legislativo vulneraba principios constitucionales y podía derivar en un uso abusivo de la figura de extinción de dominio. Asimismo, reafirmó que seguirá vigilante y dispuesta a accionar ante el Poder Judicial y el TC frente a cualquier norma que ponga en riesgo los derechos ciudadanos, a la vez que instó a diseñar una nueva legislación que equilibre la lucha contra el crimen organizado con la plena garantía del debido proceso.

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🔴 Imponen 36 meses de impedimento de salida a Susana Villarán por caso Odebrecht y OAS: juicio arranca en septiembre

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El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, dictó este jueves 10 de julio 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, en el marco del proceso que enfrenta por presunta asociación ilícita y lavado de activos, debido a millonarios aportes irregulares de las constructoras Odebrecht y OAS a sus campañas políticas de 2010 y 2014. La medida, solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, busca evitar una eventual fuga y asegurar la sujeción al proceso judicial, cuya etapa de juicio oral se iniciará el próximo 23 de septiembre. En la audiencia, realizada de forma presencial en la Corte Superior Nacional, Villarán participó virtualmente y se allanó a la medida, asegurando no tener intención de huir y afirmando que reside “prácticamente todo el tiempo” en su domicilio. No obstante, la exburgomaestre calificó de «bastante grave» que se la considere en riesgo procesal, señalando que el reciente fallecimiento del exgerente municipal José Miguel Castro, colaborador eficaz en el caso, no puede ser usado como argumento en su contra. También denunció que colectivos radicales, como La Resistencia, han hostigado su domicilio tras el fallecimiento de Castro, acusándola sin pruebas. El juez desestimó el pedido fiscal para prohibirle comunicarse con testigos o coacusados, al considerarlo desproporcionado en esta etapa del proceso. Así, se mantiene únicamente el impedimento de salida y las restricciones previas dictadas en su contra. Villarán enfrenta un pedido fiscal de 29 años de prisión, en una investigación que incluye a otros 17 implicados, entre ellos varios exfuncionarios municipales. Según la tesis del Ministerio Público, las campañas del «No a la revocatoria» (2013) y de reelección (2014) fueron financiadas ilegalmente con fondos brasileños a cambio de favorecer contratos de gran envergadura como Línea Amarilla y otros proyectos viales. El caso, considerado uno de los más complejos del capítulo Lava Jato en el Perú, sigue desarrollándose con medidas clave que marcan la antesala de un juicio que podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales.

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